La calificaci\u00f3n registral y los recursos que contra la misma caben, resultan materia de indudable trascendencia para el tr\u00e1fico inmobiliario, como lo es por tanto, el \u00f3rgano que resuelve tales recursos. <\/p>\n
La Ley (Catalana) 5\/2009, en su art\u00edculo 3.4, establec\u00eda una regla sobre acumulaci\u00f3n de recursos gubernativos dirigidos contra una misma calificaci\u00f3n registral negativa, que impon\u00eda, por el solo hecho de que uno de ellos se basara en normas de Derecho Catal\u00e1n o en su infracci\u00f3n, una vis atractiva a favor de la Direcci\u00f3n General de Derecho y Entidades Jur\u00eddicas (DGDEJ) de la Generalitat de Catalu\u00f1a, habilit\u00e1ndola para sustanciarlos todos en una sola pieza, incluidos aqu\u00e9llos recursos que no alegaran la infracci\u00f3n de una norma de Derecho especial o foral. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 4\/2014<\/a>, de 16 de enero de 2014, dictada por el Pleno, ha declarado nulo e inconstitucional tal precepto, al entender que la Comunidad Aut\u00f3noma de Catalu\u00f1a tiene \u00fanicamente competencia sobre la calificaci\u00f3n de los t\u00edtulos o las cl\u00e1usulas concretas en materia de derecho catal\u00e1n. Sin embargo, s\u00ed ha declarado constitucional aqu\u00e9l otro precepto de la citada Ley que el Abogado del Estado tambi\u00e9n impugnara, y que inspirado en el car\u00e1cter vinculante de las consultas evacuadas por la DGRN, determina que ser\u00e1n tambi\u00e9n vinculantes las consultas que evac\u00fae la DGDEJ respecto de los actos o negocios relativos al Derecho foral que sean susceptibles de impugnaci\u00f3n en los registros situados en Catalu\u00f1a.<\/p>\n\r\n\t\t