{"id":2023,"date":"2015-10-23T15:04:16","date_gmt":"2015-10-23T14:04:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fabregat-perulles-sales.com\/actualidad\/?p=2023"},"modified":"2017-05-23T13:59:34","modified_gmt":"2017-05-23T12:59:34","slug":"forum-shopping-en-la-ue-entre-forum-y-ius-vii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fabregat-perulles-sales.com\/actualidad\/forum-shopping-en-la-ue-entre-forum-y-ius-vii\/","title":{"rendered":"F\u00f3rum shopping en la UE, entre F\u00f3rum y Ius (VII)"},"content":{"rendered":"

X. 4.- Posici\u00f3n del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea ante maniobras de f\u00f3rum<\/i> Shopping<\/i>. Interpretaci\u00f3n estricta del concepto de litispendencia comunitaria. \"competencia<\/a><\/b><\/p>\n

<\/b>Sin perjuicio de la innovaci\u00f3n y de la eficacia que puedan desplegar el nuevo texto del Reglamento 1215\/ 2012 <\/a>as\u00ed como en especial, su art\u00edculo 31.2, \u00a0es lo cierto que la Jurisprudencia del Tribunal de la Uni\u00f3n Europea se mostrado excesivamente reticente \u00a0-a juicio de un sector de la doctrina- a remediar situaciones de f\u00f3rum<\/i> Shopping<\/i> que fueren reflejo de actuaciones de abuso.<\/p>\n

Hasta la fecha, han sido paradigm\u00e1ticas de esta situaci\u00f3n tres sentencias, dictadas en los asuntos Tatry (C-406\/92) Gasser (C-116\/02) y Turner (C-159\/02), por las razones que exponemos a continuaci\u00f3n.<\/p>\n

De inicio, debe indicarse que, la doctrina resultante del asunto Gasser (C-116\/02)<\/b> parecer\u00eda haberse superado por la nueva redacci\u00f3n del art\u00edculo 31.2 del Reglamento en la medida en que se confiere una suerte de primac\u00eda al Tribunal que tiene atribuida su competencia por m\u00e9ritos de la aplicaci\u00f3n de los foros de competencia por acuerdo de pr\u00f3rroga de competencia regulados en el art\u00edculo 25.<\/p>\n

En cuanto a la primera de las resoluciones citadas, dictada en el asunto Tatry (C-406\/92),<\/span><\/b> el Tribunal entiende que en el supuesto en que dos demandas que tengan la misma causa y el mismo objeto, y cuando las partes del segundo procedimiento coincidan s\u00f3lo parcialmente con las partes del procedimiento iniciado anteriormente en otro Estado contratante, s\u00f3lo exige que se inhiba el \u00f3rgano jurisdiccional ante el que se ha planteado el segundo procedimiento si las partes del litigio pendiente ante el mismo son tambi\u00e9n partes del procedimiento anteriormente iniciado.<\/p>\n

<\/p>\n

Se concluye por el Tribunal que el art\u00edculo 21 (del Convenio Bruselas) no impide que contin\u00fae el procedimiento entre las dem\u00e1s partes[1]<\/a>. \u00a0Como puede colegirse, la raz\u00f3n del Tribunal descansa en una interpretaci\u00f3n muy restrictiva del concepto de litispendencia al exigir la plena identidad de las partes. As\u00ed lo dice expresamente en el p\u00e1rrafo 33 de la resoluci\u00f3n citada: \u201c<\/i>33 A la luz del tenor literal del art\u00edculo 21 del Convenio y del objetivo anteriormente expuesto, dicho art\u00edculo debe interpretarse en el sentido de que exige, como requisito de la obligaci\u00f3n de inhibirse del segundo fuero ante el que se ha planteado el procedimiento, que las partes de los dos procedimientos sean id\u00e9nticas.\u201d<\/p>\n

Por su parte, en el asunto Turner (C-159\/02),<\/b> sustanciado estando ya en vigor el Reglamento 44\/2001<\/a>, la Corte rechaza expl\u00edcitamente la posibilidad del dictado de una orden de inhibici\u00f3n en la medida en que, entiende que, de procederse de esta forma, se estar\u00eda privando al Tribunal de su propia facultad de examinar y ejercer su competencia y ello, y aqu\u00ed es lo relevante a los efectos del presente trabajo, a\u00fan cuando se haya\u00a0 constatado una actuaci\u00f3n de mala fe tendente a la obstaculizaci\u00f3n del procedimiento.<\/p>\n

Dicha interpretaci\u00f3n, es sostenida tambi\u00e9n por el Tribunal en el asunto C<\/b>\u2011185\/07 Allianz vs <\/b>West Tankers <\/b>[2]<\/a>.<\/p>\n

Menci\u00f3n separada merece la Sentencia citada dictada en el asunto Gasser (C-116\/02<\/b>) cuya virtualidad, adem\u00e1s de mantener la negativa del Tribunal a reconocer las anti-suit injunction<\/i>, declara no haber lugar a otorgar primac\u00eda a los acuerdos de pr\u00f3rroga de competencia o mejor, no ser estos de suficiente entidad para sostener la abstenci\u00f3n del Tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda bas\u00e1ndose en distinto foro competencial. Concluye por tanto que \u201cel tribunal ante el que se ha formulado la segunda demanda y cuya competencia ha sido reivindicada en virtud de una cl\u00e1usula atributiva de competencia debe suspender el procedimiento hasta que el tribunal ante el que se formul\u00f3 la primera demanda se declare incompetente \u201d apostillando adem\u00e1s que<\/b> \u201cno pueden establecerse excepciones a sus disposiciones cuando, por lo general, la duraci\u00f3n de los procesos ante los \u00f3rganos jurisdiccionales del Estado contratante en el que se encuentra el tribunal ante el que se ha formulado la primera demanda es excesivamente larga\u201d.<\/p>\n

Ciertamente, como indic\u00e1bamos al inicio, la tesis de dicha sentencia se ha visto superada por el tenor del actuar art\u00edculo 31.2, en la medida en que: \u201c Sin perjuicio de lo dispuesto en el art\u00edculo 26, si se presenta una demanda ante un \u00f3rgano jurisdiccional de un Estado miembro que tenga competencia exclusiva en virtud de un acuerdo contemplado en el art\u00edculo 25, cualquier \u00f3rgano jurisdiccional de otro Estado miembro suspender\u00e1 <\/span><\/b>el procedimiento hasta que el \u00f3rgano jurisdiccional ante el que se present\u00f3 la demanda en virtud del acuerdo de que se trate se declare incompetente con arreglo al acuerdo.\u201d<\/p>\n

 <\/p>\n

X.5.- Inaplicaci\u00f3n de las Anti-suit injuctions<\/i> y el llamado F\u00f3rum non conveniens<\/i>\u00a0 como instituciones impeditivas de F\u00f3rum<\/i> Shopping<\/i><\/b>.<\/p>\n

Ha resultado ser asimismo paradigm\u00e1tica, la reticencia que el legislador comunitario \u2013y tambi\u00e9n del Tribunal de Justica como se ha visto- \u00a0ha mostrado hist\u00f3ricamente para \u201cimportar\u201d de los sistemas de Common law,<\/i> alguna de las instituciones que tradicionalmente se han empleado para combatir situaciones de f\u00f3rum<\/i> shopping<\/i>, como son, las Anti-suit injuctions<\/i> y el llamado F\u00f3rum non conveniens<\/i>.<\/p>\n

Ciertamente a d\u00eda de hoy el Reglamento 1215\/2012, ha optado por mantener el silencio que al efecto guardaron sus antecedentes legislativos, por lo que entendemos que la Jurisprudencia existente ser\u00e1 igualmente v\u00e1lida en supuestos que caigan bajo el amparo de la nueva regulaci\u00f3n[3]<\/a> ya que entendemos que el tenor del Considerando 24, adem\u00e1s de no tener car\u00e1cter normativo, no tendr\u00e1 peso espec\u00edfico suficiente para modificar el sentido del cuerpo jurisprudencial creado en torno a esta materia.<\/p>\n

1.- Anti-suit injuctions<\/i><\/b>:<\/i><\/p>\n

En esencia, mediante dichas resoluciones se ordena a la parte abstenerse de iniciar un procedimiento o la prosecuci\u00f3n de los mismos una vez iniciado este.<\/p>\n

El Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TJUE), ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de la compatibilidad o no de dicha instituci\u00f3n con el sistema de Bruselas, siendo que la respuesta ha sido y se ha mantenido hasta la fecha, negativa a considerar compatibles dichas \u00a0anti-suit injuction<\/i> con el sistema del Convenido antes y hoy del Reglamento.<\/p>\n

Como antecedente podemos traer a colaci\u00f3n la Sentencia de\u00a0 27 abril 2004,\u00a0 Turner c.\u00a0 Grovit, aff. C-159\/02 y m\u00e1s recientemente la Sentencia de 10 de febrero de 2009, as. Allianz \/ West Tankers, cuyo pronunciamiento m\u00e1s significativo reproducimos[4]<\/a>.<\/p>\n

2.- F\u00f3rum non conveniens. <\/span><\/i><\/b><\/p>\n

De forma breve, podemos significar que mediante la doctrina del F\u00f3rum non conveniens,<\/i> se permite a las jurisdicciones de Common Law rechazar ad limine<\/i> una pretensi\u00f3n que a su criterio muestre m\u00e1s relaci\u00f3n o mayores puntos de conexi\u00f3n con la jurisdicci\u00f3n de un tercer Estado[5]<\/a>.<\/p>\n

Parte de la doctrina, pero fundamentalmente la Jurisprudencia del Tribunal de las Comunidades Europeas (TJUE) se ha mostrado radicalmente contrario a utilizar en sede comunitaria\u00a0 dicho doctrina o recurso de equidad, en varias ocasiones en las que se ha podido pronunciar sobre la materia. Exponente de dicha negativa se encuentra en la Sentencia\u00a0 de 1 de marzo de 2005,\u00a0 Owusu vs Jackson, As. C-281\/02<\/b>[6]<\/a>, en la que se deniega declinar la competencia del Juzgado a favor de los Tribunales de Jamaica, a pesar de que muchos de los elementos\u00a0 significativos de las relaciones jur\u00eddicas debatidas\u00a0 se hallaban espec\u00edficamente relacionados con el estado Jamaicano.<\/p>\n

 <\/p>\n

XI.- Conclusiones. <\/b><\/b><\/p>\n

A modo de conclusi\u00f3n, podemos decir que si bien con la nueva redacci\u00f3n del art\u00edculo 31.2 el Reglamento 1215\/2012 ha introducido una eficaz herramienta de lucha contra el f\u00f3rum shopping<\/i>, no es menos cierto que, en la materia que nos ha ocupado, el legislador comunitario habr\u00eda perdido una buena oportunidad para regular de forma efectiva alguna de las cuestiones que han presentado mayores dificultades pr\u00e1cticas y han suscitado mayores discusiones doctrinales, durante la vigencia del Reglamento 44\/2001 \u2013y su antecedente el Convenio de Bruselas- como pueden ser, entre otros aspectos, aquellos relativos a i)<\/b> la extrema rigidez del concepto que litispendencia que el Tribunal ha forjado en sus distintas resoluciones dictadas en interpretaci\u00f3n del Reglamento, ii) <\/b>la introducci\u00f3n de instituciones como el llamado f\u00f3rum non conveniens,<\/i> en el texto del reglamento, y iii) <\/b>solventar en mejor medida, las dificultades interpretativas que siguen manteni\u00e9ndose acerca de la relaci\u00f3n entre el arbitraje y el Reglamento, cuanto menos en lo relativo a la validez de la cl\u00e1usula compromisoria,\u00a0 al apoyo jurisdiccional al arbitraje, al reconocimiento y ejecuci\u00f3n de sentencias, entre los m\u00e1s significativos, y todo ello, en aras a superar las cr\u00edticas que suscit\u00f3 en su momento la decisi\u00f3n adoptada por la Corte de Justicia en el asunto C-185\/07 West Tankers y que hoy parece que sustancialmente pueden considerarse igualmente vigentes.<\/p>\n

Al hilo de lo anterior, y constatada la insuficiencia de los remedios que regula el Reglamento para luchar contra pr\u00e1cticas abusivas de f\u00f3rum shopping,\u00a0 una parte de la doctrina[7]<\/a> sostiene la conveniencia de lege ferenda<\/i> de recurrir a instituciones propias del derecho sustantivo para combatir ex ante<\/i>, e incluso, ex post<\/i>, los efectos del f\u00f3rum shopping<\/i>, recurso que se concretar\u00eda en la aplicaci\u00f3n de la teor\u00eda del abuso de derecho. En un plano dogm\u00e1tico, en el concreto caso espa\u00f1ol, como remedio ex ante,<\/i> podr\u00eda acudirse al tenor del art\u00edculo 11 de la LOPJ<\/a>[8]<\/a> .<\/p>\n

Por otra parte, tampoco podemos olvidar que el propio Reglamento contiene una norma de cierre, en sede de reconocimiento y por tanto, de materializaci\u00f3n de la tutela pretendida, como es la excepci\u00f3n de contravenci\u00f3n manifiesta del Orden P\u00fablico prevista y regulada en su art\u00edculo 45. Las dificultades de oponer dicha excepci\u00f3n a resoluciones dictadas por los Tribunales de un estado miembro, son evidentes, y su aplicaci\u00f3n radicalmente extraordinario, en la medida en que el Reglamento se basa en la rec\u00edproca confianza de los Estados miembros, descansa en el principio de libre circulaci\u00f3n de resoluciones judiciales y, no se olvide, el Tribunal que ha dictado la resoluci\u00f3n ostenta competencia en aplicaci\u00f3n de las normas del propio Reglamento. Sin embargo, y a pesar de su car\u00e1cter, repetimos, radicalmente extraordinario, tal excepci\u00f3n existe y, por ende, el legislador comunitario ha querido dar y da efectivamente un margen a los Estados miembros para impedir las actuaciones que se consideren susceptibles de suponer una vulneraci\u00f3n de su propio orden p\u00fablico, esto es, sus valores de convivencia m\u00e1s esenciales.<\/p>\n

En el concreto caso espa\u00f1ol, el orden p\u00fablico -en este caso, internacional- protege, entre otros aspectos, pero muy especialmente el derecho de defensa de la parte, al ser considerado este \u00faltimo como uno de los valores supremos del ordenamiento jur\u00eddico, hall\u00e1ndose reconocido este \u00faltimo a nivel constitucional \u2013norma suprema del Estado- en el art\u00edculo 24 de Constituci\u00f3n espa\u00f1ola<\/a>[9]<\/a>. Por ende, y en un plano dogm\u00e1tico, y previa prueba plena no solo de la vulneraci\u00f3n del derecho defensa, sino de la efectiva indefensi\u00f3n que se hubiere podido producir como consecuencia de una actuaci\u00f3n abusiva de f\u00f3rum shopping, no resultar\u00eda descabellado invocarse \u00a0la excepci\u00f3n de contravenci\u00f3n orden p\u00fablico en aras a evitar el reconocimiento y ejecuci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de que se trate.<\/p>\n

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[1]<\/a> Vide P\u00e1rrafos 29\u00a0 y siguientes de la Sentencia.<\/p>\n<\/div>\n

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[2]<\/a> 29\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ne consegue, anzitutto, che una anti-suit injunction, come quella di cui alla causa principale, non rispetta, come ha rilevato l\u2019avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, il principio generale risultante dalla giurisprudenza della Corte relativa alla Convenzione di Bruxelles, secondo cui ciascun giudice adito accerta esso stesso, in forza delle disposizioni ad esso applicabili, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia ad esso sottoposta (v., in tal senso, sentenza Gasser, cit., punti\u00a048 e 49). Al riguardo si deve ricordare che il regolamento n.\u00a044\/2001 non autorizza, salvo limitate eccezioni, senza pertinenza con la causa principale, il sindacato della competenza di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro (sentenze 27 giugno 1991, causa C\u2011351\/89, Overseas Union Insurance e\u00a0a., Racc.\u00a0pag.\u00a03317, punto\u00a024, e Turner, cit., punto\u00a026). Tale competenza \u00e8 determinata direttamente dalle norme stabilite da detto regolamento, tra cui quelle riguardanti il suo ambito di applicazione. Un giudice di uno Stato membro non \u00e8 quindi in nessun caso pi\u00f9 qualificato a pronunciarsi sulla competenza rispetto a un giudice di un altro Stato membro (citate sentenze Overseas Union Insurance e\u00a0a., punto\u00a023, e Gasser, punto\u00a048).<\/p>\n

30\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Inoltre, ostacolando un giudice di un altro Stato membro nell\u2019esercizio dei poteri che il regolamento n.\u00a044\/2001 gli attribuisce, vale a dire nel decidere, in base alle norme che definiscono l\u2019ambito di applicazione per materia del regolamento n.\u00a044\/2001, tra cui il suo art.\u00a01, n.\u00a02, lett.\u00a0d), se il detto regolamento sia applicabile, una siffatta anti-suit injunction va, allo stesso tempo, in senso opposto alla fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie e sulla quale \u00e8 fondato il sistema di competenze del regolamento n.\u00a044\/2001 (v., in tal senso, sentenza Turner, cit., punto\u00a024).<\/p>\n

31\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Infine, se attraverso una anti-suit injunction fosse impedito al Tribunale di Siracusa di esaminare esso stesso la questione preliminare di validit\u00e0 o di applicabilit\u00e0 dell\u2019accordo arbitrale, una parte potrebbe sottrarsi al procedimento limitandosi ad eccepire detto accordo e il ricorrente, che considerasse quest\u2019ultimo caduco, inoperante o inapplicabile, si vedrebbe in tal modo impedire l\u2019accesso al giudice nazionale da lui adito ai sensi dell\u2019art.\u00a05, punto\u00a03, del regolamento n.\u00a044\/2001 e sarebbe pertanto privato di una forma di tutela giurisdizionale alla quale ha diritto.<\/p>\n

32\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Di conseguenza, una anti-suit injunction, quale quella di cui alla causa principale, \u00e8 incompatibile con il regolamento n.\u00a044\/2001.<\/p>\n<\/div>\n

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[3]<\/a> Este silencio y la negativa de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia se muestran contrario al Principio 2.4 de los PRINCIPIOS ALI\/UNIDROIT DEL PROCESO CIVIL TRANSNACIONAL cuyo tenor es el siguiente: \u201c Se puede declinar la jurisdicci\u00f3n o suspenderse el procedimiento cuando el tribunal sea manifiestamente inadecuado en comparaci\u00f3n con otro m\u00e1s apropiado para ejercerla.\u201d<\/p>\n

Sin perjuicio de ello, debemos se\u00f1alar que como indica el Comentario al indicado principio, el recurso a dicho principio no puede hacerse en detrimento de los derecho de defensa de una de las partes.<\/p>\n<\/div>\n

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[4]<\/a>\u00a0 Sentencia del Tribunal de Justicia ( Gran sala) de 10 de febrero de 2009:<\/p>\n

\u201c29\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ne consegue, anzitutto, che una anti-suit injunction, come quella di cui alla causa principale, non rispetta, come ha rilevato l\u2019avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, il principio generale risultante dalla giurisprudenza della Corte relativa alla Convenzione di Bruxelles, secondo cui ciascun giudice adito accerta esso stesso, in forza delle disposizioni ad esso applicabili, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia ad esso sottoposta (v., in tal senso, sentenza Gasser, cit., punti\u00a048 e 49). Al riguardo si deve ricordare che il regolamento n.\u00a044\/2001 non autorizza, salvo limitate eccezioni, senza pertinenza con la causa principale, il sindacato della competenza di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro (sentenze 27 giugno 1991, causa C\u2011351\/89, Overseas Union Insurance e\u00a0a., Racc.\u00a0pag.\u00a03317, punto\u00a024, e Turner, cit., punto\u00a026). Tale competenza \u00e8 determinata direttamente dalle norme stabilite da detto regolamento, tra cui quelle riguardanti il suo ambito di applicazione. Un giudice di uno Stato membro non \u00e8 quindi in nessun caso pi\u00f9 qualificato a pronunciarsi sulla competenza rispetto a un giudice di un altro Stato membro (citate sentenze Overseas Union Insurance e\u00a0a., punto\u00a023, e Gasser, punto\u00a048).<\/p>\n

30\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Inoltre, ostacolando un giudice di un altro Stato membro nell\u2019esercizio dei poteri che il regolamento n.\u00a044\/2001 gli attribuisce, vale a dire nel decidere, in base alle norme che definiscono l\u2019ambito di applicazione per materia del regolamento n.\u00a044\/2001, tra cui il suo art.\u00a01, n.\u00a02, lett.\u00a0d), se il detto regolamento sia applicabile, una siffatta anti-suit injunction va, allo stesso tempo, in senso opposto alla fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie e sulla quale \u00e8 fondato il sistema di competenze del regolamento n.\u00a044\/2001 (v., in tal senso, sentenza Turner, cit., punto\u00a024).<\/p>\n

31\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Infine, se attraverso una anti-suit injunction fosse impedito al Tribunale di Siracusa di esaminare esso stesso la questione preliminare di validit\u00e0 o di applicabilit\u00e0 dell\u2019accordo arbitrale, una parte potrebbe sottrarsi al procedimento limitandosi ad eccepire detto accordo e il ricorrente, che considerasse quest\u2019ultimo caduco, inoperante o inapplicabile, si vedrebbe in tal modo impedire l\u2019accesso al giudice nazionale da lui adito ai sensi dell\u2019art.\u00a05, punto\u00a03, del regolamento n.\u00a044\/2001 e sarebbe pertanto privato di una forma di tutela giurisdizionale alla quale ha diritto.<\/p>\n

32\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Di conseguenza, una anti-suit injunction, quale quella di cui alla causa principale, \u00e8 incompatibile con il regolamento n.\u00a044\/2001.\u201d.<\/p>\n

[5] The Doctrine of Forum Non Convenienes in Anglo-American Law Paxton Blair Columbia Law Review Vol.29, No.1 (Jan.,1929), pp.1-34. Traemos a colaci\u00f3n esta opini\u00f3n significando la fecha de su publicaci\u00f3n, lo que pone de manifiesto la tradici\u00f3n que dicha instituci\u00f3n tiene en el derecho anglosaj\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n

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[6]<\/a> Sentenza\u00a0 della Corte de 1 de marzo de 2005,\u00a0 Owusu vs Jackson, As. C-281\/02<\/p>\n

\u201cSulla compatibilit\u00e0 dell\u2019eccezione del forum non conveniens con la Convenzione di Bruxelles:<\/p>\n

37<\/p>\n

Deve osservarsi, anzitutto, che l\u2019art.\u00a02 della Convenzione di Bruxelles ha carattere imperativo e che, come risulta dalla sua stessa lettera, la norma di principio che esso prevede \u00e8 derogabile solo in casi espressamente previsti dalla Convenzione medesima (v., sul carattere obbligatorio del sistema di competenza attuato con la Convenzione di Bruxelles, sentenze 9 dicembre 2003, causa C-116\/02, Gasser, Racc. pag. I-14693, punto 72, e 27 aprile 2004, causa C-159\/02, Turner, Racc. pag. I-3565, punto 24). Orbene, \u00e8 pacifico che un\u2019eccezione fondata sulla teoria del forum non conveniens non \u00e8 stata prevista dagli autori della Convenzione, ancorch\u00e9 sia stata discussa la questione in sede di stesura della Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all\u2019adesione del Regno di Danimarca, dell\u2019Irlanda e del Regno Unito, come emerge dalla relazione sulla Convenzione stessa, presentata dal sig. Schlosser (GU 1979, C\u00a059, pag. 71, punti 77 e 78).<\/p>\n

38<\/p>\n

Il rispetto del principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Bruxelles (v., segnatamente, sentenze 28 settembre 1999, causa C-440\/97, GIE Groupe Concorde e a., Racc. pag. I\u20116307, punto 23, e 19 febbraio 2002, causa C-256\/00, Besix, Racc. pag. I\u20111699, punto 24), non sarebbe pienamente garantito se si dovesse consentire ad un giudice competente ai sensi della detta Convenzione di applicare l\u2019eccezione del forum non conveniens.<\/p>\n

39<\/p>\n

Infatti, ai sensi del suo preambolo, la Convenzione di Bruxelles mira a potenziare nella Comunit\u00e0 la tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio, prevedendo norme comuni sulla competenza tali da assicurare certezza in merito alla ripartizione delle competenze tra i vari giudici nazionali che possono essere aditi in occasione di una controversia determinata (sentenza Besix, cit., punto 25).<\/p>\n

40<\/p>\n

La Corte ha cos\u00ec ritenuto che il principio della certezza del diritto richiede, in particolare, che le norme sulla competenza che derogano al principio generale enunciato nell\u2019art.\u00a02 della Convenzione di Bruxelles siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potr\u00e0 essere citato (sentenze citate GIE Groupe Concorde e a., punto 24, e Besix, punto 26).<\/p>\n

41<\/p>\n

Orbene, l\u2019applicazione della teoria del forum non conveniens, che lascia un ampio margine di discrezionalit\u00e0 al giudice adito quanto alla questione se un foro straniero sia maggiormente idoneo a pronunciarsi sul merito di una controversia, \u00e8 tale da pregiudicare la prevedibilit\u00e0 delle norme sulla competenza previste dalla Convenzione di Bruxelles, in particolare di quella di cui all\u2019art.\u00a02 e, conseguentemente, il principio di certezza del diritto, quale fondamento della Convenzione medesima.<\/p>\n

42<\/p>\n

La tutela giuridica delle persone residenti nella Comunit\u00e0 sarebbe parimenti pregiudicata. Infatti, da una parte, il convenuto, generalmente in grado di difendersi meglio dinanzi ai giudici del proprio domicilio, non potrebbe, in circostanze come quelle della causa principale, prevedere ragionevolmente dinanzi a quale altro giudice rischierebbe di essere citato. D\u2019altra parte, nell\u2019ipotesi in cui venga sollevata un\u2019eccezione relativa all\u2019esistenza di un foro straniero pi\u00f9 idoneo a conoscere della controversia, spetta all\u2019attore dimostrare che non potrebbe ottenere giustizia dinanzi al detto foro straniero o, ove il giudice adito ritenga di accogliere l\u2019eccezione, che il foro medesimo, in definitiva, non \u00e8 competente a conoscere della controversia o che l\u2019attore, in realt\u00e0, non ha accesso ad una giustizia effettiva dinanzi ad esso, a prescindere dal costo che rappresentano la proposizione di una nuova azione dinanzi al giudice di un altro Stato e il protrarsi dei tempi del giudizio.<\/p>\n

43<\/p>\n

Inoltre, l\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019eccezione del forum non conveniens nel contesto della Convenzione di Bruxelles rischierebbe di inficiare l\u2019applicazione uniforme delle norme sulla competenza in essa previste, essendo la detta eccezione riconosciuta solo in un numero limitato di Stati contraenti, mentre il fine della Convenzione di Bruxelles consiste proprio nel prevedere norme comuni, restando escluse le norme nazionali divergenti.<\/p>\n

44<\/p>\n

I convenuti principali sottolineano le conseguenze pratiche negative che discenderebbero dall\u2019obbligo che incomberebbe, nella specie, sui giudici inglesi di pronunciarsi sul merito della controversia, in particolare riguardo ai costi del giudizio, alla possibilit\u00e0 di rimborso delle spese in Inghilterra in caso di rigetto dell\u2019azione proposta, alle difficolt\u00e0 logistiche legate alla distanza geografica, alla necessit\u00e0 di valutare il merito della controversia in base a criteri vigenti in Giamaica, alla possibilit\u00e0 di ottenere in Giamaica l\u2019esecuzione di una sentenza contumaciale e all\u2019impossibilit\u00e0 di prevedere una domanda riconvenzionale nei confronti degli altri convenuti.<\/p>\n

45<\/p>\n

A tale riguardo, a prescindere dall\u2019effettivit\u00e0 di tali difficolt\u00e0, \u00e8 sufficiente osservare che siffatte considerazioni, di cui non si pu\u00f2 tener conto proprio in sede di applicazione dell\u2019eccezione del forum non conveniens, non sono tali da rimettere in questione il carattere obbligatorio della regola fondamentale sulla competenza, di cui all\u2019art.\u00a02 della Convenzione di Bruxelles, per le ragioni precedentemente chiarite.<\/p>\n

46<\/p>\n

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la prima questione nel senso che la Convenzione di Bruxelles osta a che il giudice di uno Stato contraente declini la competenza conferitagli dall\u2019art.\u00a02 della Convenzione medesima sulla base del rilievo che il giudice di uno Stato non contraente costituirebbe un foro maggiormente idoneo a decidere la controversia in questione, anche se non si pone la questione della competenza del giudice di un altro Stato contraente, o tale controversia non presenta alcun altro fattore di collegamento con un altro Stato contraente.\u201d<\/p>\n<\/div>\n

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[7]<\/a> En este sentido puede verse en extenso el trabajo de USUNIER, Laurence: Le Nouveau R\u00e8glement Bruxelles I bis<\/i>, ed. Bruylant, 2014, pagina 503 y ss, en el que exponen con detalle dicha tesis.<\/p>\n<\/div>\n

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[8]<\/a> Vide nota 26.<\/p>\n<\/div>\n

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[9]<\/a> Constituci\u00f3n de 27 de diciembre 1978.<\/p>\n

TITULO \u00a0I. De los derechos y deberes fundamentales<\/p>\n

Cap\u00edtulo II \u00a0Derechos y libertades<\/p>\n

Secci\u00f3n 1\u00aa. De los derechos fundamentales y de las libertades p\u00fablicas.<\/p>\n

Art\u00edculo 24. [Derecho a la tutela judicial efectiva]<\/p>\n

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, sin que, en ning\u00fan caso, pueda producirse indefensi\u00f3n.<\/p>\n

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusaci\u00f3n formulada contra ellos, a un proceso p\u00fablico sin dilaciones indebidas y con todas las garant\u00edas, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra s\u00ed mismo, a no confesarse culpables y a la presunci\u00f3n de inocencia.<\/p>\n

La ley regular\u00e1 los casos en que, por raz\u00f3n de parentesco o de secreto profesional, no se estar\u00e1 obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.<\/p>\n

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