Así es. Aunque el título del presente artículo pueda parecer una utopía, desde el 1 de enero de 2013, las Administraciones públicas tienen la obligación de abonar el precio a sus contratistas o proveedores en un plazo de 30 días. A fecha 1 de enero de 2013, finalizó por tanto el régimen transitorio que preveía […]
