Ante la falta de fluidez del crédito hipotecario para la compra de viviendas, no han sido pocos los supuestos en los que compradores han resuelto sus contratos privados de compraventa alegando, entre otros, que la promotora carecía de algún requisito de carácter administrativo, tal como la licencia de primera ocupación o la cédula de habitabilidad:
