X. 4.- Posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante maniobras de fórum Shopping. Interpretación estricta del concepto de litispendencia comunitaria. 
Sin perjuicio de la innovación y de la eficacia que puedan desplegar el nuevo texto del Reglamento 1215/ 2012 así como en especial, su artículo 31.2, es lo cierto que la Jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea se mostrado excesivamente reticente -a juicio de un sector de la doctrina- a remediar situaciones de fórum Shopping que fueren reflejo de actuaciones de abuso.
Hasta la fecha, han sido paradigmáticas de esta situación tres sentencias, dictadas en los asuntos Tatry (C-406/92) Gasser (C-116/02) y Turner (C-159/02), por las razones que exponemos a continuación.
De inicio, debe indicarse que, la doctrina resultante del asunto Gasser (C-116/02) parecería haberse superado por la nueva redacción del artículo 31.2 del Reglamento en la medida en que se confiere una suerte de primacía al Tribunal que tiene atribuida su competencia por méritos de la aplicación de los foros de competencia por acuerdo de prórroga de competencia regulados en el artículo 25.
En cuanto a la primera de las resoluciones citadas, dictada en el asunto Tatry (C-406/92), el Tribunal entiende que en el supuesto en que dos demandas que tengan la misma causa y el mismo objeto, y cuando las partes del segundo procedimiento coincidan sólo parcialmente con las partes del procedimiento iniciado anteriormente en otro Estado contratante, sólo exige que se inhiba el órgano jurisdiccional ante el que se ha planteado el segundo procedimiento si las partes del litigio pendiente ante el mismo son también partes del procedimiento anteriormente iniciado.
Se concluye por el Tribunal que el artículo 21 (del Convenio Bruselas) no impide que continúe el procedimiento entre las demás partes[1]. Como puede colegirse, la razón del Tribunal descansa en una interpretación muy restrictiva del concepto de litispendencia al exigir la plena identidad de las partes. Así lo dice expresamente en el párrafo 33 de la resolución citada: “33 A la luz del tenor literal del artículo 21 del Convenio y del objetivo anteriormente expuesto, dicho artículo debe interpretarse en el sentido de que exige, como requisito de la obligación de inhibirse del segundo fuero ante el que se ha planteado el procedimiento, que las partes de los dos procedimientos sean idénticas.”
Por su parte, en el asunto Turner (C-159/02), sustanciado estando ya en vigor el Reglamento 44/2001, la Corte rechaza explícitamente la posibilidad del dictado de una orden de inhibición en la medida en que, entiende que, de procederse de esta forma, se estaría privando al Tribunal de su propia facultad de examinar y ejercer su competencia y ello, y aquí es lo relevante a los efectos del presente trabajo, aún cuando se haya constatado una actuación de mala fe tendente a la obstaculización del procedimiento.
Dicha interpretación, es sostenida también por el Tribunal en el asunto C‑185/07 Allianz vs West Tankers [2].
Mención separada merece la Sentencia citada dictada en el asunto Gasser (C-116/02) cuya virtualidad, además de mantener la negativa del Tribunal a reconocer las anti-suit injunction, declara no haber lugar a otorgar primacía a los acuerdos de prórroga de competencia o mejor, no ser estos de suficiente entidad para sostener la abstención del Tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda basándose en distinto foro competencial. Concluye por tanto que “el tribunal ante el que se ha formulado la segunda demanda y cuya competencia ha sido reivindicada en virtud de una cláusula atributiva de competencia debe suspender el procedimiento hasta que el tribunal ante el que se formuló la primera demanda se declare incompetente ” apostillando además que “no pueden establecerse excepciones a sus disposiciones cuando, por lo general, la duración de los procesos ante los órganos jurisdiccionales del Estado contratante en el que se encuentra el tribunal ante el que se ha formulado la primera demanda es excesivamente larga”.
Ciertamente, como indicábamos al inicio, la tesis de dicha sentencia se ha visto superada por el tenor del actuar artículo 31.2, en la medida en que: “ Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26, si se presenta una demanda ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que tenga competencia exclusiva en virtud de un acuerdo contemplado en el artículo 25, cualquier órgano jurisdiccional de otro Estado miembro suspenderá el procedimiento hasta que el órgano jurisdiccional ante el que se presentó la demanda en virtud del acuerdo de que se trate se declare incompetente con arreglo al acuerdo.”
X.5.- Inaplicación de las Anti-suit injuctions y el llamado Fórum non conveniens como instituciones impeditivas de Fórum Shopping.
Ha resultado ser asimismo paradigmática, la reticencia que el legislador comunitario –y también del Tribunal de Justica como se ha visto- ha mostrado históricamente para “importar” de los sistemas de Common law, alguna de las instituciones que tradicionalmente se han empleado para combatir situaciones de fórum shopping, como son, las Anti-suit injuctions y el llamado Fórum non conveniens.
Ciertamente a día de hoy el Reglamento 1215/2012, ha optado por mantener el silencio que al efecto guardaron sus antecedentes legislativos, por lo que entendemos que la Jurisprudencia existente será igualmente válida en supuestos que caigan bajo el amparo de la nueva regulación[3] ya que entendemos que el tenor del Considerando 24, además de no tener carácter normativo, no tendrá peso específico suficiente para modificar el sentido del cuerpo jurisprudencial creado en torno a esta materia.
1.- Anti-suit injuctions:
En esencia, mediante dichas resoluciones se ordena a la parte abstenerse de iniciar un procedimiento o la prosecución de los mismos una vez iniciado este.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de la compatibilidad o no de dicha institución con el sistema de Bruselas, siendo que la respuesta ha sido y se ha mantenido hasta la fecha, negativa a considerar compatibles dichas anti-suit injuction con el sistema del Convenido antes y hoy del Reglamento.
Como antecedente podemos traer a colación la Sentencia de 27 abril 2004, Turner c. Grovit, aff. C-159/02 y más recientemente la Sentencia de 10 de febrero de 2009, as. Allianz / West Tankers, cuyo pronunciamiento más significativo reproducimos[4].
2.- Fórum non conveniens.
De forma breve, podemos significar que mediante la doctrina del Fórum non conveniens, se permite a las jurisdicciones de Common Law rechazar ad limine una pretensión que a su criterio muestre más relación o mayores puntos de conexión con la jurisdicción de un tercer Estado[5].
Parte de la doctrina, pero fundamentalmente la Jurisprudencia del Tribunal de las Comunidades Europeas (TJUE) se ha mostrado radicalmente contrario a utilizar en sede comunitaria dicho doctrina o recurso de equidad, en varias ocasiones en las que se ha podido pronunciar sobre la materia. Exponente de dicha negativa se encuentra en la Sentencia de 1 de marzo de 2005, Owusu vs Jackson, As. C-281/02[6], en la que se deniega declinar la competencia del Juzgado a favor de los Tribunales de Jamaica, a pesar de que muchos de los elementos significativos de las relaciones jurídicas debatidas se hallaban específicamente relacionados con el estado Jamaicano.
XI.- Conclusiones.
A modo de conclusión, podemos decir que si bien con la nueva redacción del artículo 31.2 el Reglamento 1215/2012 ha introducido una eficaz herramienta de lucha contra el fórum shopping, no es menos cierto que, en la materia que nos ha ocupado, el legislador comunitario habría perdido una buena oportunidad para regular de forma efectiva alguna de las cuestiones que han presentado mayores dificultades prácticas y han suscitado mayores discusiones doctrinales, durante la vigencia del Reglamento 44/2001 –y su antecedente el Convenio de Bruselas- como pueden ser, entre otros aspectos, aquellos relativos a i) la extrema rigidez del concepto que litispendencia que el Tribunal ha forjado en sus distintas resoluciones dictadas en interpretación del Reglamento, ii) la introducción de instituciones como el llamado fórum non conveniens, en el texto del reglamento, y iii) solventar en mejor medida, las dificultades interpretativas que siguen manteniéndose acerca de la relación entre el arbitraje y el Reglamento, cuanto menos en lo relativo a la validez de la cláusula compromisoria, al apoyo jurisdiccional al arbitraje, al reconocimiento y ejecución de sentencias, entre los más significativos, y todo ello, en aras a superar las críticas que suscitó en su momento la decisión adoptada por la Corte de Justicia en el asunto C-185/07 West Tankers y que hoy parece que sustancialmente pueden considerarse igualmente vigentes.
Al hilo de lo anterior, y constatada la insuficiencia de los remedios que regula el Reglamento para luchar contra prácticas abusivas de fórum shopping, una parte de la doctrina[7] sostiene la conveniencia de lege ferenda de recurrir a instituciones propias del derecho sustantivo para combatir ex ante, e incluso, ex post, los efectos del fórum shopping, recurso que se concretaría en la aplicación de la teoría del abuso de derecho. En un plano dogmático, en el concreto caso español, como remedio ex ante, podría acudirse al tenor del artículo 11 de la LOPJ[8] .
Por otra parte, tampoco podemos olvidar que el propio Reglamento contiene una norma de cierre, en sede de reconocimiento y por tanto, de materialización de la tutela pretendida, como es la excepción de contravención manifiesta del Orden Público prevista y regulada en su artículo 45. Las dificultades de oponer dicha excepción a resoluciones dictadas por los Tribunales de un estado miembro, son evidentes, y su aplicación radicalmente extraordinario, en la medida en que el Reglamento se basa en la recíproca confianza de los Estados miembros, descansa en el principio de libre circulación de resoluciones judiciales y, no se olvide, el Tribunal que ha dictado la resolución ostenta competencia en aplicación de las normas del propio Reglamento. Sin embargo, y a pesar de su carácter, repetimos, radicalmente extraordinario, tal excepción existe y, por ende, el legislador comunitario ha querido dar y da efectivamente un margen a los Estados miembros para impedir las actuaciones que se consideren susceptibles de suponer una vulneración de su propio orden público, esto es, sus valores de convivencia más esenciales.
En el concreto caso español, el orden público -en este caso, internacional- protege, entre otros aspectos, pero muy especialmente el derecho de defensa de la parte, al ser considerado este último como uno de los valores supremos del ordenamiento jurídico, hallándose reconocido este último a nivel constitucional –norma suprema del Estado- en el artículo 24 de Constitución española[9]. Por ende, y en un plano dogmático, y previa prueba plena no solo de la vulneración del derecho defensa, sino de la efectiva indefensión que se hubiere podido producir como consecuencia de una actuación abusiva de fórum shopping, no resultaría descabellado invocarse la excepción de contravención orden público en aras a evitar el reconocimiento y ejecución de la resolución de que se trate.
[1] Vide Párrafos 29 y siguientes de la Sentencia.
[2] 29 Ne consegue, anzitutto, che una anti-suit injunction, come quella di cui alla causa principale, non rispetta, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, il principio generale risultante dalla giurisprudenza della Corte relativa alla Convenzione di Bruxelles, secondo cui ciascun giudice adito accerta esso stesso, in forza delle disposizioni ad esso applicabili, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia ad esso sottoposta (v., in tal senso, sentenza Gasser, cit., punti 48 e 49). Al riguardo si deve ricordare che il regolamento n. 44/2001 non autorizza, salvo limitate eccezioni, senza pertinenza con la causa principale, il sindacato della competenza di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro (sentenze 27 giugno 1991, causa C‑351/89, Overseas Union Insurance e a., Racc. pag. 3317, punto 24, e Turner, cit., punto 26). Tale competenza è determinata direttamente dalle norme stabilite da detto regolamento, tra cui quelle riguardanti il suo ambito di applicazione. Un giudice di uno Stato membro non è quindi in nessun caso più qualificato a pronunciarsi sulla competenza rispetto a un giudice di un altro Stato membro (citate sentenze Overseas Union Insurance e a., punto 23, e Gasser, punto 48).
30 Inoltre, ostacolando un giudice di un altro Stato membro nell’esercizio dei poteri che il regolamento n. 44/2001 gli attribuisce, vale a dire nel decidere, in base alle norme che definiscono l’ambito di applicazione per materia del regolamento n. 44/2001, tra cui il suo art. 1, n. 2, lett. d), se il detto regolamento sia applicabile, una siffatta anti-suit injunction va, allo stesso tempo, in senso opposto alla fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie e sulla quale è fondato il sistema di competenze del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza Turner, cit., punto 24).
31 Infine, se attraverso una anti-suit injunction fosse impedito al Tribunale di Siracusa di esaminare esso stesso la questione preliminare di validità o di applicabilità dell’accordo arbitrale, una parte potrebbe sottrarsi al procedimento limitandosi ad eccepire detto accordo e il ricorrente, che considerasse quest’ultimo caduco, inoperante o inapplicabile, si vedrebbe in tal modo impedire l’accesso al giudice nazionale da lui adito ai sensi dell’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e sarebbe pertanto privato di una forma di tutela giurisdizionale alla quale ha diritto.
32 Di conseguenza, una anti-suit injunction, quale quella di cui alla causa principale, è incompatibile con il regolamento n. 44/2001.
[3] Este silencio y la negativa de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia se muestran contrario al Principio 2.4 de los PRINCIPIOS ALI/UNIDROIT DEL PROCESO CIVIL TRANSNACIONAL cuyo tenor es el siguiente: “ Se puede declinar la jurisdicción o suspenderse el procedimiento cuando el tribunal sea manifiestamente inadecuado en comparación con otro más apropiado para ejercerla.”
Sin perjuicio de ello, debemos señalar que como indica el Comentario al indicado principio, el recurso a dicho principio no puede hacerse en detrimento de los derecho de defensa de una de las partes.
[4] Sentencia del Tribunal de Justicia ( Gran sala) de 10 de febrero de 2009:
“29 Ne consegue, anzitutto, che una anti-suit injunction, come quella di cui alla causa principale, non rispetta, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, il principio generale risultante dalla giurisprudenza della Corte relativa alla Convenzione di Bruxelles, secondo cui ciascun giudice adito accerta esso stesso, in forza delle disposizioni ad esso applicabili, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia ad esso sottoposta (v., in tal senso, sentenza Gasser, cit., punti 48 e 49). Al riguardo si deve ricordare che il regolamento n. 44/2001 non autorizza, salvo limitate eccezioni, senza pertinenza con la causa principale, il sindacato della competenza di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro (sentenze 27 giugno 1991, causa C‑351/89, Overseas Union Insurance e a., Racc. pag. 3317, punto 24, e Turner, cit., punto 26). Tale competenza è determinata direttamente dalle norme stabilite da detto regolamento, tra cui quelle riguardanti il suo ambito di applicazione. Un giudice di uno Stato membro non è quindi in nessun caso più qualificato a pronunciarsi sulla competenza rispetto a un giudice di un altro Stato membro (citate sentenze Overseas Union Insurance e a., punto 23, e Gasser, punto 48).
30 Inoltre, ostacolando un giudice di un altro Stato membro nell’esercizio dei poteri che il regolamento n. 44/2001 gli attribuisce, vale a dire nel decidere, in base alle norme che definiscono l’ambito di applicazione per materia del regolamento n. 44/2001, tra cui il suo art. 1, n. 2, lett. d), se il detto regolamento sia applicabile, una siffatta anti-suit injunction va, allo stesso tempo, in senso opposto alla fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie e sulla quale è fondato il sistema di competenze del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza Turner, cit., punto 24).
31 Infine, se attraverso una anti-suit injunction fosse impedito al Tribunale di Siracusa di esaminare esso stesso la questione preliminare di validità o di applicabilità dell’accordo arbitrale, una parte potrebbe sottrarsi al procedimento limitandosi ad eccepire detto accordo e il ricorrente, che considerasse quest’ultimo caduco, inoperante o inapplicabile, si vedrebbe in tal modo impedire l’accesso al giudice nazionale da lui adito ai sensi dell’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e sarebbe pertanto privato di una forma di tutela giurisdizionale alla quale ha diritto.
32 Di conseguenza, una anti-suit injunction, quale quella di cui alla causa principale, è incompatibile con il regolamento n. 44/2001.”.
[5] The Doctrine of Forum Non Convenienes in Anglo-American Law Paxton Blair Columbia Law Review Vol.29, No.1 (Jan.,1929), pp.1-34. Traemos a colación esta opinión significando la fecha de su publicación, lo que pone de manifiesto la tradición que dicha institución tiene en el derecho anglosajón.[6] Sentenza della Corte de 1 de marzo de 2005, Owusu vs Jackson, As. C-281/02
“Sulla compatibilità dell’eccezione del forum non conveniens con la Convenzione di Bruxelles:
37
Deve osservarsi, anzitutto, che l’art. 2 della Convenzione di Bruxelles ha carattere imperativo e che, come risulta dalla sua stessa lettera, la norma di principio che esso prevede è derogabile solo in casi espressamente previsti dalla Convenzione medesima (v., sul carattere obbligatorio del sistema di competenza attuato con la Convenzione di Bruxelles, sentenze 9 dicembre 2003, causa C-116/02, Gasser, Racc. pag. I-14693, punto 72, e 27 aprile 2004, causa C-159/02, Turner, Racc. pag. I-3565, punto 24). Orbene, è pacifico che un’eccezione fondata sulla teoria del forum non conveniens non è stata prevista dagli autori della Convenzione, ancorché sia stata discussa la questione in sede di stesura della Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito, come emerge dalla relazione sulla Convenzione stessa, presentata dal sig. Schlosser (GU 1979, C 59, pag. 71, punti 77 e 78).
38
Il rispetto del principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Bruxelles (v., segnatamente, sentenze 28 settembre 1999, causa C-440/97, GIE Groupe Concorde e a., Racc. pag. I‑6307, punto 23, e 19 febbraio 2002, causa C-256/00, Besix, Racc. pag. I‑1699, punto 24), non sarebbe pienamente garantito se si dovesse consentire ad un giudice competente ai sensi della detta Convenzione di applicare l’eccezione del forum non conveniens.
39
Infatti, ai sensi del suo preambolo, la Convenzione di Bruxelles mira a potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio, prevedendo norme comuni sulla competenza tali da assicurare certezza in merito alla ripartizione delle competenze tra i vari giudici nazionali che possono essere aditi in occasione di una controversia determinata (sentenza Besix, cit., punto 25).
40
La Corte ha così ritenuto che il principio della certezza del diritto richiede, in particolare, che le norme sulla competenza che derogano al principio generale enunciato nell’art. 2 della Convenzione di Bruxelles siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (sentenze citate GIE Groupe Concorde e a., punto 24, e Besix, punto 26).
41
Orbene, l’applicazione della teoria del forum non conveniens, che lascia un ampio margine di discrezionalità al giudice adito quanto alla questione se un foro straniero sia maggiormente idoneo a pronunciarsi sul merito di una controversia, è tale da pregiudicare la prevedibilità delle norme sulla competenza previste dalla Convenzione di Bruxelles, in particolare di quella di cui all’art. 2 e, conseguentemente, il principio di certezza del diritto, quale fondamento della Convenzione medesima.
42
La tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità sarebbe parimenti pregiudicata. Infatti, da una parte, il convenuto, generalmente in grado di difendersi meglio dinanzi ai giudici del proprio domicilio, non potrebbe, in circostanze come quelle della causa principale, prevedere ragionevolmente dinanzi a quale altro giudice rischierebbe di essere citato. D’altra parte, nell’ipotesi in cui venga sollevata un’eccezione relativa all’esistenza di un foro straniero più idoneo a conoscere della controversia, spetta all’attore dimostrare che non potrebbe ottenere giustizia dinanzi al detto foro straniero o, ove il giudice adito ritenga di accogliere l’eccezione, che il foro medesimo, in definitiva, non è competente a conoscere della controversia o che l’attore, in realtà, non ha accesso ad una giustizia effettiva dinanzi ad esso, a prescindere dal costo che rappresentano la proposizione di una nuova azione dinanzi al giudice di un altro Stato e il protrarsi dei tempi del giudizio.
43
Inoltre, l’ammissibilità dell’eccezione del forum non conveniens nel contesto della Convenzione di Bruxelles rischierebbe di inficiare l’applicazione uniforme delle norme sulla competenza in essa previste, essendo la detta eccezione riconosciuta solo in un numero limitato di Stati contraenti, mentre il fine della Convenzione di Bruxelles consiste proprio nel prevedere norme comuni, restando escluse le norme nazionali divergenti.
44
I convenuti principali sottolineano le conseguenze pratiche negative che discenderebbero dall’obbligo che incomberebbe, nella specie, sui giudici inglesi di pronunciarsi sul merito della controversia, in particolare riguardo ai costi del giudizio, alla possibilità di rimborso delle spese in Inghilterra in caso di rigetto dell’azione proposta, alle difficoltà logistiche legate alla distanza geografica, alla necessità di valutare il merito della controversia in base a criteri vigenti in Giamaica, alla possibilità di ottenere in Giamaica l’esecuzione di una sentenza contumaciale e all’impossibilità di prevedere una domanda riconvenzionale nei confronti degli altri convenuti.
45
A tale riguardo, a prescindere dall’effettività di tali difficoltà, è sufficiente osservare che siffatte considerazioni, di cui non si può tener conto proprio in sede di applicazione dell’eccezione del forum non conveniens, non sono tali da rimettere in questione il carattere obbligatorio della regola fondamentale sulla competenza, di cui all’art. 2 della Convenzione di Bruxelles, per le ragioni precedentemente chiarite.
46
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la prima questione nel senso che la Convenzione di Bruxelles osta a che il giudice di uno Stato contraente declini la competenza conferitagli dall’art. 2 della Convenzione medesima sulla base del rilievo che il giudice di uno Stato non contraente costituirebbe un foro maggiormente idoneo a decidere la controversia in questione, anche se non si pone la questione della competenza del giudice di un altro Stato contraente, o tale controversia non presenta alcun altro fattore di collegamento con un altro Stato contraente.”
[7] En este sentido puede verse en extenso el trabajo de USUNIER, Laurence: Le Nouveau Règlement Bruxelles I bis, ed. Bruylant, 2014, pagina 503 y ss, en el que exponen con detalle dicha tesis.
[8] Vide nota 26.
[9] Constitución de 27 de diciembre 1978.
TITULO I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo II Derechos y libertades
Sección 1ª. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
Artículo 24. [Derecho a la tutela judicial efectiva]
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
