Acceso al registro de la propiedad de las resoluciones judiciales

Acceso al registro de la propiedad de las resoluciones judiciales

Para preservar la exactitud y la fiabilidad de la información que proporciona el Registro de la Propiedad, todo título que tenga acceso a él debe atender a una serie de requisitos para así otorgar a sus inscripciones de la mayor fehaciencia y autenticidad, proporcionando con ello un elevado grado de certeza en las relaciones jurídicas.

Requisitos formales. Ejecutorias, testimonios y mandamientos

El principio de exactitud requiere que, toda resolución judicial que tenga acceso al Registro reúna un conjunto de requisitos formales y materiales. En efecto, las resoluciones han de ser firmes y definitivas, pues solo así adquieren carácter imperativo.

El art. 257 de la Ley Hipotecaria (LA LEY 3/1946) hace una primera distinción entre la ejecutoria y el mandamiento, atendiendo a su contenido y finalidad. La ejecutiva se define legalmente como un documento público y solemne que contiene una sentencia firme (art. 245 LOPJ (LA LEY 1694/1985)) y, por el contrario, se incluyen en la definición de mandamiento todos aquellos actos de comunicación con alcance instrumental.

En relación con los títulos que sean objeto de inscripción, solo tendrá acceso al Registro la ejecutoria con sustantividad propia y que sea concisa por sí misma de la decisión judicial que será objeto de inscripción, permitiendo con ello desplegar sus efectos materiales en todas sus dimensiones.

Las resoluciones judiciales tienen acceso al Registro en virtud de las actuaciones de los Letrados de la Administración de Justicia, quienes disponen de la fe judicial pública. A tal efecto, lo que se registra es el testimonio o certificación que expiden los Secretarios Judiciales consignando la ejecutoria o la resolución que pretende inscribirse. Para ello, dicha ejecutoria o resolución deberá otorgar un derecho a la parte en cuyo favor se solicite, dando fe del contenido del objeto de inscripción (art. 33 RH).

Las leyes procesales consignan la obligación de las personas y autoridades públicas, con especial referencia a las encargadas de los Registros Públicos, de dar cumplimiento a lo que disponen los órganos jurisdiccionales en sus sentencias.

Otro tipo de resoluciones judiciales que tienen acceso al registro, son los autos que acuerdan una medida cautelar en virtud de una solicitud de anotación preventiva de embargo o la anotación preventiva de una demanda o de cualquier otra de las que se mencionan en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) (art. 727); así como y los decretos de los Letrados de la Administración de Justicia dictados en el proceso de ejecución forzosa (art. 206 LEC (LA LEY 58/2000)).

Remitiéndonos al mandamiento anteriormente referido, en este aspecto, se requiere de la colaboración de los registradores para verificar su legalidad dentro de los límites exigidos por la ley. El mandamiento debe siempre constatar con claridad y precisión cada uno de los aspectos que se requieren para que el destinatario del mismo pueda dar cumplimiento con lo solicitado, ya que, en su defecto, serán devueltos por lo registradores haciendo constar los fundamentos de su devolución (art. 341 RH) quedando suspendida en dicho caso la inscripción correspondiente.

La razón de ello no es otra que la de prevenir carencias que resulten complejas de resolver.

Artículo realizado por nuestra compañera y abogada Isabel Lessing Lasheras

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