{"id":1192,"date":"2014-07-17T19:31:36","date_gmt":"2014-07-17T17:31:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fabregat-perulles-sales.com\/actualidad\/?p=1192"},"modified":"2017-05-23T14:04:39","modified_gmt":"2017-05-23T13:04:39","slug":"nuevo-procedimiento-europeo-de-retencion-de-cuentas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fabregat-perulles-sales.com\/actualidad\/nuevo-procedimiento-europeo-de-retencion-de-cuentas\/","title":{"rendered":"NUEVO PROCEDIMIENTO EUROPEO DE RETENCI\u00d3N DE CUENTAS"},"content":{"rendered":"

El 27 de de junio de 2014 se public\u00f3 en el Diario Oficial de la Uni\u00f3n Europea el Reglamento (UE) n\u00ba 655\/2014<\/a> del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retenci\u00f3n de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil.<\/p>\n

Se trata de una medida cautelar ya prevista en algunos ordenamientos internos \u00a0nacionales, que pretende impedir la transferencia o retirada de fondos pose\u00eddos por un deudor en una cuenta bancaria abierta en un Estado miembro.<\/p>\n

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1. Objeto de la norma<\/b><\/p>\n

El Reglamento Europeo nace con la finalidad de proporcionar a los acreedores de una deuda en asuntos transfronterizos, un procedimiento que les permita retener los activos del deudor de una manera m\u00e1s r\u00e1pida y eficaz<\/span><\/b>. Dicho procedimiento tendr\u00e1 el car\u00e1cter de complementario y opcional para el acreedor, qui\u00e9n podr\u00e1 escoger entre el mismo y las otras medidas cautelares que establezca el derecho nacional de cada Estado miembro[1]<\/a>.<\/p>\n

Se entender\u00e1 por \u201casuntos transfronterizos\u201d (art. 3):<\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cuando el \u00f3rgano jurisdiccional competente (de conformidad con el art. 6) para conocer la solicitud de orden de retenci\u00f3n se encuentre en un Estado miembro y la cuenta bancaria afectada por dicha orden se tenga en otro Estado miembro.<\/p>\n

– O, cuando el acreedor est\u00e9 domiciliado en un Estado miembro y el \u00f3rgano jurisdiccional y la cuenta bancaria que haya de retenerse est\u00e9n situados en otro estado miembro.<\/p>\n

Por regla general, el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Reglamento ser\u00e1n todas las materias civiles y mercantiles, a excepci\u00f3n<\/span><\/b> de las establecidas en el art. 2.2 del Reglamento, y entre las que destacan los cr\u00e9ditos frente a un deudor respecto del cual se hayan iniciado procedimientos de insolvencia<\/span><\/b>.<\/p>\n

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2. Procedimiento <\/b><\/p>\n

En cuanto al procedimiento a seguir, el acreedor podr\u00e1 solicitar una orden de retenci\u00f3n:<\/p>\n

a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/b>Antes de incoarse el proceso sobre el fondo del asunto<\/span><\/b>, o en cualquier fase del mismo<\/span><\/b> hasta que se dicte la resoluci\u00f3n judicial o se apruebe o concluya una transacci\u00f3n judicial. En este caso, se fijan los plazos a partir de los cuales el acreedor deber\u00e1 incoar el procedimiento sobre el fondo del asunto, y acreditar dicha incoaci\u00f3n al \u00f3rgano jurisdiccional ante el que se present\u00f3 la solicitud de orden de retenci\u00f3n.<\/p>\n

b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/b>Despu\u00e9s de que haya obtenido en un Estado miembro una resoluci\u00f3n o transacci\u00f3n judicial, o un documento p\u00fablico<\/span><\/b> que obligue al deudor a pagar una deuda a su favor.<\/p>\n

La principal diferencia entre ambas posibilidades es que mientras la primera se trata de una medida cautelar, y como tal, deber\u00e1 acreditarse el peligro de mora y la apariencia de buen derecho, la segunda es una medida ejecutiva, quedando acreditado el fumus boni iuris<\/i> con la sentencia cuya efectividad pretende ser asegurada.<\/p>\n

La solicitud deber\u00e1 sustanciarse mediante el formulario establecido a tal efecto y el acreedor deber\u00e1 acreditar que tiene probabilidades de que prospere la pretensi\u00f3n sobre el fondo del asunto, y que requiere una urgente protecci\u00f3n judicial<\/span><\/b>.<\/p>\n

En cuanto a las tasas judiciales para los procedimientos de orden de retenci\u00f3n que regula el presente Reglamento, no podr\u00e1n ser superiores a las exigidas para la obtenci\u00f3n de una orden nacional equivalente o una impugnaci\u00f3n de dicha orden nacional (art. 42).<\/p>\n

Una de las novedades m\u00e1s importantes que producir\u00e1 la aplicaci\u00f3n del Reglamento europeo en Espa\u00f1a, es el establecimiento, como regla general, el procedimiento inaudita parte debitoris<\/i><\/span><\/b> <\/i>\u2013 como es sabido este supuesto, es excepcional en el derecho espa\u00f1ol interno-, de modo que no se notificar\u00e1 al deudor la solicitud de una orden de retenci\u00f3n, ni se le oir\u00e1, sin haberse dictado previamente la orden (art. 11).<\/p>\n

Ahora bien, el Reglamento tambi\u00e9n establece garant\u00edas para proteger los derechos del deudor, como es la exigencia al acreedor de prestaci\u00f3n de cauci\u00f3n <\/span><\/b>(art. 12), intentando evitar as\u00ed el abuso del uso de la orden de retenci\u00f3n. Si la solicitud de la orden de retenci\u00f3n se realiza con anterioridad a haber obtenido una resoluci\u00f3n judicial, la prestaci\u00f3n de dicha cauci\u00f3n ser\u00e1 obligatoria. En cambio, cuando ya haya reca\u00eddo una resoluci\u00f3n judicial, el \u00f3rgano jurisdiccional conocedor de la solicitud podr\u00e1 exigir la cauci\u00f3n al acreedor si lo considera adecuado y necesario en funci\u00f3n de las circunstancias del caso.<\/p>\n

Asimismo, el acreedor deber\u00e1 responder de cualquier da\u00f1o o perjuicio que pueda provocar la orden de retenci\u00f3n al deudor (art. 13).<\/p>\n

Se prev\u00e9 un mecanismo para obtener informaci\u00f3n sobre cuentas<\/span><\/b>, de modo que el acreedor pueda solicitar al \u00f3rgano jurisdiccional que recabe la informaci\u00f3n necesaria para identificar la cuenta del deudor de la autoridad que designe el Estado miembro en el que el acreedor crea que el deudor posee una cuenta. Sin embargo, tal informaci\u00f3n no se facilitar\u00e1 al acreedor.<\/p>\n

Si el \u00f3rgano jurisdiccional constata el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos, dictar\u00e1 la orden de retenci\u00f3n y se fijar\u00e1 la duraci\u00f3n de la misma. En caso de que el \u00f3rgano jurisdiccional estime que no concurren tales requisitos, el acreedor podr\u00e1 presentar un recurso<\/span><\/b> contra dicha negativa, o bien presentar una nueva solicitud basada nuevos hechos o nuevas pruebas (art. 33).<\/p>\n

La orden de retenci\u00f3n dictada en un Estado miembro tendr\u00e1 fuerza ejecutiva<\/span><\/b> en los otros Estados miembros, sin que sea necesaria la declaraci\u00f3n de fuerza ejecutiva (art. 22 y 23).<\/p>\n

Tras la cumplimentaci\u00f3n de la orden, deber\u00e1n notificarse al deudor todos los documentos presentados por el acreedor en aras de proteger su derecho a la tutela judicial efectiva, pudiendo dicho deudor solicitar la liberaci\u00f3n de los fondos retenidos si aporta una cauci\u00f3n sustitutiva apropiada, cuya cuant\u00eda ser\u00e1 determinada a discreci\u00f3n del \u00f3rgano jurisdiccional (art. 28).<\/p>\n

Por \u00faltimo, el Reglamento prev\u00e9 que quedar\u00e1n exentas<\/span><\/b> de retenci\u00f3n las cantidades que sean inembargable<\/span><\/b>s de acuerdo con el Derecho del Estado miembro de ejecuci\u00f3n (art. 31).<\/p>\n

4. Entrada en vigor y vigencia<\/b><\/p>\n

El Reglamento 655\/2014 entrar\u00e1 en vigor a los 20 d\u00edas de su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial de la Uni\u00f3n Europea, esto es, desde el 27.06.2014, y ser\u00e1 aplicable a partir del 18 de enero de 2017, con excepci\u00f3n del art. 50, que ser\u00e1 aplicable a partir del 18 de junio de 2016.<\/p>\n

A tal efecto interesa indicar que en el art.50 del Reglamento se establece la obligaci\u00f3n dirigida a los Estados miembros, a fin de que comuniquen a la Comisi\u00f3n Europea la informaci\u00f3n que en el mismo se enumera, y que tiene por objeto dejar determinados los \u00f3rganos nacionales competentes para el procedimiento aprobado por el reglamento (para dictar la orden de retenci\u00f3n, conocer del recurso, o ejecutar la orden), as\u00ed como otras vicisitudes relacionadas con el ejercicio de la orden de retenci\u00f3n.<\/p>\n


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[1]<\/a> El presente Reglamento ser\u00e1 aplicable a todos los Estados Miembros, incluido Irlanda, y a excepci\u00f3n de Reino Unido y Dinamarca.<\/p>\n

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