IFCA agrupa asociaciones de compliance de distintos países de todo el mundo y actualmente cuenta con asociaciones de Estados Unidos, Irlanda, España, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Singapur, Sudáfrica y Corea del Sur.
Dicha Certificación Profesional se suma al Diploma de Especialización para Compliance Officers y Asesores Jurídicos de Empresa en el Diseño, Implementación y Gestión de Modelos de Prevención de Delitos (MPD) y Estrategias de Defensa Preventiva de la Empresa que Marcelo Gui ya obtuvo en 2016.
Todo ello responde a la firme y decidida apuesta de Fabregat Perulles Sales Abogados por consolidar aún más nuestro equipo de abogados especialistas en materia de CORPORATE COMPLIANCE y que nos permite prestar a las empresas un asesoramiento jurídico eficaz y específico en el diseño, implantación, revisión y mejora de sus propios Planes o Programas de Cumplimiento Normativo tanto a nivel general como, en el caso de España, también penal, en este caso, a través de Modelos de Prevención de Delitos (MPD), a raíz de la responsabilidad penal en que desde el año 2010 pueden llegar a incurrir las empresas.
Así, dichos Planes o Programas de Cumplimiento Normativo permiten a nuestros clientes acreditar frente a quien corresponda (autoridades, clientes, proveedores, socios, competidores, etc.) la existencia en sus empresas de una verdadera cultura ética empresarial, esto es, de su voluntad y compromiso de cumplir y hacer cumplir tanto a nivel interno como externo con todas las normas y disposiciones legales que resulten aplicables, tanto aquellas estrictamente obligatorias (“legal requirements”) como aquellas otras que, sin serlo, nuestros clientes se comprometen igualmente y de forma voluntaria a cumplir (“legal commitments”), además de prevenir, detectar y reaccionar adecuadamente frente a las posibles infracciones de dichos “legal requirments & commitments” por parte de los miembros de su órgano de administración, representantes, directivos, empleados, apoderados, colaboradores, e incluso clientes, socios y proveedores, permitiendo con ello a la empresa evitar las graves consecuencias que de otro modo tales infracciones podrían comportar para la misma (multas y sanciones administrativas, penales, pérdidas financieras, indemnizaciones, coste reputacional, etc.).