El 30 de Diciembre de 2013 se publicó en el BOE la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración Local, que modifica, entre otras la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Mediante dicha ley, se racionaliza la organización de la Administración Local y se clarifican las competencias municipales, a fin de evitar la duplicidad de servicios prestados por otras Administraciones.
Los Ayuntamientos sólo podrán llevar a cabo las competencias que les son propias o las que les han sido atribuidas por delegación – previa dotación presupuestaria-, siempre y cuando no exista un riesgo para la sostenibilidad financiera de la Entidad, y no se esté proporcionando el mismo servicio por otra Administración. Se refuerza también el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entidades equivalentes, que coordinarán determinados servicios y podrán atribuirse funciones en municipios con una población inferior a 20.000 habitantes, y se introducen medidas concretas para potenciar la fusión de municipios. Finalmente, la Ley elimina la intervención administrativa desproporcionada, que muchas veces suponía un obstáculo para la iniciativa privada, por lo que no se requerirá la autorización previa al inicio de una actividad económica, excepto en los casos en que su necesidad y proporcionalidad queden claramente justificadas.
