Date: 5 May, 2020

Categories: Español Legislation Other regulations Real Estate

Novedades en Cataluña en materia de residuos por la entrada en vigor de la Ley (Cat) 5/2020, de 29 de abril

El pasado 1 de mayo de 2020 entró en vigor la Ley (Cat) 5/2020, del 29 de abril de 2020, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que incidan en el medio ambiente (DOGC de 30.04.2020). Dicha Ley tiene, entre otros, por objeto de establecer el conjunto de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público necesarias para completar el régimen jurídico de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el ejercicio de 2020.

Esta Ley contiene numerosas modificaciones legislativas, procediéndose a analizar a continuación, únicamente aquellas novedades en materia de residuos, que son las que siguen a continuación:

  • – Dispensa de constitución de fianza a los gestores de residuos, salvo que aquéllos estén considerados como residuos peligrosos y así lo exijan las normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión (modificación de la letra b, apartado 1, del artículo 24 del Decreto Legislativo (Cat) 1/2009 de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Residuos).
  • – Medidas para el fomento del uso de los áridos reciclados en obras públicas y privadas (Inclusión de una nueva disposición adicional en el Decreto Legislativo (Cat) 1/2009 de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Residuos):
  1. 1. Los proyectos de construcción de obra pública y de obra privada determinarán el uso de áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de la construcción y la demolición en un porcentaje mínimo del 5% en peso sobre el total de áridos previstos, excepto que las características de la obra no permitan el uso de este tipo de material, supuesto que el redactor del proyecto deberá justificar debidamente en la memoria.
  2. 2. La dirección de obra deberá certificar el porcentaje de áridos reciclados utilizado efectivamente en la obra, y deberá adjuntar el certificado del suministrador de los áridos reciclados, acompañado del certificado del gestor de residuos que ha producido el árido reciclado.
  3. 3. Los requisitos para la utilización de los áridos reciclados y de los materiales de construcción obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de la construcción y la demolición podrán desarrollarse mediante orden dictada por el responsable del Depto. de Medio Ambiente.

Las presentes modificaciones serán de aplicación desde su entrada en vigor, es decir, desde el 1 de mayo de 2020.

 

“Este documento tiene como propósito exclusivo la divulgación de su contenido. No constituye asesoramiento de ningún tipo y, por tanto, no puede considerarse como tal ni debe servir de base para la toma de decisiones”.

 

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Date: 5 May, 2020

Categories: Español Legislation Real Estate Tax Law

Novedades tributarias en Cataluña que afectan al ámbito inmobiliario por la entrada en vigor de la Ley (Cat) 5/2020, de 29 de abril

En fecha 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la Ley (Cat) 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, que entró en vigor el 1 de mayo de 2020.

Dicha Ley tiene, entre otros, por objeto de establecer el conjunto de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector publico necesarias para completar el régimen jurídico de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el ejercicio de 2020.

Esta Ley contiene numerosas modificaciones legislativas, procediéndose a analizar a continuación, únicamente aquellas novedades tributarias que afectan al ámbito inmobiliario, y más concretamente, aquéllas novedades relativas al Impuesto sobre Viviendas Vacías e Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados.

I.- Impuesto sobre Viviendas Vacías En relación con el Impuesto sobre Viviendas Vacías, se modifican a la baja los porcentajes de las bonificaciones aplicadas en la cuota líquida en función del volumen de viviendas que los sujetos pasivos destinen a alquiler asequible sobre el total de viviendas vacías sujetas al impuesto, quedando de la siguiente forma:

Porcentaje de viviendas destinadas a alquiler asequible Bonificación (%)
Menos del 5% 0,0
Del 5% al 10% 7,5
Más del 10% y hasta el 25% 22,5
Más del 25% y hasta el 40% 37,5
Más del 40% y hasta el 67% 56,3 56,3
Más del 67% 75

   II.- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados

Existen modificaciones importantes en relación con el Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP), en el que se introducen tres medidas distintas, y Actos Jurídicos Documentados (AJD).

II.1.- Modalidad Transmisiones Patrimoniales (TP)

Respecto al Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales Onerosas, en primer lugar se establece una bonificación del 100% en las transmisiones de viviendas que la Agencia de Habitatge de Catalunya adquiera en ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.

En segundo lugar, la Ley (Cat) 5/2020 de referencia introduce un nuevo tipo reducido al 5 por ciento aplicable en las adquisiciones de viviendas por parte de miembros de familias monoparentales.

La tercera medida que se establece respecto al ITP es relativa a la bonificación de la cuota para la Transmisión de viviendas a empresas inmobiliarias.

El artículo 13 de la Ley (Cat) 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, estableció una bonificación del 70% de la cuota del impuesto en la modalidad de transmisión patrimonial onerosa, siempre que se trate de una transmisión de la totalidad o de una parte de una o más viviendas y sus anexos a una empresa a la que sean aplicables las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad del sector inmobiliario y, se cumpla una serie de requisitos establecidos en el mismo artículo, con la finalidad de revender tales viviendas a particulares para cubrir sus necesidades de alojamiento. La Ley (Cat) 5/2020 modifica esta  bonificación reduciendo a 3 años (en vez de 5) el plazo del que disponen para revender el inmueble. Si no se produjera la transmisión dentro del período señalado, o si se produjese pero no se efectuara a favor de los adquirentes concretos que se señalan, el sujeto pasivo deberá presentar, dentro del plazo reglamentario de presentación, contado desde el día siguiente a la fecha final del plazo fijado, o desde el día siguiente a la fecha de la venta, respectivamente, una autoliquidación complementaria sin bonificación y con deducción de la cuota ingresada, con aplicación de los intereses de demora correspondientes. Es importante destacar que el nuevo plazo de tres años únicamente resultará de aplicación a los hechos imponibles devengados con posterioridad a 1 de mayo de 2020.

II.2.- Modalidad Actos Jurídicos Documentados (AJD)

Respecto a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados (AJD), con el fin de incentivar la formalización de diferentes operaciones, se crean dos bonificaciones.

En primer lugar, se crea una bonificación del 60% en la cuota gradual de gravamen que recae sobre escrituras públicas de constitución en régimen de propiedad horizontal por parcelas, en el supuesto de polígonos industriales y logísticos, hasta el 31 de desembre de 2023.

Asimismo, se crea una bonificación del 100% en la cuota gradual de AJD sobre aquellos documentos notariales en los que se formalicen los depósitos de arras penitenciales previstas en el Código Civil Catalán (esto es, las actas de depósito) así como el resto de documentos notariales que puedan otorgarse para su cancelación registral.

A partir del 1 de mayo de 2020, no es necesaria la presentación de los documentos de los hechos imponibles de ITP y AJD (tampoco del Impuesto de Sucesiones y Donaciones) si el Notario autorizante ha efectuado previamente el envío de la declaración informativa de la escritura correspondiente, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley (Cat) 12/2004, de 27 de diciembre.

Por último, destacar que, también a partir del 1 de mayo de 2020, en el caso de pérdida de un beneficio fiscal por incumplimiento de algunos de los requisitos a que esté condicionado su disfrute definitivo, el sujeto pasivo deberá presentar en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha que se produjo el incumplimiento, una autoliquidación complementaria sin la aplicación del beneficio y con los intereses de demora correspondientes.

 

“Este documento tiene como propósito exclusivo la divulgación de su contenido. No constituye asesoramiento de ningún tipo y, por tanto, no puede considerarse como tal ni debe servir de base para la toma de decisiones”.

 

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Nuevas medidas procesales y organizativas adoptadas en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, para hacer frente a la situación generada por el COVID-19

Se ha aprobado en el Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19. Este nuevo RD-Ley fue publicado el 29 de abril y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esto es, el día 30 de abril de 2020.

El presente RDL 16/2020 será de aplicación a todas las actuaciones procesales desde la entrada en vigor del mismo, con independencia de la fecha de inicio del proceso, excepto que se regulase un plazo determinado en el propio RDL 16/2020.

Las medidas de apoyo que se han aprobado se dividen en los siguientes ámbitos:

  1. – Medidas de carácter procesal
  2. – Medidas de carácter concursal
  3. – Medidas de carácter societarias y mercantiles
  4. – Medidas de carácter laboral
  5. – Medidas de carácter organizativo y tecnológico
  6. – Otras medidas organizativas generales
  7. – Medidas de carácter administrativo

MEDIDAS DE CARÁCTER PROCESAL

Con el decreto de estado de alarma se dispuso la suspensión de los términos y plazos procesales, con las solas excepciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos a todas las personas en el artículo 24 de la Constitución española. Para hacer frente a las presentes medidas se ha procedido a dictar el presente RDL 16/2020, con el objeto de alcanzar el normal funcionamiento de los Juzgados y Tribunales.

  1. i) Habilitación del mes de agosto

Se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales del día 11 de agosto al 31 del 2020, dejando únicamente como inhábil los primeros 10 días de agosto.

  1. ii) Cómputo de plazos procesales

Se establece que los términos y los plazos que hubiesen sido suspendidos por el decreto de estado de alarma volverán a computarse desde su inicio, comenzando su cómputo el primer día hábil en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente, entendiéndose que será una vez finalice el estado de alarma. 

  1. iii) Ampliación del plazo para recurrir sentencias y resoluciones que pongan fin al procedimiento.

Se amplían los plazos para recurrir sentencias y resoluciones que pongan fin al procedimiento cuando o bien sean notificadas durante la suspensión de los plazos debido al estado de alarma o sean notificadas los 20 días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales suspendidos, quedando ampliados por un plazo igual al previsto, ya sea para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso correspondiente.

No obstante, lo dispuesto anteriormente no será de aplicación a los procedimientos cuyos plazos se vieron exceptuados con el decreto de estado de alarma.

  1. iv) Procedimiento especial y sumario en familia

Se introduce un procedimiento especial y sumario en materia de familia durante la vigencia del estado de alarma y será de aplicación hasta 3 meses después de que finalice el mismo en las siguientes materias:

  • – Las relativas al restablecimiento del equilibrio en régimen de visitas o custodia compartida
  • – Las que tengan por objeto solicitar la revisión de medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos.
  • – Las revisiones sobre las obligaciones de prestar alimentos
  1. v) Tramitación preferente de determinados procedimientos

Se regula una tramitación preferente desde el momento en el que se levante la suspensión de los plazos procesales hasta el 31 de diciembre de 2020 de los siguientes procedimientos:

  • – Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en el que se adopten las medidas del artículo 158 del Código Civil y el procedimiento especial y sumario regulado en el presente RDL 16/2020.
  • – En el orden civil los procesos derivados de la falta de reconocimiento por la entidad acreedora de la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de los inmuebles afectos a la actividad económica, procesos arrendaticios derivados de cualesquiera reclamaciones que pudieren plantear los arrendatarios por falta de aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato, así como los procesos concursales de deudores personas naturales que no tengan la condición de empresarios.
  • – En el orden contencioso-administrativo los recurso contra actos y resoluciones de las Administraciones Públicas por las que se deniega la aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos económicos del COVID-19.
  • – En el orden jurisdiccional social los procesos por despido o extinción de contrato, los derivados del procedimiento para declarar el deber y forma de recuperación de horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido previsto en el RDL 10/2020, los procedimientos por aplicación del plan MECUIDA previstos en el RDL 8/2020, los procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de los expedientes de regulación temporal de empleo por las causas reguladas en los artículo 22 y 23 del RD 8/2020 y los que sean para hacer efectivos la modalidad de trabajo a distancia o adecuación de las condiciones de trabajo del artículo 5 del mismo.

MEDIDAS CONCURSALES

En el ámbito concursal, el Real Decreto objeto de análisis de este artículo ha establecido las siguientes medidas:

  1. i) Se fomenta la renegociación de los convenios ya firmados, así como de los acuerdos extrajudiciales de pago ya aprobados y de los acuerdos de refinanciación homologados por el juzgado 

Es importante señalar que la solicitud de renegociación por parte del deudor solo se permitirá durante el siguiente año a la declaración del estado de alarma.

En lo que respecta a las mayorías para su aprobación, cabe decir, que estas son las mismas respecto al convenio original, por lo que no hay variación en este sentido.

Asimismo, debe señalarse que el nuevo convenio no afectará a los créditos nacidos después de la aprobación del convenio original, como tampoco a los acreedores privilegiados.

Lo señalado anteriormente será también de aplicación a los acuerdos extrajudiciales de pago ya aprobados y a los acuerdos de refinanciación ya homologados, pudiéndose incluso presentar nueva solicitud sin necesidad de que haya transcurrido un año desde la presentación de la anterior.

  1. ii) Imposibilidad de cumplir lo establecido en el Convenio y la no solicitud de la apertura de liquidación 

Dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma se podrá suspender el deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación, siempre y cuando el deudor no pueda cumplir con los pagos y las obligaciones contraídas en el convenio original. Asimismo, es necesario que el deudor presente una propuesta de reconvenio (modificación de convenio) y que este sea admitido a trámite.

En caso de no cumplir con lo señalado en el convenio o reconvenio aprobado a durante los dos años próximos a la declaración del estado de alarma, se calificarán como créditos contra la masa, llegado el caso de liquidación, los créditos derivados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas especialmente relacionadas con el concursado, que figuraran en la propuesta de convenio o en la propuesta de modificación del ya aprobado reconvenio.

  1. iii). – Suspensión del deber de solicitar el concurso

Se deroga el Artº.43 del RDL 8/2020 de 17 de marzo, relativo al plazo del deber de solicitar concurso.

En este sentido, se amplía el plazo hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que los deudores que se encuentren en situación de insolvencia no tendrán que solicitar la declaración de concurso hasta la fecha señalada.

Otra de las novedades respecto a la declaración de concurso es que no serán admitidas a trámite las declaraciones de concurso necesario, sino que solo serán admitidas a trámite las voluntarias.

  1. iv) Financiación por parte de personas relacionadas 

Con el fin de facilitar el crédito y la liquidez de la empresa, se califican como ordinarios los créditos de las personas especialmente vinculadas con el deudor en los concursos que pudieran declararse dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma.

También obtendrán esta calificación los créditos en los que se subroguen personas especialmente vinculadas al deudor.

  1. v) Impugnaciones del inventario y su tramitación 

En los concursos de acreedores en los que la administración concursal aún no hubiera presentado el inventario provisional,  la lista provisional de acreedores y en los que se declaren dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, en los incidentes que se incoen para resolver las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores los únicos medios de prueba admisibles serán las documentales y las periciales, sin que sea necesaria la celebración de la vista salvo que el Juez del concurso resuelva otra cosa.

  1. vi) Tramitación preferente 

Con el fin de evitar un gran aumento de litigiosidad en relación con la tramitación de concursos de acreedores en los Juzgados, algunas materias serán tratadas de forma preferente, entre ellas podemos encontrarnos los incidentes concursales en materia laboral, las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos del activo, las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en período de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio, los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio, los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa, la admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente o la adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que  puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y derechos.

  1. vii)  Extrajudicialidad de las subastas en la fase de liquidación 

Se determina que las subastas de bienes y derechos y de unidades productivas de la masa que se realicen durante la fase de liquidación deberán ser extrajudiciales.

  1. viii) Aprobación de planes de liquidación 

Los planes de liquidación que hubieran quedado de manifiesto en la oficina del juzgado, el Juez deberá dictar auto de inmediato, en el que, según estime conveniente para el interés del concurso, aprobará el plan de liquidación, introducirá en él las modificaciones que estime necesarias u oportunas o acordará la liquidación conforme a las reglas legales supletorias.

MEDIDAS SOCIETARIAS Y MERCANTILES

  1. – Suspensión de disolución por pérdidas

 En esta área, el Real Decreto ha establecido la suspensión de la obligación de reducción del capital social por pérdidas en lo que al resultado del ejercicio que se cierra el 31 de diciembre de 2020 respecta.

  1. – Novedades relativas al aplazamiento en el pago de la renta de vivienda habitual

 En lo que respecta a la moratoria en el pago de rentas de viviendas habituales, cabe decir que los arrendatarios de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

Asimismo, los arrendatarios de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, y cuyo arrendador no cumpla las características descritas en el apartado anterior, podrá solicitar en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y en los términos recogidos en el mismo, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera acordado previamente entre ambas partes con carácter voluntario.

  1. – Financiación a arrendatarios mediante avales

 Se autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, mediante convenio con el Instituto de Crédito Oficial, por un plazo de hasta catorce años, desarrolle una línea de avales con total cobertura del Estado, para que las entidades de crédito puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación a las personas que se encuentren en la referida situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente a los gastos de vivienda.

Esta ayuda tendrá forma de préstamo con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. Todo ello para que puedan hacer frente a los gastos de la vivienda.

Cabe decir, que las ayudas transitorias de financiación serán finalistas, debiendo dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda habitual y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.

 MEDIDAS LABORALES

La impugnación de los ERTE que sea llevada a cabo por la comisión representativa prevista en la normativa laboral relativa a enfrentar las consecuencias del COVID-19 será tramitada de la misma forma que los conflictos colectivos.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y TECNOLÓGICO

En los juzgados, tribunales y fiscalías con medios técnicos suficientes se han constituido los juzgados y tribunales en sede con el fin de que, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, puedan realizarse los actos de juicios, vistas, comparecencias, declaraciones y, en general, todos los actos procesales, preferentemente mediante la utilización de medios telemáticos, excepto en la jurisdicción penal para los juicios por delito grave.

Otras medidas organizativas en el ámbito de la Administración de Justicia durante el anteriormente referido plazo son:

  • – Limitación del acceso al público a las salas de vistas.
  • – Dispensa de la utilización de toga en las audiencias públicas.
  • – Los informes médico-forenses podrán realizarse basándose únicamente en la documentación médica existente a su disposición, siempre que ello fuere posible.
  • – Limitación de la atención al público, que se realizará vía telefónica o través de correo electrónico habilitado al efecto, salvo excepciones para las que será necesario obtener previamente la correspondiente cita.
  • – Posibilidad de transformar los nuevos órganos judiciales que estaban pendientes de entrar en funcionamiento en órganos judiciales que conozcan exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19.
  • – Modificación de la Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de Justicia (aspectos relativos a los sistemas de identificación de firma electrónica de los ciudadanos y de los profesionales de la justicia).
  • – Jornada de trabajo: instauración de jornadas de trabajo de mañana y tarde para todos los servicios y órganos jurisdiccionales.

OTRAS MEDIDAS GENERALES

  • – Ampliación de plazos en el ámbito del Registro Civil (matrimonio y nacimientos) y ampliación de la vacatio legis de la Ley 20/2011, de 21 de julio, hasta el 30 de abril de 2021.
  • – Modificación de la Ley 42/2015: se suspende la aplicación del Artº.151.2 LEC (tiempo de la comunicación) para la Fiscalía hasta el 31/12/2020.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

  • – En este sentido, el Real Decreto establece la suspensión de las causas de disolución de los organismos públicos establecida en la Ley 40/2015, esto es, el desequilibrio financiero, por lo que esta no será de aplicación a las cuentas de los ejercicios cerrados en 2020, 2021 y 2022.
  • – Por otro lado, en relación a los Contratos del Sector Público, se modifica la redacción del artículo 159.4, letras d) y f), de la Ley de Contratos del Sector Público, en línea con las últimas modificaciones del procedimiento abierto simplificado introducidas por el Real Decreto-ley 15/2020, adaptándose la apertura de las ofertas sustituyéndose el “acto público de apertura” por la “apertura del sobre o archivo electrónico”.

 

“Este documento tiene como propósito exclusivo la divulgación de su contenido. No constituye asesoramiento de ningún tipo y, por tanto, no puede considerarse como tal ni debe servir de base para la toma de decisiones”.

 

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Date: 28 April, 2020

Categories: General Русский

Анонс информации о текущих налоговых изменениях в испанском законодательстве. Сроки налоговой отчетности и новые поправки в законах COVID-19 2020.

 

С введением режима ЧП на территории Испании Королевским указом № 463/2020 от 14 марта2020г., государством были приняты целый ряд неотложных мер.  Вступили в силу постановления и поправки к законам, по урегулированию вопросов, связанных с исполнением налоговых обязательств 2020г. для испанских налогоплательщиков с
введением временного ослабления налогового контроля.

Как изменится порядок взаимодействия между налогоплательщиком и налоговым органом?

 

Каким образом сложившаяся ситуация скажется на обязанностях той или иной категории субъектов права по уплате налогов в государственный бюджет? 

 

– предусмотрена отсрочка для некоторых налоговых выплат (Королевский указ-закон 7/2020 от 12 марта 2020г. «О неотложных мерах по поддержке экономики в условияхCOVID-19», статья 14)

– объявлен мораторий на сроки течения налоговых процедур и временно отменена оплата налога о задокументированных актах и налога на передачу собственности при рефинансировании ипотечных кредитов и займов (Королевский указ-закон 8/2020 от 17 марта 2020г. «О неотложных экономических и социальных мерах в условиях COVID-19»)

– приняты дополнительные меры (Королевский указ-закон 11/2020 от 31 марта 2020 г. «Дополнение к урегулированию неотложных экономических и социальных мер в условиях COVID-19»):

  • объявлен мораторий на сроки подачи и оплаты автономных и муниципальных налоговых обязательств;
  • продлен срок подачи заявок на оформление хозяйственно-административных претензий, регулируемых общим налоговым законодательством;
  • приостановлен срок давности и истечение срока действия любых действий и прав, регулируемых налоговыми правилами.

– продлевается действие моратория на налоговые декларации, чьи обязательства возникли в период ЧП до 20 мая 2020 г. (Королевский указ-закон 14/2020 от 14 апреля 2020г. «Дополнительное продление сроков предоставления деклараций и оплат некоторых налоговых обязательств»)

– утверждён новый пакет мер, укрепляющий раннее принятые положения, направленные на поддержку бизнеса обеспечение рабочих мест, семей и уязвимых групп населения; на поддержку преемственности в системе непрерывной производственной деятельности и занятости населения; на обеспечение экономических и социальных мер в условиях пандемии. (Королевский указ-закон 15/2020 от 21 апреля 2020 г. «О дополнительных неотложных мерах по поддержке экономики и занятости»)

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Date: 23 April, 2020

Categories: Civil Law FPS News Legislation Real Estate

Novedades relativas a los arrendamientos para PYMES y autónomos en el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril

En el marco de la situación de excepcionalidad suscitada por el COVID-19, el Gobierno ha dictado el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de marzo, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo para hacer frente alCOVID-19 (en adelante, el Real Decreto). Dicho Real Decreto entrará en vigor el día 23 de abril de 2020.

La presente nota tiene por objeto las disposiciones de la citada norma relativas a los arrendamientos para uso distinto de vivienda.

Dichas medidas son, en esencia, las siguientes:

1. Quién puede acogerse a las medidas:

 Las medias del Real Decreto están dirigidas a PYMES y Autónomos.

2. Qué arrendamientos se ven afectados por el Real Decreto:

  • 2.1. Arrendamientos para uso distinto de vivienda propiedad de “grandes tenedores”. 

Las personas físicas o jurídicas arrendatarias que tengan un contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda, según lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos –básicamente, locales de negocio-, suscrito con un arrendador cuando esto sea o empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor y si cumplen los requisitos que establece el propio Real Decreto Ley pondrán solicitar una moratoria (no una quita, ni una condonación) en el pago de la renta arrendaticia, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente Real Decreto Ley.

A tales efectos, debemos recordar que tendrá la consideración de gran tenedor la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trateros o bien una superficie construida superior a 1500m2.

La moratoria en el pago de la renta se aplicará de manera automática –por tanto, el arrendador debe asumirla- y su duración se prolongará durante el estado de alarma. Dicha moratoria podrá ser prorrogada mes a mes, con un máximo de 4 meses. El propio Real Decreto Ley establece que el aplazamiento –moratoria- ni puede devengar ni penalizaciones ni intereses. El reintegro de la suma dejada de pagar, en razón de la moratoria, deberá llevarse a partir la mensualidad siguiente mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años o en el plazo contractual que restare por cumplir.

El plazo máximo de dos años deberá computarse desde que se supere la situación de afectación por el COVID-19 o el máximo de los 4 meses establecidos, siempre y cuando se esté dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento y de cualquiera de sus prórrogas.

La moratoria ordenada por el Real Decreto objeto de análisis, se entiende sin perjuicio de aquellos otros pactos que en su caso hubieren podido alcanzar las partes.

  • 2.2. Otros arrendamientos para uso distinto de vivienda: personas o sociedad sin la consideración de “gran tenedor”. 

Las personas físicas o jurídicas arrendatarias que tengan un contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda, -básicamente, locales de negocio- con un arrendador diferente a los señalados en la anterior medida, podrán solicitar un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, debiéndose solicitar dicha medida en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente Real Decreto Ley. En este caso, la norma dispone una facultad y no obligación de aceptar esta moratoria, a diferencia de lo que sucede cuando el arrendatario es “gran tenedor”.

Entre los pactos que podrán ser alcanzados, el Real Decreto prevé que las partes podrán disponer de la fianza libremente para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En tal supuesto dicha fianza deberá ser repuesta, en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o del plazo que reste de vigencia del contrato, si este fuese inferior a un año.

3. Qué requisitos se deben cumplir que Pymes y autónomos puedan beneficiarse de las medidas articuladas por el Real Decreto:

  •  3.1) En el caso de los autónomos, el contrato de deberá tener por objeto un inmueble que se halle afecto a la actividad económica desarrollada por un autónomo y deberán cumplirse los siguientes requisitos:
  • – y estar dado de alta como tal en el momento en el que se decretó el estado de alarma,
  • – desarrollar una actividad suspendida como consecuencia del estado de alarma,
  • – o no habiendo quedado suspendida la actividad la facturación se haya visto reducida en un 75% en relación con la facturación media del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.
  • 3.2) En caso de las Pymes, el contrato deberá tener por objeto un inmueble que se halle afecto a la actividad económica desarrollada por la Pyme, y deberán cumplirse los siguientes requisitos:
  • – Pueda presentar cuentas anuales abreviadas,
  • – Su actividad deberá haber quedado suspendida por el decreto del estado de alarma
  • – o bien, en el caso de que su actividad no haya quedado suspendida, su facturación deberá haberse visto reducida al menos un 75% con respecto al trimestre anterior.

4. Cómo pueden activarse las medias establecidas en el Real Decreto. 

El arrendatario deberá acreditar los requisitos que exige el RD Ley, se deberá presentar la siguiente documentación:

  1. a) La reducción de la actividad se acreditará mediante la presentación de una declaración responsable, en la que se hará constar la reducción de la facturación de al menos el 75% del trimestre anterior. No obstante, el arrendador podrá requerir al arrendatario para que muestre los libros contables.
  1. b) La suspensión de la actividad deberá ser acreditada mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria u órgano de competencia, en su caso, sobre la declaración de cese de actividad.

Por último, quien solicitase los beneficios del citado RD sin cumplir los requisitos, deberá hacer frente a los daños y perjuicios ocasionados.

 

“Este documento tiene como propósito exclusivo la divulgación de su contenido. No constituye asesoramiento de ningún tipo y, por tanto, no puede considerarse como tal ni debe servir de base para la toma de decisiones”.

 

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Date: 22 April, 2020

Categories: Legislation Tax Law

Medidas Urgentes en el Ámbito Tributario durante el Estado de Alarma

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en este nuevo contexto, y desde una perspectiva tributaria, es preciso destacar, entre otras, la siguiente evolución normativa:

  • – Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, cuyo artículo 14establece el aplazamiento de deudas tributarias.
  • – Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, incorpora, entre otras medidas, la suspensión de plazos en el ámbito tributario y la exención de la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en las escrituras de novación de préstamos y créditos hipotecarios.
  • – Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que adiciona otro conjunto de medidas, como el aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras; la suspensión de plazos en el ámbito tributario de las comunidades autónomas y de las entidades locales; la ampliación del plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas que se rijan por la Ley General Tributaria o, la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos regulados en la normativa tributaria.
  • – El Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias el que dispone, fundamentalmente, la extensión del plazo de presentación e ingreso de algunas declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo vencimiento se produzca entre el 15 de abril y el 20 de mayo, hasta el 20 de mayo de 2020.

Con el fin de responder a las necesidades de apoyo reforzado derivadas de la prolongación de esta situación excepcional, de seguir protegiendo y dando soporte al tejido productivo y social, de minimizar el impacto y de facilitar que la actividad económica se recupere en cuanto empiece a remitir esta situación de emergencia de salud pública, mediante el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, se aprueba un nuevo paquete de medidas que refuerza, complementa y amplía las anteriormente adoptadas y se centra en el apoyo a las empresas y a los trabajadores.

El presente real decreto-ley se estructura en un preámbulo, 5 capítulos, 26 artículos, 15 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 13 disposiciones finales y un Anexo, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, esto es, el 23 de abril de 2020.

Las medidas más destacadas adoptadas en la anterior normativa, desde un punto de vista jurídico – tributario, recogidas, entre otros, en el capítulo tercero, la disposición adicional primera, disposición transitoria primera y disposición final segunda son las siguientes:

  1. 1. Extensión de ciertos plazos tributarios

Disposición adicional primera. Extensión de los plazos de vigencia de determinadas disposiciones tributarias del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

Las referencias temporales efectuadas a los días 30 de abril y 20 de mayo de 2020 en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y en las disposiciones adicionales octava y novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se entenderán realizadas al día 30 de mayo de 2020. 

Esto es, las siguientes obligaciones tributarias, independientemente del momento en que fuero notificadas, quedan aplazadas, sin interés, al próximo 30 de mayo de 2020:

  • – El pago de las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración.
  • – El pago de las deudas en ejecutiva, una vez notificada la providencia de apremio.
  • – Los vencimientos de las deudas aplazadas y/o fraccionadas.
  • – Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas.
  • – Los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información.
  • – Plazos para formular alegaciones o trámite de audiencia.
  • – Devolución de ingresos indebidos.
  • – Se paraliza la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles.
  • – El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje.
  1. 2. Tipo impositivo IVA

Artículo 8. Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19. 

Disposición final segunda . Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Se establece un tipo del 0%, para las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario relacionado en ANEXO, que se documentará en factura como si de operaciones exentas se tratara, con las siguientes características:

  • – Operaciones realizadas entre el 23 de abril y el 31 de julio de ese año.
  • – Los destinatarios han de ser entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social.
  • – Estas operaciones no limitan el derecho a deducir.

Se reduce del 21 al 4% el tipo impositivo aplicable a las entregas de libros, revistas y periódicos electrónicos que, como ocurre con los de papel, no contengan fundamentalmente publicidad, a la vez que se incrementa del 75 al 90% el porcentaje de los ingresos que ésta ha de proporcionar al editor para que se aplique el tipo general.

  1. 3. Pagos fraccionados en el IS

Artículo 9. Opción extraordinaria por la modalidad de pagos fraccionados prevista en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Para los ejercicios iniciados a partir de uno de enero de 2020 se establece la posibilidad de modificar la modalidad de determinar la base en los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, pudiendo optar por la modalidad opcional (obligatoria si el importe neto de la cifra de negocios es superior a 6.000.000 €), en función de la base imponible del ejercicio en vez de la modalidad aplicable con carácter general, en función de la cuota líquida de la última declaración:

  • – Pago fraccionado micropymes: los contribuyentes con un volumen de operaciones que no supere 600.000€ -y no tributen por el régimen de consolidación de este impuesto ni por el REGE en IVA- podrán optar por realizar el primer pago fraccionado del ejercicio 2020 por el sistema de porcentaje sobre la base de los meses transcurridos del ejercicio –de enero a marzo si el ejercicio coincide con el año natural- si presentan el modelo 202 hasta el 20 de mayo por este sistema.
  • – Pago fraccionado pymes: a los contribuyentes con volumen de operaciones que no supere 6.000.000€, que no hayan podido optar al cambio de modalidad como las micropymes y que no tributen por el régimen especial de grupos en este impuesto, podrán cambiar a la opción de porcentaje sobre base, pero en el segundo pago fraccionado del ejercicio, siendo en ese pago, naturalmente, deducible el pago fraccionado realizado en 1P. De esta manera podrán recuperar, al menos en parte, el exceso de adelanto de impuesto que se pueda haber producido en el 1P.
  1. 4. Estimación objetiva del IRPF y regímenes especiales del IVA y del IGIC

Artículo 10. Limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación objetiva en el ejercicio 2020.

Se permite que la renuncia tácita al régimen de estimación objetiva, realizada presentando el pago fraccionado del primer trimestre en plazo –hasta el 20 de mayo- calculándolo en estimación directa, tenga efectos solo para 2020. Estos contribuyentes podrán volver en 2021 a determinar el rendimiento neto por módulos revocando la renuncia de este año en diciembre de 2020 o presentando el primer pago fraccionado de 2021 por esta modalidad.

Lo mismo se aplica en IVA y en IGIC respecto a la renuncia y revocación de los regímenes especiales.

  1. 5. Pagos fraccionados IRPF y régimen simplificado del IVA

Artículo 11. Cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la cuota trimestral del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia del estado de alarma declarado en el período impositivo 2020.

Para los contribuyentes del IRPF que determinan el rendimiento neto por estimación objetiva –de las actividades relacionadas en el ANEXO II de la Orden HAC/1164/2019- y los de IVA acogidos al régimen simplificado, que no quieran renunciar a módulos, para el cálculo del pago fraccionado y del ingreso a cuenta en función de los datos base del ejercicio 2020, respectivamente, no tendrán que computar como días de ejercicio de la actividad los días naturales del trimestre en los que hubiera existido estado de alarma.

En definitiva, en el primer trimestre no computarán 18 días o, lo que es lo mismo, el pago fraccionado del IRPF y el ingreso a cuenta será un 80,22% del que hubiera correspondido sin aprobarse esta medida.

  1. 6. No inicio del período ejecutivo

Artículo 12. No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de concesión de financiación a la que se refiere el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Disposición transitoria primera. No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de concesión de financiación a la que se refiere el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

 En los supuestos que se presente una autoliquidación tributaria, cuyo plazo finalice entre el 20 de abril y el 30 de mayo, sin realizar el ingreso, no se iniciará el período ejecutivo –que conllevaría la exigencia del recargo de apremio-, si se cumplen los requisitos siguientes (el incumplimiento de cualquiera de ellos significaría el inicio del período ejecutivo al día siguiente del fin del período voluntario de declaración):

  • – Se presente la autoliquidación en plazo.
  • – El contribuyente haya solicitado, en período voluntario de presentación de las autoliquidaciones, un préstamo avalado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital –art. 29 RD-ley 8/2020- al menos por el importe de estas y para su pago.
  • – Se aporte un certificado emitido por la entidad financiera que acredite dicha solicitud en un plazo máximo de 5 días desde el final del plazo de presentación de la autoliquidación.
  • – Si se trata de una autoliquidación presentada antes del 23 de abril, aunque ya se habría iniciado el período ejecutivo, se considerarán aún en periodo voluntario si hasta el 30 de abril se aporta el certificado, obtiene la financiación y satisface las deudas de manera efectiva, como mucho, en el plazo de un mes desde que terminó el plazo para presentar la autoliquidación.
  • – Que se conceda la financiación al menos por el importe de las deudas tributarias.
  • – Que se satisfagan esas deudas tributarias, como mucho, en el plazo de un mes desde el fin del plazo de presentación de la autoliquidación.

 

 

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Date: 21 April, 2020

Categories: Administrative Law Legislation

¿Cómo pueden reaccionar los titulares de las concesiones que permiten el uso privativo de instalaciones de dominio público que, durante el estado de alarma, se han visto privados de la posibilidad de ejercer ese aprovechamiento?

El Gobierno, con ocasión de la crisis sanitaria originada por el COVID-19, ha dictado una serie de medidas en materia de contratación administrativa a fin de paliar los efectos económicos suscitados (así, art. 34 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y apartado 10 de la Disposición Final Primera del R.D-Ley 11/2020, de 31 de marzo) que entraron en vigor el pasado 18 de marzo.

Tales medidas son aplicables, entre otros, a los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, dando derecho a los contratistas al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

Dicho reequilibrio, en todo caso, compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos.

Tales medidas, sin embargo, únicamente son aplicables a las concesiones que se rigen por la normativa de la contratación pública del sector público, quedando excluidas por tanto, del régimen excepcional adoptado por la normativa arriba transcrita, las concesiones demaniales (p.e., para la utilización del subsuelo a los efectos de construcción y gestión de un aparcamiento, la ocupación de parte de un puerto con fines comerciales) y también las autorizaciones de aprovechamiento especial de dominio público  o licencias (así, las autorizaciones de terrazas, quioscos en playas o vía pública).

Normalmente, el derecho al uso privativo de los bienes de dominio público se adquirirá por medio del otorgamiento de una concesión demanial o concesión de dominio público. Sólo en ciertos supuestos de usos privativos, de menor entidad o de vocación pasajera o transitoria, bastará con una autorización administrativa o licencia. En uno u otro caso, no son sino títulos que habilitan a un aprovechamiento especial de los bienes de dominio público –cuyo uso común, no especial, se atribuye, con carácter general, a todos los ciudadanos.

¿Cómo pueden reaccionar entonces los titulares de las concesiones demaniales que, durante el estado de alarma, se han visto privados de la posibilidad de ejercer ese aprovechamiento especial y/o, a consecuencia de tal estado, se hayan alterado de forma significativa las condiciones económico-financieras de la concesión?

Por un lado, estos titulares podrían interesar una compensación económica al órgano adjudicador de la concesión al apreciar una ruptura del equilibrio económico-financiero, debiendo en tal caso examinarse, en primer lugar, el contenido del Pliego de condiciones, y en defecto de previsión alguna, la legislación especial (Costas, Puertos, etc) que regule la concesión y subsidiariamente, la legislación de patrimonio de las entidades públicas, dependiendo de la Administración (estatal, autonómica o local) en la que se incardine el órgano adjudicador de la concesión.

Por otro, los titulares también podrían solicitar una devolución de ingresos indebidos del  canon o tasa que aquéllos satisfacen al órgano adjudicador (o ya hayan satisfecho lo que a menudo sucede cuando nos hallamos ante autorizaciones o licencias demaniales) si por causa no imputable al sujeto pasivo (como lo es la imposibilidad de aprovechar el título habilitante durante el estado de alarma) no concurre la posibilidad de la utilización que la concesión legitima, decayendo la legitimidad del canon no procediendo, por tanto, su exacción.

El texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, regula de forma expresa esta posibilidad, en su art. 26.3, al señalar que “Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.”. 

Ahora, más que nunca resulta muy conveniente revisar el contenido del Pliego de condiciones de tales concesiones y las condiciones particulares impuestas en la licencia y/o autorización demanial y analizar los efectos que el estado de alarma han provocado o pueden provocar a su término, así como las medidas que se podrían accionar de entre las aquí apuntadas. No duden en contactarnos si precisan mayores aclaraciones a este respecto.

 

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Date: 17 April, 2020

Categories: English European Union Legislation

Do you want to know how the requirements for filing public documents have been simplified among the member countries of the European Union?

EU Regulation 2016/1191 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016, which promotes the free movement of citizens by simplifying the requirements for filing certain public documents in the EU, applicable since 16 February 2019 in all EU countries.

Prior to the entry into force of the above-mentioned Regulation, EU citizens who had to present a public document in another member country were obliged to do so with a stamp of authenticity, called an apostille, as well as a certified copy and a sworn translation of the document.

Since the entry into force of EU Regulation 2016/1191, however, public documents and their certified copies issued by the authorities of one EU country must be accepted as authentic by the authorities of another EU country without the need for a stamp of authenticity, i.e. the apostille. However, according to Article 2 of this Regulation, documents in this sense are those relating to birth, proof of life, death, marriage (including capacity to marry and marital status), divorce, legal separation or annulment of marriage, registered partnership, termination of the registration of a partnership, legal separation or cancellation of a registered partnership, parentage, adoption, domicile or residence, nationality and absence of a criminal record, and the right to vote and stand as a candidate in municipal elections and elections to the European Parliament.

In this respect, the Regulation has also removed the obligation to provide the original of the authentic act and a certified copy, since if only the certified copy is permitted in the Member State from which the document originates, the receiving State cannot oblige the citizen to provide the original document.

A further novelty of this Regulation is the removal of the obligation to provide a translation of public documents. However, if the document is not in one of the official languages of the country requesting the document, citizens can ask the authorities for a standard multilingual form, available in all EU languages. This will be attached to the public document in order to avoid translation requirements. In these cases, the receiving authority may only require a translation of the public document in exceptional circumstances.

Notwithstanding the above, if the authorities of the receiving EU country require a certified translation of the public document submitted by the citizen, they must accept a certified translation made in any EU country.

 

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Date: 17 April, 2020

Categories: European Union Français Legislation

Vous voulez savoir comment les exigences en matière de dépôt des documents publics ont été simplifiées dans les pays membres de l’Union européenne ?

Le règlement européen 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 facilitant la libre circulation des citoyens en simplifiant les exigences relatives à la présentation de certains documents publics dans l’UE est appliqué depuis le 16 février 2019 dans tous les pays de l’UE.

Avant l’entrée en vigueur du règlement susmentionné, les citoyens de l’UE qui devaient présenter un acte public dans un autre pays membre étaient tenus de le faire avec un cachet d’authenticité, appelé apostille, ainsi qu’une copie certifiée conforme et une traduction assermentée de l’acte.

Toutefois, depuis l’entrée en vigueur du règlement de l’UE 2016/1191, les documents publics et leurs copies certifiées conformes délivrés par les autorités d’un pays de l’UE doivent être acceptés comme authentiques. La Commission pourra obtenir un certificat d’authenticité auprès des autorités d’un autre pays de l’UE sans avoir besoin d’un cachet d’authenticité, c’est-à-dire l’apostille. Toutefois, selon l’article 2 de ce règlement, les documents concernés  sont ceux relatifs aux thèmes indiqués à continuation : naissance, certificat de  vie, décès, mariage (y compris la capacité de contracter mariage et l’état-civil), divorce, pacs, séparation judiciaire ou annulation du mariage ou du PACS, adoption, domicile ou résidence, nationalité, absence de casier judiciaire et le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen.

À cet égard, le règlement a également supprimé l’obligation de fournir l’original de l’acte authentique et une copie certifiée conforme, car si seule la copie certifiée conforme est autorisée dans l’État membre d’où provient le document, l’État de réception ne peut pas obliger le citoyen à produire l’original du document.

Une autre nouveauté qui accompagne ce règlement est la suppression de l’obligation de fournir une traduction des actes authentiques. Toutefois, si le document n’est pas dans l’une des langues officielles du pays qui le demande, les citoyens peuvent demander aux autorités un formulaire multilingue standard, disponible dans toutes les langues de l’UE. Ce document sera joint au document public afin d’éviter les exigences de traduction. Dans ces cas, l’autorité destinataire ne peut exiger une traduction du document public que dans des circonstances exceptionnelles.

Nonobstant ce qui précède, si les autorités du pays de l’UE d’accueil exigent une traduction certifiée du document public présenté par le citoyen, elles doivent accepter une traduction certifiée faite dans n’importe quel pays de l’UE.

 

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Коронавирус и экономика: как пандемия сказывается на строительной отрасли Испании.

Статья 10 Королевского Указа № 463/2020 от 14 марта наделяет правовыми полномочиями органы муниципальной власти – мэрии по урегулированию и контролю ситуации в строительном секторе в связи с пандемией.

Органами исполнительной власти были выдвинуты комплексы мер по минимизации рисков в области строительства, связанных с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 и введением Чрезвычайного Положения.

Приказом Министерства Здравоохранения 340/2020 от 12-го апреля, срок действия которого продлится до окончания действия ЧП, были внесены новые постановления:

– все виды работ, связанные со строительными и монтажными работами в существующих заселенных зданиях, жилых помещениях, где риск распространения вируса и контакт между жителями и строительным подрядом неизбежен, до настоящего момента находятся под запретом.

– открывает возможность вернуться к строительным работам на новых объектах и площадках закрытого типа и полностью снимает большинство требований по ограничительным мерам строительно-монтажных работ.

– вводит разрешение на проведение текущих ремонтных работ, с целью своевременного выявления предаварийных и аварийных ситуаций или в рамках проведения технического обслуживания объекта.

Строительная индустрия Испании, столкнувшись с беспрецедентной проблемой, вызванной COVID-19, уже подсчитывает убытки и постепенно возвращается к работе. Являясь важной отраслью экономики, на долю которой приходится около 4,6% ВВП страны, строительство создает большое количество рабочих мест и потребляет продукцию смежных отраслей. Жизнь сектора полностью зависит от обеспечения беспрерывного строительного цикла производства. Насколько принимаемые правительством меры гарантируют стабилизацию ситуации в строительной индустрии, будет зависеть от совокупности действий и принятых нормативных правовых актов в области труда, экономики и финансов страны.

 

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