{"id":3697,"date":"2019-01-17T15:26:46","date_gmt":"2019-01-17T14:26:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fabregat-perulles-sales.com\/actualidad\/?p=3697"},"modified":"2020-02-28T14:24:27","modified_gmt":"2020-02-28T13:24:27","slug":"las-personas-fisicas-vinculadas-con-las-partes-contratantes-en-el-prestamo-hipotecario-no-pueden-ser-consideradas-como-consumidores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fabregat-perulles-sales.com\/actualidad\/las-personas-fisicas-vinculadas-con-las-partes-contratantes-en-el-prestamo-hipotecario-no-pueden-ser-consideradas-como-consumidores\/","title":{"rendered":"Las personas f\u00edsicas vinculadas con las partes contratantes en el pr\u00e9stamo hipotecario, no pueden ser consideradas como consumidores."},"content":{"rendered":"

El 20 de diciembre de 2018, el Tribunal Supremo dict\u00f3 sentencia n\u00famero\u00a0728\/2018<\/a>, reiterando su jurisprudencia sobre la condici\u00f3n de consumidor en relaci\u00f3n a las cl\u00e1usulas generales de la contrataci\u00f3n cuando el adherente no es persona f\u00edsica o tiene una especial vinculaci\u00f3n con el contrato.<\/p>\n

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En el caso objeto de autos se celebr\u00f3 un contrato de pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria entre la entidad financiera, Banco Popular S.A., como prestamista, y la mercantil \u201cFincas y Alquileres\u201d, como prestataria, con la finalidad de financiar una promoci\u00f3n de vi\"\"viendas. En dicho contrato intervino como hipotecante no deudora la sociedad Cisce 2005 S.L., y como fiador solidario, la persona que, a fecha del contrato, era apoderado solidario de Cisce y presidente de su consejo de administraci\u00f3n, as\u00ed como administrador solidario de Fincas y Alquileres. En lo que aqu\u00ed interesa, tanto la hipotecante no deudora como el fiador presentaron demanda solicitando la nulidad por abusiva de una cl\u00e1usula, incluida en la escritura, relativa a la tasaci\u00f3n de la finca hipotecada. Insistiendo reiteradamente en el desequilibrio en las prestaciones y postulando un control de abusividad que \u00fanicamente es propio de los contratos en que el adherente es consumidor.<\/p>\n

El Tribunal Supremo establece que la aplicaci\u00f3n de la nulidad prevista en el art. 9 LCGC <\/a>tiene como presupuesto, precisamente, que el adherente sea consumidor. Sin embargo, ni la sociedad hipotecante no deudora ni el fiador tienen la condici\u00f3n legal de consumidores.<\/p>\n

Respecto de la sociedad, el ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol, a diferencia de las Directivas comunitarias en materia de consumo que \u00fanicamente reconocen la condici\u00f3n de consumidores a las personas f\u00edsicas, permite que una persona jur\u00eddica pueda ser consumidora, pero siempre que no tenga \u00e1nimo de lucro<\/em><\/strong> (art. 3 TRLGCU<\/a>). Sin embargo, una sociedad de responsabilidad limitada, cualquiera que sea su objeto social, tiene, per se, \u00e1nimo de lucro (art. 116 CCom <\/a>y 1 de la Ley de Sociedades de Capital<\/a>). El TS entiende que tampoco cabe considerar que la sociedad hipotecante no deudora interviniera en la operaci\u00f3n al margen de su actividad empresarial, puesto que lo hizo en funci\u00f3n de sus relaciones mercantiles con Fincas y Alquileres.<\/p>\n

Respecto al fiador, tampoco puede ser considerado consumidor, ya que era administrador y apoderado de la sociedad hipotecante y administrador de la sociedad deudora, por lo que, tanto conforme a la jurisprudencia del TJUE como la del TS, tiene una evidente vinculaci\u00f3n funcional con las partes del contrato enjuiciado<\/em><\/strong>.<\/p>\n

Como ya ha establecido el Tribunal Supremo en la Sentencia 314\/2018, de 28 de mayo, en los AATJUE de 19 de noviembre de 2015 (asunto C- 74\/15, Tarc\u00e3u ) y de 14 de septiembre de 2016 (asunto C-534\/15, Dumitras), en caso de garantes, el TJUE excluye la condici\u00f3n de consumidores cuando, aun actuando al margen de una actividad empresarial o profesional, tienen un “v\u00ednculo funcional” con el contratante profesional; es decir, no son del todo ajenos al aspecto profesional o empresarial de la operaci\u00f3n. En cuanto a esa caracterizaci\u00f3n del v\u00ednculo funcional, el mencionado ATJUE de 19 de noviembre de 2015 ofrece una primera aproximaci\u00f3n, al decir en su apartado 29 (reproducido posteriormente en el ATJUE de 14 de septiembre de 2016, \u00a7 34): “De este modo, en el caso de una persona f\u00edsica que se constituy\u00f3 en garante de la ejecuci\u00f3n de las obligaciones de una sociedad mercantil, corresponde al juez nacional determinar si dicha persona actu\u00f3 en el marco de su actividad profesional o por raz\u00f3n de los v\u00ednculos funcionales que mantiene con dicha sociedad, como la gerencia de la misma o una participaci\u00f3n significativa en su capital social, o bien si actu\u00f3 con fines de car\u00e1cter privado<\/em>“.<\/p>\n

El Tribunal concluye estableciendo que con el t\u00e9rmino “gerencia” que utiliza el TJUE, se debe entender cualquier modalidad de administraci\u00f3n de la sociedad, por lo que quien participa directamente en la toma de decisiones de la empresa tiene v\u00ednculo funcional con ella. Es decir, a estos efectos, todos los administradores, sean del tipo que sean, han de considerarse empresarios y no consumidores.<\/p>\n

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