Así, el debate giró, esencialmente, entorno a las siguientes 5 grandes cuestiones:
i) Si las empresas españolas están o no preparadas para afrontar los retos de compliance que les exigen los legisladores.
ii) Si las empresas pierden o no competitividad internacional con dichas reformas.
iii) Si el esfuerzo del compliance en las pymes se reconoce y valora por consumidores y mercados.
iv) Si las grandes empresas pueden o deben, o no, favorecer una mejor cultura de compliance en nuestro tejido empresarial.
v) Y si nuestros empresariado (grandes empresas y/o pymes) está o no preparado para liderar el compliance.
Hay que recordar que desde el 9 de abril de 2018 nuestro despacho es miembro asociado a la asociación española de compliance ASCOM, la cual es miembro de la International Federation of Compliance Associations (IFCA), y que agrupa asociaciones de compliance de distintos países de todo el mundo, actualmente de Estados Unidos, Irlanda, España, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Singapur, Sudáfrica y Corea del Sur.
Todo ello, siendo el reflejo de nuestra voluntad de apoyar los fines de la asociación y de nuestro interés en la función de Compliance y en la defensa de la ética y del cumplimiento de las normas de conducta en las empresas y de nuestra firme y decidida apuesta por consolidar aún más nuestro equipo de abogados especialistas en materia de CORPORATE COMPLIANCE y que nos permite prestar a las empresas un asesoramiento jurídico eficaz y específico en el diseño, implantación, revisión y mejora de sus propios Planes o Programas de Cumplimiento Normativo tanto a nivel general como, en el caso de España, también penal, en este caso, a través de Modelos de Prevención de Delitos (MPD), a raíz de la responsabilidad penal en que desde el año 2010 pueden llegar a incurrir las empresas.
