Novedades en Cataluña en materia de urbanismo y medio ambiente por la entrada en vigor de la Ley (Cat) 5/2020, de 29 de abril

El pasado 1 de mayo de 2020 entró en vigor la Ley (Cat) 5/2020, del 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que incidan en el medio ambiente (DOGC de 30.04.2020).

Dicha Ley tiene, entre otros, por objeto de establecer el conjunto de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público necesarias para completar el régimen jurídico de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el ejercicio de 2020.

Esta Ley contiene numerosas modificaciones legislativas, procediéndose a analizar a continuación, únicamente aquellas novedades en materia de urbanismo y medio ambiente, que son las que siguen a continuación.

A) Modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo

 Con carácter previo, es importante destacar que el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo ya fue objeto de importantes modificaciones tras la promulgación del Decreto ley (Cat) 17/2019, de 23 de diciembre, que entró en vigor el pasado 31 de diciembre de 2019. Muchas de aquellas disposiciones son ahora, de nuevo, modificadas, apenas cuatro meses más tarde.

  • A.1) De la creación de la “Comisión de Territorio de Cataluña” y nuevas competencias
  1. 1. Una de las novedades más significativas introducidas por la Ley (Cat) 5/2020 en materia de urbanismo, es la creación de la «Comisión de Territorio de Cataluña», la cual sustituye a la «Comisión de Urbanismo de Cataluña» como órgano administrativo colegiado de la Generalidad de Cataluña, constituyéndose la misma con carácter consultivo y como órgano superior del departamento competente en materia de política territorial y urbanismo. Todas las referencias del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña a la «Comisión de Urbanismo de Cataluña», a la «Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña» o al «consejero o consejera competente en materia de urbanismo» se entenderán hechas, a partir de ahora, a la “Comisión de Territorio de Cataluña”. La composición de la Comisión de Territorio de Cataluña se establecerá mediante ulterior reglamento.
  1. 2. Se atribuyen a la Comisión de Territorio de Cataluña competencias anteriormente atribuidas a otros organismos, correspondiéndole en adelante la aprobación definitiva de:
  2. a) Los planes directores urbanísticos y las normas de planeamiento urbanístico.
  3. b) Los planes de ordenación urbanística municipal y los programas de actuación urbanística municipal, si se refieren a municipios de más de 50.000 habitantes o capitales de comarca.
  4. c) Los planes y programas urbanísticos plurimunicipales en los siguientes supuestos:
    1. – Si se trata de un plan de ordenación urbanística o de un programa de actuación urbanística municipales tramitados por una comisión territorial de urbanismo.
    2. – Si se trata de un plan de ordenación urbanística o de un programa de actuación urbanística municipales que comprenda algún municipio de más de 50.000 habitantes o capital de comarca.
    3. Si el ámbito territorial del plan o programa afecta a más de una comisión territorial de urbanismo.
  5. d) Los planes parciales urbanísticos de delimitación, si es competente, para aprobar el correspondiente plan de ordenación urbanística municipal.
  6. e) Los planes especiales urbanísticos autónomos para implantar en el territorio infraestructuras no previstas en el planeamiento territorial o urbanístico relativas a los sistemas urbanísticos de comunicaciones o de equipamiento comunitario, de carácter general o local.
  7. f) Revisar anticipadamente de los planes de ordenación urbanística de oficio.
  8. g) Modificaciones de los planes de ordenación urbanística municipal y los programas de actuación urbanística municipal, cuando:
    1. – Se refieran a municipios de más de 100.000 habitantes, con el informe previo de la comisión territorial de urbanismo competente.
    2. – Hayan sido tramitados por las comisiones territoriales de urbanismo.
    3. – Alguno de los municipios comprendidos en ellos tenga más de 100.000 habitantes.
    4. – El ámbito territorial del plan o el programa afecta a más de una comisión territorial de urbanismo.
  9. h) Modificación de instrumentos de planeamiento que tenga por objeto alterar la zonificación o el uso urbanístico de los espacios libres, las zonas verdes o los equipamientos deportivos.
  10. i) Modificación del plan para dejar sin efecto o reducir el área residencial estratégica de que se trate.

La atribución de dichas competencias urbanísticas es aplicable a los procedimientos urbanísticos que se encuentren en tramitación en el momento de dicha entrada en vigor de la Ley (Cat) 5/2020, del 29 de abril, esto es, a 1 de mayo de 2020.

  • A.2) Medidas destinadas al incremento de viviendas de protección pública:
  1. 1. Las viviendas de protección pública construidas sobre los terrenos cedidos a la Administración pública en sede de procesos reparcelatorios podrán destinarse, además de al régimen de alquiler (tal y como prescribió el Decreto ley (Cat) 17/2019, de 23 de diciembre, que entró en vigor el pasado 31 de diciembre de 2019), a constituir sobre las mismos derechos de superficie u otras formas de cesión del uso sin transmisión de la propiedad del suelo.
  2. 2. En cuanto se refiere a las reservas destinadas a viviendas de protección pública en la calificación del suelo, la reforma establece que la adjudicación de dicho las reservas de dicho tipo de viviendas se aplicarán sobre aquellas actuaciones edificatorias que tengan por finalidad alojar mayoritariamente a nuevos residentes en las viviendas resultantes excluyendo de dicha reserva las viviendas reservadas a reubicación de realojados o para hacer efectivo el derecho de realojo de anteriores residentes o titulares.
  3. 3. Otra de las novedades introducidas por la Ley (Cat) 5/2020, de 29 de abril es la modificación del Régimen especial aplicable a los municipios integrados en el área metropolitana de Barcelona en materia de reservas de vivienda de protección pública. A partir esta reforma, el porcentaje mínimo del techo clasificado para uso residencial de nueva implantación deberá ser del 40% en suelos urbanizables delimitados, no siendo posible su reducción hasta el 30% tal y como, bajo determinadas circunstancias, permitía el Decreto Ley (Cat) 17/2019, de 23 de diciembre. Esta reducción sólo será posible, por tanto, en sectores de suelo urbano no consolidado que tengan por objeto la transformación global de los usos principales al uso residencial.
  • A.3) Otras modificaciones introducidas en el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña
  1. 1. Se deroga su artículo 20, suprimiendo por tanto, la hasta ahora Dirección General de Urbanismo.
  2. 2. Se establece un plazo de prescripción para la exigibilidad del cobro de los gastos de urbanización que será de tres años, a contar desde aprobación de la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación.
  3. 3. Se especifica que los suelos que, en virtud de la reparcelación, deban destinarse a infraestructuras, se cederán a favor de la Administración titular de tales infraestructuras. Sólo se cederán al municipio (como se venía realizando hasta ahora con carácter generalizado), a título de fiduciario, si la Administración titular de la infraestructura no está todavía determinada, con la obligación de transmitirlo a dicha Administración, antes de la implantación de la infraestructura.
  4. 4. Quedan excluidas del ejercicio de tanteo establecido en favor de la Administración en ejecución de los proyectos de delimitación de áreas o bien el caso de transmisiones de viviendas arrendadas “en bloque”, aquéllas transmisiones que se formalicen entre sociedades de un mismo grupo empresarial que tengan el mismo objeto social o ejerzan una actividad inmobiliaria similar.
  5. 5. En el marco del procedimiento para otorgar y denegar las licencias urbanísticas, cada municipio podrá exigir, a través de sus ordenanzas municipales, y como requisito previo que debe acompañar la solicitud de licencia o la comunicación previa, la aportación de un informe de idoneidad técnica. El informe de idoneidad técnica será emitido por el Colegio Profesional Técnico o por una Entidad Colaboradora debidamente habilitada y tiene la misma validez que los emitidos por los técnicos municipales, pues su objeto es determinar que el proyecto se ajusta a la normativa y que su documentación resulta íntegra, suficiente e idónea.

B) Modificaciones en materia de medio ambiente

La Ley (Cat) 5/2020, de 29 de abril ha modificado también diversos preceptos de a Ley (Cat) 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y control ambiental de las actividades,  destacando las que siguen a continuación:

  • B.1) Modificación de los Anexos que determinan el régimen del título habilitante de la actividad

Se han insertado nuevas actividades en los Anexos y/o incluido las ya existentes en un nuevo Anexo, lo cual puede conllevar que tales actividades deban obtener un nuevo título habilitante (autorización, licencia o bien comunicación).

Las actividades afectadas por las modificaciones de los Anexos de la Ley (Cat) 5/2020 disponen del plazo de un año a partir de su entrada en vigor para solicitar la adaptación del título habilitante del que dispongan. El plazo para solicitar la adaptación finalizará, por tanto, el próximo 1 de mayo de 2021.

  • B.2) Nuevo régimen de caducidad de las autorizaciones y licencias ambientales

Hasta la fecha, todas las autorizaciones y licencias ambientales disponían de un plazo para someterse al control ambiental inicial que venía señalado en el correspondiente título y en su defecto, de un plazo de cuatro años, con posibilidad de prórroga por causas justificadas en ambos casos. La falta de sometimiento al control ambiental inicial en tales plazos suponía la caducidad del título, previa audiencia del titular.

A partir de ahora, la causa la caducidad varía dependiendo del título habilitante que ampare la actividad:

  1. 1. Actividades sometidas a régimen de evaluación ambiental y autorización ambiental (Anexo I.1): su autorización caduca cuando ha finalizado el plazo establecido por la autorización o, en su defecto, hayan transcurrido 4 años sin que la persona titular haya presentado la correspondiente declaración responsable.
  2. 2. Resto de actividades sometidas a autorización y licencia ambientales: su régimen de caducidad sigue dependiendo del control ambiental inicial.
  • B.3) Visitas de inspección “in situ”

Si bien hasta la fecha, la Ley señalaba que las inspecciones “in situ” previstas en el Programa de Inspección Ambiental Integrada debían ser realizadas por el personal de las Entidades colaboradoras (ECAs) de la Administración ambiental, a partir de ahora, las mismas serán realizadas por personal de la Administración, sin perjuicio de que también puedan ser realizadas por el personal de las ECAs específicamente designadas a tal efecto.

 

“Este documento tiene como propósito exclusivo la divulgación de su contenido. No constituye asesoramiento de ningún tipo y, por tanto, no puede considerarse como tal ni debe servir de base para la toma de decisiones”.

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COVID-19 Меры по отсрочке выплат ипотечных кредитов. Испания

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Заемщики, имеющие ипотечные кредиты, вправе в течении пятнадцати дней после окончания срока действия режима ЧП (предварительно объявленное до 10 мая) оформить запрос на предоставление трехмесячной отсрочки по выплате ипотечных квот  на недвижимое жилое имущество согласно закону «Об ипотеке» от 8 февраля 1946 года и в соответствии с положениями последних королевских указов-законов 8/2020 от 17 марта 2020 г. и 11/2020 от 31 марта 2020 года.

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Что произошло

Королевский указ-закон 8/2020 от 17 марта 2020 года «О чрезвычайных неотложных мерах по противодействию экономического и социального влияния COVID-19» и королевский указ-закон 11/2020 от 31 марта «О принятии срочных дополнительных мер в социальной и экономической областях для решения проблемы COVID-19» приняли меры об установлении «ипотечного моратория» на отдельные виды ипотечных кредитов, с целью защиты и поддержки наиболее социально – экономически незащищенных категорий граждан на период пандемии.

Правительство анонсировало поправки на предоставление отсрочки по выплатам квот на ипотечные кредиты.

 

Для кого актуально

Для заемщиков кредитов:

–   на приобретение постоянного жилья

– на приобретение объекта недвижимости на развитие экономической деятельности предпринимателя, оказавшегося в сложной экономической ситуации (уязвимые слои населения) в условиях COVID-19

– на приобретение жилого имущества для сдачи в аренду, которое не может быть использовано ввиду действия режима ЧП.

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Date: 7 May, 2020

Categories: Español FPS News Legislation

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal

El Gobierno aprueba, mediante Real Decreto Ley, una importante reforma legislativa en una materia de absoluta transcendencia y actualidad como es el procedimiento concursal.   Dicho Real Decreto ley entrará en vigor, no obstante, el día 1 de septiembre de 2020.

Puede accederse al texto del  Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, en el siguiente enlace  https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/07/pdfs/BOE-A-2020-4859.pdf

 

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Date: 6 May, 2020

Categories: Español Legislation Other regulations Real Estate

Novedades en Cataluña en materia de protección del derecho a la vivienda por la entrada en vigor de la Ley (Cat) 5/2020, de 29 de abril

El pasado 1 de mayo de 2020 entró en vigor la Ley (Cat) 5/2020, del 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que incidan en el medio ambiente (DOGC de 30.04.2020).

Esta Ley contiene numerosas modificaciones legislativas, procediéndose a analizar a continuación, únicamente, aquellas novedades en materia de vivienda, las cuales se pueden dividir en dos bloques:

  • – Modificación de la Ley (Cat) 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
  • – Modificación de las Leyes de medidas de protección del derecho de vivienda para afrontar la emergencia en este ámbito y el riesgo de exclusión social.

Las presentes modificaciones serán de aplicación desde su entrada en vigor, es decir, desde el 1 de mayo de 2020.

I.- Modificación de la Ley (Cat) 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.

 La Ley (Cat) 5/2020 ha procedido a eliminar el certificado de aptitud del edificio al considerarse que su emisión aporta poco valor añadido respecto al informe de inspección técnica del edificio (o “ITE”) que emite el técnico habilitado y, en su lugar, se sustituye por el distintivo que la Administración actuante entregará, dando cuenta del estado de conservación del edificio que refleje la ITE, la cual sigue siendo de obligatoria realización en los supuestos legalmente establecidos.

Al haberse eliminado el certificado de aptitud, éste ya no será un documento de entrega obligatoria al transmitir viviendas nuevas y/o usadas, sino que, en su lugar, el vendedor deberá entregar el distintivo expedido por la Administración.

El procedimiento para solicitar el distintivo y su vigencia se regulará mediante ulterior desarrollo reglamentario. Hasta entonces los certificados de aptitud que se hayan emitido hasta el momento mantendrán su validez y efectos.

II.- Modificación de las medidas de protección del derecho a la vivienda para afrontar la situación de emergencia y riesgo de exclusión residencial

 La Ley (Cat) 5/2020 ha procedido a llevar a cabo principalmente dos modificaciones en este ámbito. La primera, en cuanto al concepto de gran tenedor y las consecuencias de dicha calificación en el ofrecimiento de alquiler social y la segunda, en cuanto a la ampliación de los sujetos obligados al realojo, todo ello mediante una serie de modificaciones de diferentes Leyes cuya finalidad es proteger el derecho de vivienda para afrontar la situación de emergencia y riesgo de exclusión social.

En primer lugar, se ha procedido a la modificación de la Ley 24/2015, en consonancia con lo establecido por el Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, que entró en vigor el pasado 31 de diciembre de 2019, señalando que también las personas físicas que sean grandes tenedores y los fondos de capital riesgo y titulización de activos, tienen la obligación de llevar a cabo el ofrecimiento de alquiler social antes de interponer la demanda judicial.

En segundo lugar, señala que las personas físicas serán consideradas grandes tenedores si resultan propietarios de más de 15 viviendas o bien, si siendo copropietarios, su cuota de participación en la comunidad representa más de 1.500 metros cuadrados de suelo destinado a vivienda.

La presente modificación es de especial relevancia, puesto que no únicamente impone la obligación de ofrecer alquiler social antes de la interposición de determinadas demandas judiciales a las personas físicas que detenten más de 15 viviendas, sino que amplía incluso el concepto que de gran tenedor había dado el Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, determinando que tendrán también tal condición, las personas físicas que sean copropietarios si su cuota de participación en la comunidad representa más de 1.500 metros cuadrados de suelo destinado a vivienda.

En tercer lugar, se ha procedido a ampliar los sujetos que están obligados a facilitar el realojo en una vivienda de su titularidad, en régimen de alquiler y con un plazo de duración mínima igual al exigido por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

En este sentido, los instantes de procesos judiciales de ejecución hipotecaria o de otro tipo de proceso, derivado de la reclamación de una deuda hipotecaria o de desahucio por impago de rentas estarán obligados a facilitar el realojo, si son personas jurídicas titulares de viviendas inscritas en el Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante en primera o ulteriores transmisiones, siempre y cuando no estén sujetos a la obligación de ofrecer alquiler social, en virtud de la Ley 24/2015, de 29 de julio.

Por lo tanto, ya no sólo están obligados los grandes tenedores sino que se amplía está obligación de ofrecer el alquiler social a las personas jurídicas, sean o no grandes tenedores, dependiendo de la situación en que se halle la vivienda (inscrita en el Registro de Viviendas Vacías o bien ocupadas sin título).

Por último, la Ley (Cat) 5/2020 ha venido a aclarar cuándo nace la obligación de realojo en los casos de pérdida de la vivienda, dependiendo del modo en el que el propietario haya adquirido el dominio de la vivienda, y ampliando los supuestos en los que también será obligatoria dicho realojo. Así:

  • – En los supuestos de pérdida de la vivienda, por razón de acuerdos de compensación o dación en pago de préstamos o créditos hipotecarios sobre la vivienda habitual o firma de una compraventa por no poder asumir el préstamo o crédito, la obligación de realojo nace antes de que se produzca la adquisición del dominio.
  • – En los supuestos en que la pérdida de la vivienda se produce en una ejecución hipotecaria o de otro tipo de procedimiento derivada de reclamación de deuda hipotecaria y el desahucio por impago de rentas de alquiler, esta obligación de realojo nace desde el momento en el que se interpone la demanda o se haya notificado la voluntad de presentar la misma o instada la ejecución no hipotecaria derivada de reclamación de una deuda no hipotecaria, o notificado la voluntad de instar ésta.

A diferencia de lo que sucede con el alquiler social, el ofrecimiento del realojo no se establece como requisito previo a la interposición de la demanda, sino que la obligación nace una vez presentada la demanda o una vez notificada la voluntad de instarla.

En cuanto a la ampliación de las obligaciones de realojo, se ha incluido la obligación de ofrecimiento de realojo en los casos en los que nos hallemos en el proceso de ejecución no hipotecaria que tenga su origen en una reclamación de deuda hipotecaria, extremo que la anterior normativa no recogía, aplicándose la obligación de realojo una vez el proceso hipotecario ya se encuentra finalizado.

 

“Este documento tiene como propósito exclusivo la divulgación de su contenido. No constituye asesoramiento de ningún tipo y, por tanto, no puede considerarse como tal ni debe servir de base para la toma de decisiones”.

 

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COVID-19 Сколько заплатить, чтобы не остаться без наследства Налоговая служба Каталонии ждет полученного вами унаследованного имущества

Закон 5/2020, вступивший в силу в автономии Каталонии, утверждает новые правила соблюдения принципа прогрессивного налога на наследство и имущество, в котором ставка суммы к оплате возрастает по мере увеличения облагаемой базы. Другими словами, чем больше состояние наследника до принятия наследства, тем выше налоговый процент подлежащего к уплате налога в казну.


Принятие наследства
Получая в наследство  движимое или недвижимое имущество от наследодателя, многие из тех, кто оказался в роли наследника не задумываются о том, что это может повлечь за собой непредвиденные расходы.

Переход прав на наследственное имущество, имущественные права и обязанности удостоверяется нотариусом посредством выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство. Наследник обязан подать декларацию в налоговую инспекцию и заплатить налог. Система взимания и принуждения уплаты отработана почти до совершенства. Права наследника не будут признаны без предварительной подачи бумаг в налоговую.

В отличии от налогового законодательства, к примеру, стран Восточной Европы, где факт дарения или наследования в пользу близких родственников не облагается налогом или сумма его минимальна, в испанской налоговой системе сумма оплачиваемого налога на наследство и дарение в казну может варьироваться от 7% до 34%.

С юридической точки зрения, наследственное планирование – это прежде всего аналитическая правовая работа. Конечная цель которой, создание итоговой модели  структуры активов и их владение наследниками, определение правовых механизмов, с помощью которых  ее можно достичь, проработка рисков и возможных ответвлений от сценария наследования. 

Почему такая разница

Причиной огромных различий между налоговым обременением в разных автономиях страны является децентрализованная модель испанской системы – по территориальному распределению.

Разница в суммах на НДФЛ, налога на наследство и дарение и т.д. иногда достигает в несколько тысяч евро. В итоге, дело иногда доходит до того, что некоторые налогоплательщики вынуждены менять место проживание в пределах границ Испаниив поисках оптимизации своихналоговых активов.

Новые изменения в расчете налога на наследство

29 апреля 2020, Каталонским Правительством был принят новый закон 5/2020 “O налоговых, финансовых,  административных мерах и о введении налога на оборудование и установки, которые оказывают специфическое негативное воздействие на окружающую среду».

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2020/04/29/5

Сроки принятия закона 5/2020 совпали с  утверждением бюджета каталонского правительства.

Новый закон предусматривает изменения в налоговой практике наследственного права автономного округа Каталонии:

a) существенно сокращены применяемые до настоящего момента льготы относительно унаследованной наследственной массы между родственниками первой и второй линии. К примеру, до принятия нового закона 5/2020, к налогу на наследство между родственниками второй линии предоставлялись льготы в размере 20% от налога. На сегодняшний момент родственники второй линии полностью лишены льгот. Значительно уменьшились льготы применимые к наследникам первой линии -совершеннолетним детям или родителям наследодателя.

Налоговые льготы, применяемые «на супругов и несовершеннолетних                детей», установленные Законом 19/2010 от 7 июня 2010 г., регулирующим вопросы применения налога на наследство и дарение автономии Каталонии, сохраняются без изменений. Следует заметить, что каталонское законодательство признает правовые последствия как за гражданским браком (parejas de hecho), так и   официально зарегистрированным.

Следовательно, налоговые льготы, применяемые «на супругов», распространяются и на лиц, имеющих брачный статус « гражданских отношений», если пары, состоящие в гражданском браке, своевременно были зарегистрированы в Реестре гражданских браков Каталонии.

 

Налоговые льготы, применимые к наследникам первой очереди:

Налоговая база (прибыль, подлежащая налогообложению) Льготы (%)  Оставшаяся сумма отналоговой базы  Льготы, применимые к остатку (%)
     0,00  0,00 100.000,00 99,00
 100.000,00 99,00 100.000,00 97,00
 200.000,00 98,00 100.000,00 95,00
 300.000,00 97,00 200.000,00 90,00
 500.000,00 94,20 250.000,00 80,00
 750.000,00 89,47 250.000,00 70,00
1.000.000,00 84,60 500.000,00 60,00
1.500.000,00 76,40 500.000,00 50,00
2.000.000,00 69,80 500.000,00 40,00
2.500.000,00 63,84 500.000,00 25,00
3.000.000,00 57,37 en endavant 20,00

 

Налоговые льготы, применимые к наследникам второй очереди:

Налоговая база Льготы(%)  Оставшаяся сумма от базы Льготы, применимые к остатку (%)
    0,00  0,00 100.000,00 60,00
 100.000,00 60,00 100.000,00 55,00
 200.000,00 57,50 100.000,00 50,00
 300.000,00 55,00 200.000,00 45,00
 500.000,00 51,00 250.000,00 40,00
 750.000,00 47,33 250.000,00 35,00
1.000.000,00 44,25 500.000,00 30,00
1.500.000,00 39,50 500.000,00 25,00
2.000.000,00 35,88 500.000,00 20,00
2.500.000,00 32,70 500.000,00 10,00
3.000.000,00 28,92 en endavant   0,00»

b) закон 5/2020 устанавливает новую систему расчета налоговой квоты, принимая во внимание все имеющиеся активы наследника до момента открытия актива и пассива наследственной массы. В случае, если наследник обладает «чистыми активами» до момента распределения наследственной массы, при расчете окончательной суммы налоговых выплат наследников

первой очереди существенно может возрасти применяемый при расчете налоговый коэффициент. При обязательныхрасчетах размера собственного имущества наследника или получателя дара, с момента вступления в силу нового автономного закона 5/2020, будет учтена

имеющаяся в наличии недвижимость, земля, автотранспорт, вклады,нематериальные активы, предметы искусства, антиквариат, инвестиции, патенты, акции и облигации, интеллектуальная собственность и т.д.

К примеру, при наличии личных активов наследника на сумму, к примеру, более 500.000 и полученного наследства в размере 2.000.000 евро будет применяться умножающий коэффициент, который может вырасти на 0,5%, а иногда и на 2%.  Размер умножающего коэффициента будет меняться в зависимости от суммы имеющегося в наличии имущества и степени родства между наследодателем и наследником, или дарителем и получателем дара.

Активы наследника до принятия наследства (eвро)  Родственная группа
I / II III IV 
De 0 a 500.000 1,0000 1,5882 2,0000
De 500.000,01 a 2.000.000,00 1,1000 1,5882 2,0000
De 2.000.000,01 a 4.000.000,00 1,1500 1,5882 2,0000
Més de 4.000.000,00 1,2000 1,5882  2,0000»

Коментарий адвоката

COVID-19, падение цен на нефть, закрытие границ — все это части единого кризиса, который активно наступает на многие сферы экономики. Время изоляции – подходящий период, чтобы оценить эффективность своих трат, пересмотреть годовые расходы и доходы, счета и платежи, налоговые выплаты во избежании двойного налогообложения.

Часто представление клиента о наследственных активах может не соответствовать реальному положению дел. Важно     при формировании сценария наследования и передачи имущества выбрать правильные правовые механизмы, которые не повлекут «излишнего налогового бремени».

Следует заручиться поддержкой надежного правового специалиста, который представляет перспективы осуществления потенциальных прав клиента и будет использовать полный набор инструментов наследственного планирования (особенно в рамках международного права) и действия которого не будут ограничены только институтами наследственного права (завещание, исполнитель завещания, наследственное возложение/распоряжение, наследственный фонд, наследственный договор и т.д.) Реализация  разработанного сценария наследования может потребовать предварительного оформления сделок, использования корпоративных механизмов или изменения структуры владения и т.д.

 

Оказанная правовая помощь сориентирует вас в предстоящих  налоговых растратах и объяснит схемы налоговой оптимизации конкретного процесса.

 

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Date: 5 May, 2020

Categories: Civil Law English FPS News Legislation Real Estate

News on leases for SMEs and the self-employed in Royal Decree-Law 15/2020 of April 21st

In the context of the extraordinary situation arising from COVID-19, the Government has issued the Royal Decree-Law 15/2020 of March 21st on urgent complementary measures to support the economy and employment in order to deal with COVID-19 (hereinafter the Royal Decree). This Royal Decree will enter into force on April 23rd 2020.

The purpose of this note is to set out the provisions stated in the aforementioned regulation regarding non-dwelling leases.

Those measures are, essentially, the following:

  1. 1. Who may be covered by the measures:

The measures of the Royal Decree are aimed at SMEs and the self-employed.

  1. 2. Which leases are affected by the Royal Decree:

2.1. Leases for use other than dwellings owned by “large holders”.

Individuals or legal entities who are tenants and who have a non-dwelling lease contract, in accordance with the provisions of Article 3 of the Urban Leases Law -basically, business premises-, signed with a landlord who is either a company or a government housing entity or a large holder, and if they meet the requirements established by the Royal Decree Law itself, will be able to request a moratorium (not a waiver or remission) on the payment of the rent, within one month of the entry into force of this Royal Decree Law.

For this purpose, it should be remembered that a large holder is an individual or legal entity that owns more than 10 urban properties, excluding garages and storage rooms, or a built up area of more than 1500m2.

The moratorium on the payment of rent will be applied automatically – therefore, the lessor must assume it – and its duration will be extended during the state of alarm. This moratorium can be extended month by month, with a maximum of 4 months. The Royal Decree-Law itself establishes that the postponement -moratorium- can neither accrue penalties nor interests. The refund of the amount not paid, due to the moratorium, must be made from the following month by means of the division of the instalments within a period of two years or within the remaining contractual period.

The maximum period of two years must be counted from the time when the situation of affectation by the COVID-19 is overcome or the maximum of 4 months established, as long as it is within the term of the lease and any of its extensions.

The moratorium ordered by the Royal Decree analysed shall be understood without prejudice to any other agreements that may have been reached between the parties.

2.2. Other non-dwelling leases: persons or companies without the status of “large holder”.

Lessees who are individuals or companies under a non-dwelling lease agreement – basically business premises – with a landlord other than those indicated in the above measure, may request a temporary and extraordinary delay in the payment of the rent, having to request this measure within one month of the entry into force of this Royal Decree Law. In this case, the law provides a power and not an obligation to accept this moratorium, unlike what happens when the tenant is a “large holder”.

Among the agreements that may be reached, the Royal Decree provides that the parties may freely use the deposit for the total or partial payment of some or all of the monthly rent. In this case, the deposit must be refunded within one year of the conclusion of the agreement or within the remaining term of the contract, if this is less than one year.

  1. 3. What requirements must be met by SMEs and self-employed workers in order to be able to benefit from the measures articulated by the Royal Decree:

3.1) In the case of the self-employed, the contract must have as its object a property that is affected by the economic activity carried out by a self-employed person and the following requirements must be met:

– and to be registered as such at the time the state of alarm was decreed,

– develop a suspended activity as a consequence of the alarm state,

– or if the activity has not been suspended, the invoicing has been reduced by 75% in relation to the average invoicing of the quarter to which the said month belongs in relation to the previous year.

3.2) In the case of SMEs, the contract must have as its object a property that is affected by the economic activity carried out by the SME, and the following requirements must be met

– May submit short-form annual accounts,

– Its activity must have been suspended by the decree of the state of alarm

– or, if its activity has not been suspended, its turnover must have been reduced by at least 75% compared with the previous quarter.

  1. 4. How the measures established by the Royal Decree can be activated.

The tenant must prove that meets the requirements of the RD Law by submitting the following documentation:

– The reduction in activity will be proven by the presentation of a responsible declaration, which will state the reduction in turnover of at least 75% from the previous quarter. However, the lessor may require the lessee to show the accounting books.

– The suspension of the activity must be proved by means of a certificate issued by the State Tax Administration Agency or the competent body, if any, on the declaration of cessation of the activity.

Finally, anyone who requests the benefits of the RD without complying with the requirements will have to pay for the damages caused.

 

This document has as its exclusive purpose the disclosure of its contents. It does not constitute advice of any kind and, therefore, cannot be considered as such nor should it be used as a basis for decision making“.

 

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Novedades en Cataluña en materia de viviendas de uso turístico por la entrada en vigor de la Ley (Cat) 5/2020, de 29 de abril

El pasado 1 de mayo de 2020 entró en vigor la Ley (Cat) 5/2020, del 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, la cual contiene sendas novedades legislativas respecto a la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña.

Dicha Ley tiene, entre otros, por objeto de establecer el conjunto de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público necesarias para completar el régimen jurídico de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el ejercicio de 2020.

Esta Ley contiene numerosas modificaciones legislativas, procediéndose a analizar a continuación, únicamente, aquellas novedades introducidas en la Ley (Cat) 13/2002, de 21 de junio, de Turismo en Cataluña, las cuales pivotan principalmente sobre las viviendas de uso turístico:

  • – Se prohíbe la cesión de estancias o habitaciones de las viviendas de uso turístico (o “HUTs”). Las HUTs deben arrendarse en su totalidad.
  • – La prestación de servicios del alojamiento turístico de la HUT se inicia cuando se realiza la comercialización de del alojamiento, directamente o por medio de un intermediario. Para publicitar la HUT deberá por tanto contarse con la habilitación correspondiente.
  • Esta modificación viene a dar cobertura a muchas sanciones que las Administraciones venían imponiendo a raíz de la constatación de anuncios en webs pero que a menudo resultaban anuladas en sede jurisdiccional al no haber quedado acreditado el efectivo arrendamiento o efectiva prestación de servicio de alojamiento turística por la mera inserción de un anuncio en una web.
  • – Introducción del concepto de “alojamiento turístico”, incluyendo entre éstos, no sólo a cualquier establecimiento (hoteleros, campings, apartamentos turísticos) sino también las viviendas de uso turístico. Ahora, coexistirá, por tanto, esta nueva categoría con la hasta ahora existente “establecimientos de alojamiento turístico” (y que la Ley (Cat) 5/2020 no ha suprimido) entre los que no se incluyen las HUTs.
  • Las modalidades de alojamiento turístico se podrán crear mediante posterior desarrollo reglamentario, así como sus condiciones y características.
  • – Obligación de reflejar en toda forma de publicidad, promoción o comercialización el número de inscripción de los “alojamientos turísticos” (también, por tanto, de las HUTs).
  • – Modificación del régimen sancionador:
  • 1. Así, se califican como infracciones graves, las siguientes conductas:
  • a) La oferta, la prestación de servicios turísticos sin disponer del título habilitante, y también su publicidad (en consonancia con la modificación legislativa arriba apuntada), siempre que se cumplan los requisitos para su obtención. De no cumplirse tales requisitos, la conducta sería calificada como infracción muy grave.
  • b) La comercialización, contratación, oferta de alojamientos turísticos (incluidas las HUTs) sin hacer constar el número de inscripción en el Registro de Turismo de Cataluña o haciendo constar números o expresiones incorrectas.
  • c) No comunicar a la Administración competente que se desarrolla una actividad turística clandestina en la vivienda de su propiedad.
  • d) Superar el número máximo de usuarios alojados que establece la normativa turística o el título habilitante (en el caso de HUTs, el número máximo que señala la cédula de habitabilidad).
  • e) No adoptar las medidas establecidas por la normativa cuando se producen comportamientos que atentan contra las normas básicas de convivencia en las viviendas de uso turístico.
  • 2. Se amplía el número de sujetos responsables, pues si bien hasta la fecha, únicamente respondían, solidariamente, el propietario y el gestor de la HUT, ahora, tras la modificación, también puedan resultar sujetos responsables, quiénes efectivamente ejerzan la actividad de alojamiento turístico (p.e. arrendatarios u otras figuras que detenten el uso y disfrute de la vivienda).
  • 3. Se amplía el número de criterios para graduar las sanciones, añadiendo los siguientes: la continuidad o persistencia en la conducta infractora, la prestación de servicios turísticos ilegales con apariencia de legalidad, el ejercicio ilegal de la actividad de alojamiento turístico sin el conocimiento o el consentimiento del propietario del inmueble, el número de alojamientos turísticos comercializados ilegalmente, el número de personas afectadas y finalmente, también, la posición del infractor en el mercado.
  • – El Ayuntamiento de Barcelona queda facultado para regular las HUTs, mediante ordenanzas municipales, las cuales pueden establecer requisitos particulares y fijar limitaciones temporales y períodos máximos de vigencia de la habilitación.

 

“Este documento tiene como propósito exclusivo la divulgación de su contenido. No constituye asesoramiento de ningún tipo y, por tanto, no puede considerarse como tal ni debe servir de base para la toma de decisiones”.

 

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Date: 5 May, 2020

Categories: Español Legislation Other regulations Real Estate

Novedades en Cataluña en materia de residuos por la entrada en vigor de la Ley (Cat) 5/2020, de 29 de abril

El pasado 1 de mayo de 2020 entró en vigor la Ley (Cat) 5/2020, del 29 de abril de 2020, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que incidan en el medio ambiente (DOGC de 30.04.2020). Dicha Ley tiene, entre otros, por objeto de establecer el conjunto de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público necesarias para completar el régimen jurídico de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el ejercicio de 2020.

Esta Ley contiene numerosas modificaciones legislativas, procediéndose a analizar a continuación, únicamente aquellas novedades en materia de residuos, que son las que siguen a continuación:

  • – Dispensa de constitución de fianza a los gestores de residuos, salvo que aquéllos estén considerados como residuos peligrosos y así lo exijan las normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión (modificación de la letra b, apartado 1, del artículo 24 del Decreto Legislativo (Cat) 1/2009 de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Residuos).
  • – Medidas para el fomento del uso de los áridos reciclados en obras públicas y privadas (Inclusión de una nueva disposición adicional en el Decreto Legislativo (Cat) 1/2009 de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Residuos):
  1. 1. Los proyectos de construcción de obra pública y de obra privada determinarán el uso de áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de la construcción y la demolición en un porcentaje mínimo del 5% en peso sobre el total de áridos previstos, excepto que las características de la obra no permitan el uso de este tipo de material, supuesto que el redactor del proyecto deberá justificar debidamente en la memoria.
  2. 2. La dirección de obra deberá certificar el porcentaje de áridos reciclados utilizado efectivamente en la obra, y deberá adjuntar el certificado del suministrador de los áridos reciclados, acompañado del certificado del gestor de residuos que ha producido el árido reciclado.
  3. 3. Los requisitos para la utilización de los áridos reciclados y de los materiales de construcción obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de la construcción y la demolición podrán desarrollarse mediante orden dictada por el responsable del Depto. de Medio Ambiente.

Las presentes modificaciones serán de aplicación desde su entrada en vigor, es decir, desde el 1 de mayo de 2020.

 

“Este documento tiene como propósito exclusivo la divulgación de su contenido. No constituye asesoramiento de ningún tipo y, por tanto, no puede considerarse como tal ni debe servir de base para la toma de decisiones”.

 

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Date: 5 May, 2020

Categories: Español Legislation Real Estate Tax Law

Novedades tributarias en Cataluña que afectan al ámbito inmobiliario por la entrada en vigor de la Ley (Cat) 5/2020, de 29 de abril

En fecha 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la Ley (Cat) 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, que entró en vigor el 1 de mayo de 2020.

Dicha Ley tiene, entre otros, por objeto de establecer el conjunto de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector publico necesarias para completar el régimen jurídico de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el ejercicio de 2020.

Esta Ley contiene numerosas modificaciones legislativas, procediéndose a analizar a continuación, únicamente aquellas novedades tributarias que afectan al ámbito inmobiliario, y más concretamente, aquéllas novedades relativas al Impuesto sobre Viviendas Vacías e Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados.

I.- Impuesto sobre Viviendas Vacías En relación con el Impuesto sobre Viviendas Vacías, se modifican a la baja los porcentajes de las bonificaciones aplicadas en la cuota líquida en función del volumen de viviendas que los sujetos pasivos destinen a alquiler asequible sobre el total de viviendas vacías sujetas al impuesto, quedando de la siguiente forma:

Porcentaje de viviendas destinadas a alquiler asequible Bonificación (%)
Menos del 5% 0,0
Del 5% al 10% 7,5
Más del 10% y hasta el 25% 22,5
Más del 25% y hasta el 40% 37,5
Más del 40% y hasta el 67% 56,3 56,3
Más del 67% 75

   II.- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados

Existen modificaciones importantes en relación con el Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP), en el que se introducen tres medidas distintas, y Actos Jurídicos Documentados (AJD).

II.1.- Modalidad Transmisiones Patrimoniales (TP)

Respecto al Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales Onerosas, en primer lugar se establece una bonificación del 100% en las transmisiones de viviendas que la Agencia de Habitatge de Catalunya adquiera en ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.

En segundo lugar, la Ley (Cat) 5/2020 de referencia introduce un nuevo tipo reducido al 5 por ciento aplicable en las adquisiciones de viviendas por parte de miembros de familias monoparentales.

La tercera medida que se establece respecto al ITP es relativa a la bonificación de la cuota para la Transmisión de viviendas a empresas inmobiliarias.

El artículo 13 de la Ley (Cat) 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, estableció una bonificación del 70% de la cuota del impuesto en la modalidad de transmisión patrimonial onerosa, siempre que se trate de una transmisión de la totalidad o de una parte de una o más viviendas y sus anexos a una empresa a la que sean aplicables las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad del sector inmobiliario y, se cumpla una serie de requisitos establecidos en el mismo artículo, con la finalidad de revender tales viviendas a particulares para cubrir sus necesidades de alojamiento. La Ley (Cat) 5/2020 modifica esta  bonificación reduciendo a 3 años (en vez de 5) el plazo del que disponen para revender el inmueble. Si no se produjera la transmisión dentro del período señalado, o si se produjese pero no se efectuara a favor de los adquirentes concretos que se señalan, el sujeto pasivo deberá presentar, dentro del plazo reglamentario de presentación, contado desde el día siguiente a la fecha final del plazo fijado, o desde el día siguiente a la fecha de la venta, respectivamente, una autoliquidación complementaria sin bonificación y con deducción de la cuota ingresada, con aplicación de los intereses de demora correspondientes. Es importante destacar que el nuevo plazo de tres años únicamente resultará de aplicación a los hechos imponibles devengados con posterioridad a 1 de mayo de 2020.

II.2.- Modalidad Actos Jurídicos Documentados (AJD)

Respecto a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados (AJD), con el fin de incentivar la formalización de diferentes operaciones, se crean dos bonificaciones.

En primer lugar, se crea una bonificación del 60% en la cuota gradual de gravamen que recae sobre escrituras públicas de constitución en régimen de propiedad horizontal por parcelas, en el supuesto de polígonos industriales y logísticos, hasta el 31 de desembre de 2023.

Asimismo, se crea una bonificación del 100% en la cuota gradual de AJD sobre aquellos documentos notariales en los que se formalicen los depósitos de arras penitenciales previstas en el Código Civil Catalán (esto es, las actas de depósito) así como el resto de documentos notariales que puedan otorgarse para su cancelación registral.

A partir del 1 de mayo de 2020, no es necesaria la presentación de los documentos de los hechos imponibles de ITP y AJD (tampoco del Impuesto de Sucesiones y Donaciones) si el Notario autorizante ha efectuado previamente el envío de la declaración informativa de la escritura correspondiente, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley (Cat) 12/2004, de 27 de diciembre.

Por último, destacar que, también a partir del 1 de mayo de 2020, en el caso de pérdida de un beneficio fiscal por incumplimiento de algunos de los requisitos a que esté condicionado su disfrute definitivo, el sujeto pasivo deberá presentar en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha que se produjo el incumplimiento, una autoliquidación complementaria sin la aplicación del beneficio y con los intereses de demora correspondientes.

 

“Este documento tiene como propósito exclusivo la divulgación de su contenido. No constituye asesoramiento de ningún tipo y, por tanto, no puede considerarse como tal ni debe servir de base para la toma de decisiones”.

 

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Nuevas medidas procesales y organizativas adoptadas en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, para hacer frente a la situación generada por el COVID-19

Se ha aprobado en el Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19. Este nuevo RD-Ley fue publicado el 29 de abril y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esto es, el día 30 de abril de 2020.

El presente RDL 16/2020 será de aplicación a todas las actuaciones procesales desde la entrada en vigor del mismo, con independencia de la fecha de inicio del proceso, excepto que se regulase un plazo determinado en el propio RDL 16/2020.

Las medidas de apoyo que se han aprobado se dividen en los siguientes ámbitos:

  1. – Medidas de carácter procesal
  2. – Medidas de carácter concursal
  3. – Medidas de carácter societarias y mercantiles
  4. – Medidas de carácter laboral
  5. – Medidas de carácter organizativo y tecnológico
  6. – Otras medidas organizativas generales
  7. – Medidas de carácter administrativo

MEDIDAS DE CARÁCTER PROCESAL

Con el decreto de estado de alarma se dispuso la suspensión de los términos y plazos procesales, con las solas excepciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos a todas las personas en el artículo 24 de la Constitución española. Para hacer frente a las presentes medidas se ha procedido a dictar el presente RDL 16/2020, con el objeto de alcanzar el normal funcionamiento de los Juzgados y Tribunales.

  1. i) Habilitación del mes de agosto

Se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales del día 11 de agosto al 31 del 2020, dejando únicamente como inhábil los primeros 10 días de agosto.

  1. ii) Cómputo de plazos procesales

Se establece que los términos y los plazos que hubiesen sido suspendidos por el decreto de estado de alarma volverán a computarse desde su inicio, comenzando su cómputo el primer día hábil en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente, entendiéndose que será una vez finalice el estado de alarma. 

  1. iii) Ampliación del plazo para recurrir sentencias y resoluciones que pongan fin al procedimiento.

Se amplían los plazos para recurrir sentencias y resoluciones que pongan fin al procedimiento cuando o bien sean notificadas durante la suspensión de los plazos debido al estado de alarma o sean notificadas los 20 días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales suspendidos, quedando ampliados por un plazo igual al previsto, ya sea para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso correspondiente.

No obstante, lo dispuesto anteriormente no será de aplicación a los procedimientos cuyos plazos se vieron exceptuados con el decreto de estado de alarma.

  1. iv) Procedimiento especial y sumario en familia

Se introduce un procedimiento especial y sumario en materia de familia durante la vigencia del estado de alarma y será de aplicación hasta 3 meses después de que finalice el mismo en las siguientes materias:

  • – Las relativas al restablecimiento del equilibrio en régimen de visitas o custodia compartida
  • – Las que tengan por objeto solicitar la revisión de medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos.
  • – Las revisiones sobre las obligaciones de prestar alimentos
  1. v) Tramitación preferente de determinados procedimientos

Se regula una tramitación preferente desde el momento en el que se levante la suspensión de los plazos procesales hasta el 31 de diciembre de 2020 de los siguientes procedimientos:

  • – Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en el que se adopten las medidas del artículo 158 del Código Civil y el procedimiento especial y sumario regulado en el presente RDL 16/2020.
  • – En el orden civil los procesos derivados de la falta de reconocimiento por la entidad acreedora de la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de los inmuebles afectos a la actividad económica, procesos arrendaticios derivados de cualesquiera reclamaciones que pudieren plantear los arrendatarios por falta de aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato, así como los procesos concursales de deudores personas naturales que no tengan la condición de empresarios.
  • – En el orden contencioso-administrativo los recurso contra actos y resoluciones de las Administraciones Públicas por las que se deniega la aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos económicos del COVID-19.
  • – En el orden jurisdiccional social los procesos por despido o extinción de contrato, los derivados del procedimiento para declarar el deber y forma de recuperación de horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido previsto en el RDL 10/2020, los procedimientos por aplicación del plan MECUIDA previstos en el RDL 8/2020, los procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de los expedientes de regulación temporal de empleo por las causas reguladas en los artículo 22 y 23 del RD 8/2020 y los que sean para hacer efectivos la modalidad de trabajo a distancia o adecuación de las condiciones de trabajo del artículo 5 del mismo.

MEDIDAS CONCURSALES

En el ámbito concursal, el Real Decreto objeto de análisis de este artículo ha establecido las siguientes medidas:

  1. i) Se fomenta la renegociación de los convenios ya firmados, así como de los acuerdos extrajudiciales de pago ya aprobados y de los acuerdos de refinanciación homologados por el juzgado 

Es importante señalar que la solicitud de renegociación por parte del deudor solo se permitirá durante el siguiente año a la declaración del estado de alarma.

En lo que respecta a las mayorías para su aprobación, cabe decir, que estas son las mismas respecto al convenio original, por lo que no hay variación en este sentido.

Asimismo, debe señalarse que el nuevo convenio no afectará a los créditos nacidos después de la aprobación del convenio original, como tampoco a los acreedores privilegiados.

Lo señalado anteriormente será también de aplicación a los acuerdos extrajudiciales de pago ya aprobados y a los acuerdos de refinanciación ya homologados, pudiéndose incluso presentar nueva solicitud sin necesidad de que haya transcurrido un año desde la presentación de la anterior.

  1. ii) Imposibilidad de cumplir lo establecido en el Convenio y la no solicitud de la apertura de liquidación 

Dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma se podrá suspender el deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación, siempre y cuando el deudor no pueda cumplir con los pagos y las obligaciones contraídas en el convenio original. Asimismo, es necesario que el deudor presente una propuesta de reconvenio (modificación de convenio) y que este sea admitido a trámite.

En caso de no cumplir con lo señalado en el convenio o reconvenio aprobado a durante los dos años próximos a la declaración del estado de alarma, se calificarán como créditos contra la masa, llegado el caso de liquidación, los créditos derivados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas especialmente relacionadas con el concursado, que figuraran en la propuesta de convenio o en la propuesta de modificación del ya aprobado reconvenio.

  1. iii). – Suspensión del deber de solicitar el concurso

Se deroga el Artº.43 del RDL 8/2020 de 17 de marzo, relativo al plazo del deber de solicitar concurso.

En este sentido, se amplía el plazo hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que los deudores que se encuentren en situación de insolvencia no tendrán que solicitar la declaración de concurso hasta la fecha señalada.

Otra de las novedades respecto a la declaración de concurso es que no serán admitidas a trámite las declaraciones de concurso necesario, sino que solo serán admitidas a trámite las voluntarias.

  1. iv) Financiación por parte de personas relacionadas 

Con el fin de facilitar el crédito y la liquidez de la empresa, se califican como ordinarios los créditos de las personas especialmente vinculadas con el deudor en los concursos que pudieran declararse dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma.

También obtendrán esta calificación los créditos en los que se subroguen personas especialmente vinculadas al deudor.

  1. v) Impugnaciones del inventario y su tramitación 

En los concursos de acreedores en los que la administración concursal aún no hubiera presentado el inventario provisional,  la lista provisional de acreedores y en los que se declaren dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, en los incidentes que se incoen para resolver las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores los únicos medios de prueba admisibles serán las documentales y las periciales, sin que sea necesaria la celebración de la vista salvo que el Juez del concurso resuelva otra cosa.

  1. vi) Tramitación preferente 

Con el fin de evitar un gran aumento de litigiosidad en relación con la tramitación de concursos de acreedores en los Juzgados, algunas materias serán tratadas de forma preferente, entre ellas podemos encontrarnos los incidentes concursales en materia laboral, las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos del activo, las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en período de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio, los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio, los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa, la admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente o la adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que  puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y derechos.

  1. vii)  Extrajudicialidad de las subastas en la fase de liquidación 

Se determina que las subastas de bienes y derechos y de unidades productivas de la masa que se realicen durante la fase de liquidación deberán ser extrajudiciales.

  1. viii) Aprobación de planes de liquidación 

Los planes de liquidación que hubieran quedado de manifiesto en la oficina del juzgado, el Juez deberá dictar auto de inmediato, en el que, según estime conveniente para el interés del concurso, aprobará el plan de liquidación, introducirá en él las modificaciones que estime necesarias u oportunas o acordará la liquidación conforme a las reglas legales supletorias.

MEDIDAS SOCIETARIAS Y MERCANTILES

  1. – Suspensión de disolución por pérdidas

 En esta área, el Real Decreto ha establecido la suspensión de la obligación de reducción del capital social por pérdidas en lo que al resultado del ejercicio que se cierra el 31 de diciembre de 2020 respecta.

  1. – Novedades relativas al aplazamiento en el pago de la renta de vivienda habitual

 En lo que respecta a la moratoria en el pago de rentas de viviendas habituales, cabe decir que los arrendatarios de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

Asimismo, los arrendatarios de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, y cuyo arrendador no cumpla las características descritas en el apartado anterior, podrá solicitar en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y en los términos recogidos en el mismo, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera acordado previamente entre ambas partes con carácter voluntario.

  1. – Financiación a arrendatarios mediante avales

 Se autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, mediante convenio con el Instituto de Crédito Oficial, por un plazo de hasta catorce años, desarrolle una línea de avales con total cobertura del Estado, para que las entidades de crédito puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación a las personas que se encuentren en la referida situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente a los gastos de vivienda.

Esta ayuda tendrá forma de préstamo con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. Todo ello para que puedan hacer frente a los gastos de la vivienda.

Cabe decir, que las ayudas transitorias de financiación serán finalistas, debiendo dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda habitual y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.

 MEDIDAS LABORALES

La impugnación de los ERTE que sea llevada a cabo por la comisión representativa prevista en la normativa laboral relativa a enfrentar las consecuencias del COVID-19 será tramitada de la misma forma que los conflictos colectivos.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y TECNOLÓGICO

En los juzgados, tribunales y fiscalías con medios técnicos suficientes se han constituido los juzgados y tribunales en sede con el fin de que, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, puedan realizarse los actos de juicios, vistas, comparecencias, declaraciones y, en general, todos los actos procesales, preferentemente mediante la utilización de medios telemáticos, excepto en la jurisdicción penal para los juicios por delito grave.

Otras medidas organizativas en el ámbito de la Administración de Justicia durante el anteriormente referido plazo son:

  • – Limitación del acceso al público a las salas de vistas.
  • – Dispensa de la utilización de toga en las audiencias públicas.
  • – Los informes médico-forenses podrán realizarse basándose únicamente en la documentación médica existente a su disposición, siempre que ello fuere posible.
  • – Limitación de la atención al público, que se realizará vía telefónica o través de correo electrónico habilitado al efecto, salvo excepciones para las que será necesario obtener previamente la correspondiente cita.
  • – Posibilidad de transformar los nuevos órganos judiciales que estaban pendientes de entrar en funcionamiento en órganos judiciales que conozcan exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19.
  • – Modificación de la Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de Justicia (aspectos relativos a los sistemas de identificación de firma electrónica de los ciudadanos y de los profesionales de la justicia).
  • – Jornada de trabajo: instauración de jornadas de trabajo de mañana y tarde para todos los servicios y órganos jurisdiccionales.

OTRAS MEDIDAS GENERALES

  • – Ampliación de plazos en el ámbito del Registro Civil (matrimonio y nacimientos) y ampliación de la vacatio legis de la Ley 20/2011, de 21 de julio, hasta el 30 de abril de 2021.
  • – Modificación de la Ley 42/2015: se suspende la aplicación del Artº.151.2 LEC (tiempo de la comunicación) para la Fiscalía hasta el 31/12/2020.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

  • – En este sentido, el Real Decreto establece la suspensión de las causas de disolución de los organismos públicos establecida en la Ley 40/2015, esto es, el desequilibrio financiero, por lo que esta no será de aplicación a las cuentas de los ejercicios cerrados en 2020, 2021 y 2022.
  • – Por otro lado, en relación a los Contratos del Sector Público, se modifica la redacción del artículo 159.4, letras d) y f), de la Ley de Contratos del Sector Público, en línea con las últimas modificaciones del procedimiento abierto simplificado introducidas por el Real Decreto-ley 15/2020, adaptándose la apertura de las ofertas sustituyéndose el “acto público de apertura” por la “apertura del sobre o archivo electrónico”.

 

“Este documento tiene como propósito exclusivo la divulgación de su contenido. No constituye asesoramiento de ningún tipo y, por tanto, no puede considerarse como tal ni debe servir de base para la toma de decisiones”.

 

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