Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo

El Real Decreto-ley 25/2020 aprueba un conjunto de medidas de apoyo al sector productivo, al empleo y a las rentas, que implican una destacada movilización de recursos públicos con efecto inmediato en 2020 para impulsar la economía española, promoviendo la resiliencia, estabilización, y ulterior crecimiento en los sectores más afectados por la crisis del COVID.

A continuación, se detallan las medidas más destacadas adoptadas a partir de la entrada en vigor, el pasado lunes 6 de julio, del Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio:

1. Se aprueba una nueva línea de avales ICO de 40.000 millones de euros para financiar inversiones productivas, para favorecer la financiación tanto a empresas como a autónomos para realizar inversiones que permitan crecer a la economía española. Esta nueva línea se dirige a impulsar dos ejes principales, a saber, la sostenibilidad medio ambiental y la digitalización.

2. Se crea un nuevo Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégica, para apoyar la solvencia de empresas no financieras afectada por la pandemia del covid-19. Dicho fondo dará apoyo a través de distintos instrumentos como por ejemplo la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital.

3. Se extiende el acceso a empresas exportadoras cotizadas a la línea extraordinaria de garantías públicas de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE). Inicialmente, era esta una medida destinada a las PYMES y empresas no cotizadas, pero se procede ahora a una ampliación tras apreciarse que el sector económico ha resultado más determinante en la afección de la crisis que el tamaño empresarial. Podrán ser las empresas cotizadas beneficiarias de hasta un máximo del 35% del importe de la línea.

4. Se sientan las bases para conceder ayudas para poner en marcha el programa RENOVE 2020 de apoyo a la renovación del parque automovilístico, con el objetivo de sustituir los vehículos más antiguos por modelos más limpios y seguros, en línea con los compromisos fijados colectivamente en el marco europeo. El presupuesto es de 250 millones de euros y surte efecto desde el 15 de junio hasta el 31 de diciembre, o hasta que se agoten los importes, plazo que es también el que se comprende para la presentación de solicitudes.

5. Se adoptan tres principales medidas de apoyo al sector turístico español que a continuación se detallan:

(i) Se pone en marcha un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico.

(ii) creación del instrumento denominado «Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos» cuyo objetivo es por una parte, aumentar la sostenibilidad del turismo en sí mimos a fin de paliar la caída sin precedente del turismo internacional y, por otra parte, impulsar el desarrollo de los destinos turísticos ubicados en áreas rurales y de interior.

(iii) Moratoria hipotecaria para proteger a deudores hipotecarios cuyo inmueble esté afecto a actividad turística (actividad hotelera, alojamientos turísticos y agencias de viaje) a través del otorgamiento de un período de moratoria de hasta 12 meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito. Podrán ser beneficiarios los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España, siempre que experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria.

Junto con las tres principales medidas para apoyar al sector turístico, anteriormente detalladas, se aprueba la extensión de bonificaciones para los trabajadores fijos discontinuos del sector turístico durante los meses de julio a octubre, y se afirma la compatibilidad con las exoneraciones de cotizaciones a la SS.

Al nivel mercantil, se extiende el plazo de suspensión del derecho de separación de los socios hasta el 31 de diciembre, para reforzar la solvencia de las empresas, en el supuesto de separación por falta de dividendos, permitiéndose la retención de estos para poder afrontar la recuperación económica.

Por último, el Real Decreto-ley 25/2020 establece reglas para regular la colaboración público-privada para el desarrollo de medicamentos o productos sanitarios, en materia de COVID-19, a partir de proyectos de investigación con financiación pública en organismos pertenecientes al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

 

“Este documento tiene como propósito exclusivo la divulgación de su contenido. No constituye asesoramiento de ningún tipo y, por tanto, no puede considerarse como tal ni debe servir de base para la toma de decisiones”.

 

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