El 22 de noviembre de 2012, entr\u00f3 en vigor en Espa\u00f1a la Ley 10\/2012, de 20 de noviembre, que establece la denominada \u201ctasa judicial\u201d. En el \u00e1mbito contencioso-administrativo, ello supone que cualquier persona o empresa, que interponga un recurso en primera instancia, en apelaci\u00f3n o en casaci\u00f3n, deber\u00e1 pagar una tasa fija y otra variable (0,50% sobre la cuant\u00eda). A modo de ejemplo: si la Administraci\u00f3n deniega el aplazamiento de una deuda de 176.000.-\u20ac y el particular recurre tal decisi\u00f3n ante los Tribunales, deber\u00e1 satisfacer una tasa fija de 120.-\u20ac y otra variable, de 880.-\u20ac. En total, 1.000.-\u20ac. Sin perjuicio de las exenciones subjetivas previstas por la Ley \u2013de muy reducida aplicaci\u00f3n-, merece especial atenci\u00f3n un supuesto de exenci\u00f3n objetiva: la interposici\u00f3n del recurso contencioso-administrativo contra el silencio negativo de la Administraci\u00f3n o bien, contra la inactividad de \u00e9sta. Tal norma, puede suponer un cambio en la estrategia procesal. Hasta ahora ven\u00eda siendo conveniente esperar a que se produjese la resoluci\u00f3n expresa de la Administraci\u00f3n para recurrir en v\u00eda jurisdiccional. Sin embargo, la posibilidad de evitar el pago de la tasa puede hacer m\u00e1s aconsejable interponer los recursos antes de dicha resoluci\u00f3n expresa, tan pronto como se produzca el silencio negativo o la inactividad administrativa. Flaco favor para los ya de por s\u00ed saturados Tribunales, aunque no para el bolsillo del cliente\u2026<\/p>\n
\u00a0Eva ARR\u00c9BOLA \/ Aljona WILHELM<\/p>\n\r\n\t\t