La aplicaci\u00f3n en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n tributaria de las normas relativas a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos e interrupci\u00f3n de plazos para la tramitaci\u00f3n de los procedimientos plantea cuestiones que deben ser resueltas con la mayor celeridad posible.<\/p>\n
En las \u00faltimas horas del d\u00eda 14 de marzo de 2020, ante la grave y excepcional situaci\u00f3n ocasionada por la pandemia internacional que ha provocado el COVID-19, se ha publicado en el Bolet\u00edn Oficial del Estado, con efectos desde el mismo d\u00eda 14 de marzo y por una duraci\u00f3n inicial de 15 d\u00edas naturales, el Real Decreto 463\/2020, por el que se declara el estado de alarma en todo el territorio nacional, siendo la autoridad competente para la adopci\u00f3n de las medidas necesarias encaminadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresi\u00f3n de la enfermedad y reforzar el sistema de salud p\u00fablica, el Gobierno de la naci\u00f3n.<\/p>\n
Podr\u00eda parecer que su contenido afecta exclusivamente al \u00e1mbito de la sanidad y de la seguridad ciudadanas, pero en sus disposiciones adicionales tercera y cuarta encontramos normas que tienen clara incidencia en los procedimientos tributarios y cuyo tenor literal es el siguiente:<\/p>\n
\u201cDisposici\u00f3n adicional tercera. Suspensi\u00f3n de plazos administrativos.<\/strong><\/p>\n Disposici\u00f3n adicional cuarta. Suspensi\u00f3n de plazos de prescripci\u00f3n y caducidad.<\/strong><\/p>\n Los plazos de prescripci\u00f3n y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedar\u00e1n suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las pr\u00f3rrogas que se adoptaren\u201d.<\/p>\n En primer lugar, se suspenden t\u00e9rminos y se interrumpen plazos para la tramitaci\u00f3n de los procedimientos de las entidades del sector p\u00fablico definido en el art\u00edculo 2 de la Ley 39\/2015. Sector p\u00fablico que incluye a las distintas administraciones tributarias del Estado, de las Comunidades Aut\u00f3nomas y de las Corporaciones Locales, que, desde el d\u00eda 14 de marzo, tendr\u00e1n suspendidos o interrumpidos los plazos de los procedimientos de aplicaci\u00f3n de los tributos y de revisi\u00f3n en v\u00eda administrativa.<\/p>\n Resulta evidente que dicha suspensi\u00f3n e interrupci\u00f3n afectar\u00e1 a todos los procedimientos en curso, tanto aquellos que se hayan iniciado a instancia de parte [procedimientos de devoluci\u00f3n iniciados mediante la presentaci\u00f3n de autoliquidaciones o solicitudes, de liquidaci\u00f3n iniciados mediante la presentaci\u00f3n de una declaraci\u00f3n; procedimientos derivados de solicitudes de aplazamientos de pago o compensaci\u00f3n de deudas\u2026; recursos de reposici\u00f3n, reclamaciones econ\u00f3mico-administrativas y procedimientos especiales \u2026] como aquellos que se hayan iniciado de oficio por los \u00f3rganos de Gesti\u00f3n, Inspecci\u00f3n y Recaudaci\u00f3n tributarias [verificaci\u00f3n de datos, comprobaci\u00f3n limitada, investigaci\u00f3n, apremio\u2026] plante\u00e1ndose serias dudas sobre si los efectos de esta norma se deben extender a los plazos establecidos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales por parte del contribuyente, como son los plazos de presentaci\u00f3n de autoliquidaciones, de presentaci\u00f3n de declaraciones informativas, de pago de deudas liquidadas por la Administraci\u00f3n tributaria y de interposici\u00f3n de los recursos y reclamaciones.<\/p>\n Dejando a un lado el debate sobre la naturaleza de las autoliquidaciones tributarias y sobre si su presentaci\u00f3n inicia o no un procedimiento tributario, ser\u00eda un contrasentido entender que se suspenden los plazos reglamentarios establecidos para la presentaci\u00f3n de autoliquidaciones de las que resulta una cuota a ingresar cuando el Real Decreto Ley 7\/2020 regula los aplazamientos del pago de cuotas, inferiores a 30.000 euros, originadas por la presentaci\u00f3n de dichas autoliquidaciones en el lapso de tiempo comprendido entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020. Extendiendo, lo que entiendo es el esp\u00edritu de la norma, al resto de plazos de declaraci\u00f3n, interpreto que no quedan suspendidos los plazos para la presentaci\u00f3n de cualquier declaraci\u00f3n que conlleve una autoliquidaci\u00f3n o liquidaci\u00f3n tributaria, as\u00ed como, tampoco quedan suspendidos los plazos de pago de las cuotas resultantes de autoliquidaciones o liquidaciones tributarias. Cosa distinta ser\u00eda la aplicaci\u00f3n de la suspensi\u00f3n a los plazos para la presentaci\u00f3n de declaraciones informativas [el tan costoso SII], cumplimiento de otras obligaciones formales e interposici\u00f3n de recursos y reclamaciones, que, con los datos actuales, es una inc\u00f3gnita de dif\u00edcil resoluci\u00f3n.<\/p>\n Finalmente, se suspenden los plazos de prescripci\u00f3n de los derechos de la Administraci\u00f3n tributaria [a practicar las liquidaciones, a exigir el pago de las deudas y a imponer sanciones] y de los derechos de los contribuyentes [a solicitar las devoluciones y reembolsos correspondientes] y el plazo de caducidad de los procedimientos tributarios, aunque esto se puede presumir desde el momento en que se suspende directamente el plazo de duraci\u00f3n del procedimiento.<\/p>\n Es seguro que la Administraci\u00f3n tributaria se est\u00e1 planteando estas mismas cuestiones, incluso algunas m\u00e1s, y que proceder\u00e1 a su aclaraci\u00f3n con la mayor brevedad posible.<\/p>\n <\/p>\n Fuente: CEF<\/p>\n\r\n\t\t\n