{"id":3083,"date":"2017-11-10T10:22:01","date_gmt":"2017-11-10T09:22:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fabregat-perulles-sales.com\/actualidad\/?p=3083"},"modified":"2017-12-04T10:36:03","modified_gmt":"2017-12-04T09:36:03","slug":"potestad-de-la-administracion-de-sancionar-la-utilizacion-de-clausulas-abusivas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fabregat-perulles-sales.com\/actualidad\/potestad-de-la-administracion-de-sancionar-la-utilizacion-de-clausulas-abusivas\/","title":{"rendered":"POTESTAD DE LA ADMINISTRACI\u00d3N DE SANCIONAR LA UTILIZACI\u00d3N DE CLAUSULAS ABUSIVAS"},"content":{"rendered":"

El Tribunal Supremo, en su sentencia n\u00ba 1.557\/2017, de fecha 16 de septiembre de 2.017<\/a>, estima un recurso de casaci\u00f3n en inter\u00e9s de ley presentado por la Junta de Andaluc\u00eda contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andaluc\u00eda, que anul\u00f3 cuatro multas impuestas por la Secretar\u00eda General de Consumo andaluza a Unicaja por cl\u00e1usulas abusivas.\"\"<\/p>\n

La Sentencia del TSJ Andaluc\u00eda habr\u00eda anulado las multas impuestas por cuanto la jurisdicci\u00f3n civil no habr\u00eda declarado todav\u00eda su abusividad. El TSJ, sin embargo, determina que la sentencia es err\u00f3nea y gravemente da\u00f1osa para el inter\u00e9s general.<\/p>\n

En la sentencia, el Tribunal Supremo subraya que la\u00a0Ley General para la Defensa de los Consumidores no impone \u201cesa suerte de prejudicialidad civil que se infiere de la sentencia recurrida<\/em>, para el ejercicio de la potestad sancionadora, toda vez que el il\u00edcito administrativo que castiga, la introducci\u00f3n de cl\u00e1usulas abusivas, es t\u00edtulo suficiente para ejercer la potestad sancionadora<\/em>\u201d.<\/p>\n

De esta forma, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, fija como doctrina legal que la Administraci\u00f3n tiene\u00a0potestad para sancionar la utilizaci\u00f3n de cl\u00e1usulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios<\/strong>\u00a0\u201csin necesidad de previa declaraci\u00f3n judicial del orden civil\u201d, sin perjuicio de que la sanci\u00f3n impuesta pueda ser luego impugnada ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, que ser\u00e1 el que se pronuncie sobre la legalidad de la sanci\u00f3n administrativa impuesta y por ello sobre el car\u00e1cter abusivo de la cl\u00e1usula, exclusivamente a esos efectos sancionadores.<\/p>\n

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El Supremo destaca adem\u00e1s que la Directiva\u00a093\/13\/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993,\u00a0 sobre cl\u00e1usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores tampoco atribuye ese filtro al juez civil para el ejercicio de la potestad sancionadora<\/strong>,\u00a0sino que considera de manera amplia los modos para impedir o corregir el uso de cl\u00e1usulas abusivas, cuando\u00a0 se\u00f1ala que las personas u organizaciones, que, con arreglo a la legislaci\u00f3n nacional, tengan un inter\u00e9s leg\u00edtimo en la protecci\u00f3n del consumidor, pueden presentar un recurso contra las cl\u00e1usulas contractuales abusivas, ya sea ante un \u00f3rgano judicial o ante una autoridad administrativa competente.<\/p>\n\r\n\t\t