Date: 2 April, 2020

Categories: Corporate and Commercial Law FPS News Labor Law Legislation

Medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familia y colectivos vulnerables

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Se ha aprobado en el Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Este nuevo RD-Ley fue publicado el 1 de abril  y, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esto es, el día 2 de abril de 2020, a excepción del artículo 37, sobre Medidas de restricción a las comunicaciones comerciales de las entidades que realicen una actividad de juego regulada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que entrará en vigor a los dos días de su publicación en el BOE, es decir, el 3 de abril de 2020.

Las medidas de apoyo que se han dictado para los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables ante las dificultades transitorias provocadas por el Covid-19 son:

  1. – Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables
  2. – Medidas de apoyo a los autónomos
  3. – Medidas de protección a los consumidores.

1. Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables

En el presente apartado se regulan cuatro aspectos fundamentales con el objetivo de proteger a los colectivos más vulnerables afectados por las dificultades provocadas por el Covid-19, esto es, todo lo relativo a los contratos de arrendamientos, deudas hipotecarias o no hipotecarias, a los suministros eléctricos, gas, agua y derivados del petróleo y, por último, en lo relativo a los empleados del hogar y trabajadores con contratos temporales.

En primer lugar, en cuanto a lo relativo a los contratos de arrendamiento cabe señalar la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos en los hogares que se consideren como vulnerables y que no tengan alternativa habitacional. En este sentido, el decreto señala que se procederá a la suspensión de todos los términos y plazos de los desahucios derivados del contrato de arrendamiento suscrito, todo ello por un plazo máximo de 6 meses.

En este sentido, el presente Real Decreto ha procedido a definir de nuevo el concepto de vulnerabilidad económica, estableciendo unos parámetros nuevos de aplicación y exigiendo una serie de documentación para acreditar el mismo, los cuales vienen a definirse en el presente Real Decreto Ley.

En segundo lugar, se ha procedido a establecer una prórroga extraordinaria a aquellos contratos de arrendamiento en los que finalice la prórroga obligatoria o bien la prórroga tácita, siendo de aplicación dicha prórroga desde la entrada en vigor del presente decreto, es decir, el 2 de abril de 2020, hasta dos meses después de la finalización del estado de alarma. Asimismo, cabe resaltar que para la aplicación de ésta prórroga se exige la solicitud previa por parte del arrendatario, no teniendo ninguna obligación el arrendador.

En tercer lugar, el decreto regula las consecuencias en caso de que exista deuda arrendaticia, diferenciando las consecuencias en caso de que el arrendador sea o bien sociedad, entidad pública o gran tenedor o bien persona física.

  • – En el caso de que el arrendador sea una sociedad o entidad pública o gran tenedor (entendiendo como gran tenedor cualquier persona física o jurídica que tenga más de 10 inmuebles urbanos o una superficie construida superior a 1500m2) existirá una aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia si se cumplen los siguientes requisitos:

1) Si es la vivienda habitual

2) Si el arrendatario se encuentre en una situación de vulnerabilidad económica

3) Si se solicita en el plazo de un  mes desde la entrada en vigor del presente Real decreto-ley.

No obstante, el decreto señala dos alternativas para el arrendador pudiendo aplicar o bien una reducción del 50% de la renta mientras dure el estado de alarma o sus consecuencias (con un máximo de 4 meses), o bien una moratoria en el pago mientras dure el estado de alarma o sus consecuencias (con un máximo de 4 meses también).

  • – En el caso de que el arrendador no le aplique el apartado anterior, por no ser una sociedad, o entidad pública o considerado como gran tenedor, se regula también un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, debiéndose solicitar por el arrendatario que se encuentre en estado de vulnerabilidad económica y debiendo responder el arrendador en un plazo de 7 días sobre si acepta la propuesta o indicando otras posibles alternativas.

En el caso de que no se llegase a un acuerdo entre las partes, el Decreto dará acceso al arrendatario al programa de ayudas que aprueba también el presente Real Decreto para proporcionar financiación a los arrendatarios que se hayan visto afectados por el COVID-19.

Además de las anteriores ayudas el Decreto también regula ayudas a las personas afectadas por el COVID-19 y que se encuentren en estado de vulnerabilidad económica así como un programa de ayudas preferente para las personas que estén en un procedimiento de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual.

En cuarto lugar, el decreto prevé una nueva definición de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria económica y del crédito de financiación no hipotecario, incluyendo en estos casos a personas que se encuentren en desempleo o empresarios o profesionales que hayan visto reducida su facturación un 40%, regulando tanto las condiciones económicas que deben cumplir como los documentos que deberán aportar para acreditarlo. A continuación el Real Decreto define la situación de vulnerabilidad económica para aquellos contratos de crédito sin garantía hipotecaria, fijando los requisitos que deben cumplir y los documentos que deberán aportar para acreditarlo. Por último, el decreto establece que la moratoria de la deuda o préstamo hipotecario podrá concederse siempre que fuesen contratados para la adquisición de:

  1. 1. la vivienda habitual
  2. 2. inmuebles afectos a la actividad económica
  3. 3. viviendas distintas a la habitual destinadas a la situación de alquiler y se haya dejado de percibir la renta por la entrada en vigor del estado de alarma.

En quinto lugar, y siempre y cuando se cumpla con la definición prevista en el apartado anterior dada por el Real Decreto, se regula la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria, fijándose una suspensión temporal de las obligaciones, siempre y cuando se haya contratado por una persona física y con un duración inicial de tres meses. Asimismo, cabe resaltar dos cuestiones, la presente suspensión aplica igualmente si existiesen avalistas o fiadores y no generará interés alguno.

En sexto lugar, el decreto regula la percepción de un bono social por parte de los trabajadores autónomos, siempre y cuando hayan cesado su actividad o bien hayan visto reducida su facturación en al menos el 75% del semestre anterior. No obstante, para poder acceder al mismo se estudiará que se cumpla con los requisitos que se fijan en el decreto, analizando los ingresos de la unidad familiar, no únicamente del trabajador autónomo.

En séptimo lugar, el decreto establece una prohibición a las compañías eléctricas, productos derivados del petróleo, gas natural y agua de suspender dichos suministros en las viviendas habituales de los consumidores personas físicas.

Por último, en este apartado dedicado a las personas más vulnerables, se regula una especial protección a los empleados del hogar y a los trabajadores con contratos temporales. En el primer supuesto se establece un beneficio a un subsidio a aquellos empleados de este sector que se hayan visto desempleados o bien dejado de prestar sus servicios, total o parcialmente, regulando el mismo el mecanismo de cálculo de dicho subsidio. En el segundo supuesto se establece también un subsidio a aquellos trabajadores con contrato temporal que se les hubiese extinguido el contrato por la situación de estado de alarma en la que nos encontramos.

2. Medidas de apoyo a los autónomos

En este segundo apartado se regula las medidas de apoyo destinadas a los autónomos, reconociendo una moratoria en las cotizaciones de la Seguridad Social, pudiendo otorgar moratorias de 6 meses, sin intereses, debiendo ser solicitada la misma por el trabajador para que sea concedida, debiendo solicitarse en los 10 primeros días del plazo reglamentario.

Asimismo, la moratoria no sólo será de aplicación para las cotizaciones a la Seguridad Social sino también para el pago de las deudas que se tuviesen contraídas con la Seguridad Social, incluyendo un interés del 0,5%, menor al que sería de aplicación, debiendo también solicitarse por el trabajador para que se conceda dicho aplazamiento en los 10 primeros días del plazo reglamentario.

3. Medidas de protección de consumidores

En este último apartado de medidas para las personas más vulnerables se regulan una serie de medidas destinadas a la protección de los consumidores. En primer lugar, se concede un derecho de resolución de determinados contratos durante un plazo de 14 días cuando estos resultasen de imposible cumplimiento, incluyéndose los siguientes contratos:

  • – Compraventa
  • – Prestación de servicios (incluyéndose los contratos de tracto sucesivo)

En este sentido, si se resolviese por el consumidor dichos contratos, el empresario deberá devolver las cantidades abonadas, excepto los gastos en los que hubiese incurrido, siempre y cuando estos estuviesen desglosados y facilitados al consumidor.

Sin perjuicio de lo anterior, en los contratos de tracto sucesivo se permite llegar a un acuerdo en el que se pueda recuperar posteriormente el servicio y en los contratos de viajes combinados que hubiesen sido cancelados por el motivo del estado de alarma las compañías deben reembolsar las cantidades o entregar un bono pero si esté no fuese utilizado en un año entonces deberán proceder al reembolso.

Por último, el real decreto ha incluido un último apartado dónde prohíbe expresamente las comunicaciones comerciales de las entidades que realicen una actividad de juego regulada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, evitando así las actividades de publicidad de actividades de juego como las comunicaciones comerciales de éstas, todo ellos mientras esté vigente el estado de alarma.

Con carácter general las medidas expuestas entraron en vigor el día 2 de abril de 2020 excepto está última expuesta que entra en vigor el 3 de abril de 2020.

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Date: 1 April, 2020

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Nuevas medidas adoptadas en virtud del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

Tras la declaración de la pandemia por la OMS el 11.03.2020 han debido de adoptarse medidas urgentes y contundentes con el objetivo de amortiguar el impacto de esta crisis provocada por el COVID 19, que afecta a la economía y a la sociedad, debido a la paralización de la actividad de numerosos sectores y a la restricción de movilidad.

Por ello, se han tomado diversas medidas de ámbito económico y social por parte del Gobierno para dar respuesta a las situaciones de crisis e incertidumbre generadas a causa de la pandemia. Estas medidas se encuentran recogidas en diversos Reales Decretos. Entre ellos se encuentra el Real Decreto-ley 6/2020 de 10 de marzo mediante el que se aprueban determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública y el Real Decreto 7/2020 de 12 de marzo, por el que se aprueban las medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID 19.

El último Real Decreto-ley aprobado y que entra  en vigor el próximo 2 de abril de 2020, a excepción de su artículo 37 que entra en vigor el próximo 3 de abril, es el 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

A continuación, un breve resumen de algunos de los temas contemplados en el mismo.

1.-Apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos más vulnerables

El mencionado Real Decreto-ley contempla un paquete de medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos más vulnerables que tras la paralización de gran parte de la actividad económica ha visto afectada sus ingresos, para que estos puedan disponer de unos ingresos mínimos y contribuir al alivio de sus gastos fijos.

Con el fin de dar apoyo a los colectivos vulnerables se han acordado las siguientes medidas:

  • – Suspensión de 3 meses en relación a la moratoria de la deuda hipotecaria. Es importante hacer hincapié en que estas cuotas no tendrán que ser liquidadas una vez finalizada la suspensión, sino que los pagos de los mismos se deben posponer lo que haya durado la suspensión.

Esta moratoria, que en un primer lugar, únicamente se aplicaba a la vivienda habitual de personas físicas se ha extendido a dos nuevos colectivos: autónomos y profesionales respeto de los inmuebles afectos a su actividad económica, así como a las personas que tengan arrendados inmuebles por lo que no reciban la renta arrendaticia en aplicación de las medidas en favor de los arrendatarios como consecuencia del estado de alarma.

  • – Otra de las medidas acordadas es el alcance de la moratoria de los créditos y préstamos no hipotecarios, que hasta el momento únicamente se contemplaba la moratoria para los préstamos hipotecarios.
  • – Por otro lado, se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social de electricidad, al que podrán acogerse las personas que tengan una renta igual o inferior a determinados umbrales referenciados al IPREM y que acrediten que han cesado su actividad profesional o que sus ingresos se han visto reducidos en más de un 75% respecto al semestre anterior.
  • – Asimismo, se ha decretado que los suministros energéticos y de agua no podrán suspenderse en la vivienda habitual mientras dure el Estado de Alarma, a no ser que se deba por seguridad del suministro, de las personas o de las instalaciones. Asimismo, mientras dure el Estado de Alarma, no computarán a efectos de los plazos los procedimientos de suspensión de los suministros iniciados con anterioridad a dicho periodo.
  • – En lo que respecta al gremio de los trabajadores del hogar, decir que al no disponer gran parte de ellos de la prestación por desempleo, se ha creado un subsidio extraordinario temporal del que se podrán beneficiar ante la falta de actividad o reducción de jornada. La cuantía del subsidio dependerá de la retribución percibida con anterioridad, así como de la reducción de actividad que se sufra.

2.- Medidas para autónomos

La gran mayoría de autónomos y empresas han tenido que suspender su actividad o, por lo menos, reducirla. Con el fin de aliviar la situación financiera que tienen que afrontar se ha habilitado a la Tesorería General de la Seguridad Social a la concesión de moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social atendiendo a los casos y supuestos que se señalen en la Orden Ministerial.

El periodo de devengo para las empresas será el comprendido entre abril y junio de 2020, mientras que el de los autónomos será el comprendido entre mayo y julio del mismo año. Asimismo, estos podrán solicitar el aplazamiento de pago de deudas con la Seguridad Social cuando deban ingresarlos entre abril y junio de 2020, con una rebaja sustancial del tipo de interés exigido que se fija en el 0,5%.

Otra de las medidas acordadas es que para aquellos que hayan tenido que suspender el ejercicio de su actividad y que no hayan abonado a día de hoy las cotizaciones a la seguridad social relativas a los primeros días de marzo trabajados, estos podrán abonarlas fuera de plazo sin ningún tipo de recargo.

3.- Protección de los consumidores

En relación a este asunto se han puesto en marcha una serie de medidas para dotar a consumidores y usuarios de mecanismos que garanticen sus derechos y protección.

En primer lugar, debe mencionarse que estos cuentan con un plazo de 14 días para ejercer su derecho de resolver el contrato relativo a compraventa de bienes y prestación de servicios, sean o no de tracto sucesivo.

Asimismo, se señala que respecto a los contratos de tracto sucesivo, que no hayan sido rescindidos,  se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a la normalidad.

En lo que respecta a la prestación de servicios por varios proveedores, como pueden ser los viajes combinados, el Real Decreto-Ley señala que los consumidores y usuarios podrán optar por el reembolso o hacer uso del bono que le entregará el organizador. Este bono podrá ser canjeado en el plazo de un año a contar desde la conclusión del Estado de Alarma. En caso de no utilizarse durante ese periodo, el consumidor puede exigir el derecho de reembolso.

 

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Date: 31 March, 2020

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Permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.

El 14 de marzo pasado se declaró, mediante Real Decreto (RD 463/2020), el Estado de alarma con el fin de hacer frente la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicho Real Decreto adoptó una serie de medidas en relación con la limitación de la movilidad de las personas, así como de las actividades sociales y económicas de nuestro país, que han contribuido a contener el avance del COVID-19.

Sin embargo, a pesar de las mencionadas medidas, las cifras de personas contagiadas y de victimas del COVID-19 que son ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos, ha continuado creciendo, provocando una presión creciente sobre el Sistema Nacional de Salud y, en particular, sobre los servicios asistenciales. Por ello, atendiendo a las recomendaciones de los expertos en el ámbito epidemiológico, el Gobierno, mediante Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, adopta nuevas medidas que cuyo fin es reforzar el control de la propagación del virus.

El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, es aplicable a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del presente real decreto-ley disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive. Dicho permiso conlleva que las personas trabajadoras conserven el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.

Sin embargo, dichas personas trabajadoras deberán recuperar las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido. La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020. En cualquier caso, la recuperación de estas horas no podrá suponer el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, el establecimiento de un plazo de preaviso inferior al recogido en el artículo 34.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ni la superación de la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación. Asimismo, deberán ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente.

El mencionado Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, no es aplicable, entre otras, a las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como esenciales como por ejemplo abogados, procuradores, empresas de servicios financieros, empresas que prestan servicios en instituciones penitenciarios, centros sanitarios, transportistas y etc. En el anexo de dicho norma, se detalla todas las profesiones y servicios calificados como esenciales a las que, por ende, no se les aplicará el régimen del permiso retribuido.

Ayer, lunes 30 de marzo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. Dicha Orden entró en vigor el mismo día de la publicación y resultará de aplicación durante la vigencia del permiso retribuido establecido por el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020.

Esta Orden tiene por objeto (i) especificar actividades excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, así como (ii) facilitar, en su anexo, un modelo de declaración responsable en la que se indica que la persona trabajadora puede continuar realizando desplazamientos a su lugar de trabajo o de desarrollo de su actividad de representación sindical o empresarial.

Dicha Orden aclara dos aspectos:

  1. 1. Por una parte, el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el permiso retribuido que regula  no son de aplicación para los trabajadores por cuenta propia (autónomos).
  2. 2. Por otro lado, las actividades de representación sindical y patronal no están afectadas por las restricciones de movilidad con  el  fin  de  garantizar  la  asistencia  y  asesoramiento a personas trabajadoras y empleadores.

 

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Date: 27 March, 2020

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Características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece una serie de medidas para preservar la normalidad de los flujos de financiación y los niveles de circulante y liquidez, para así permitir que empresas y autónomos continúen abonando los salarios de los empleados y las facturas a proveedores, manteniendo la actividad económica. Entre estas medidas, el artículo 29 de esta norma prevé una línea de avales por importe máximo de 100.000 millones de euros facilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para la cobertura de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos y gestionados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El pasado 24 de marzo de los corrientes, el Consejo de Ministros se ha reunido y ha adoptado un Acuerdo por el que se aprueban las características y las condiciones del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19.

En primer lugar, indicar que  se trata de avales en rango «pari passu», en los que el Estado comparte riesgo con las entidades financieras, por lo que se movilizarán también importantes cantidades por parte de las entidades privadas. Por tanto, las cantidades que por medio de esta línea de avales se ponen a disposición para mantener la actividad económica de empresas y autónomos han de entenderse como un mínimo, que vendrá complementado por recursos adicionales del sector privado.

El Acuerdo del Consejo de Ministro refleja, entre otros, los siguientes puntos:

1.- Las condiciones específicas y los requisitos a cumplir para la liberación del primer tramo de la línea de avales, por importe máximo de 20.000 millones de euros. Se detallan en su anexo I.

2.- Los importes correspondientes a los quebrantos que se produzcan por la ejecución del aval, así como los gastos de gestión y administración del Instituto de Crédito Oficial por la instrumentación de este aval, se atenderán desde la partida presupuestaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establecida al efecto y conforme a los términos indicados en el presente Acuerdo.

3.- La facultad que se otorga al ICO para que, en el ámbito de sus competencias, a través de sus órganos competentes, resuelva cuantas incidencias prácticas pudiesen plantearse para la ejecución de esta línea de avales y durante toda la vigencia de las operaciones.

4.- El ICO deberá disponer lo necesario para la puesta en marcha de forma efectiva de esta línea de avales en el plazo de los 10 días siguientes a la adopción del Acuerdo.

Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir  para la liberación del primer tramo de la línea de avales, son los siguientes:

  • – Importes del primer tramo y de los subtramos

Se crean dos subtramos, con los siguientes importes y categorías:

  • 1. Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes.
  • 2. Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a empresas que no reúnan la condición de pyme.
  • – Préstamos elegibles y análisis de riesgos.

Préstamos y otras operaciones otorgadas a empresas y autónomas que tengan domicilio social en España y se hayan visto afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que:

  • 1. Los préstamos y operaciones hayan sido formalizados o renovados con posterioridad al 17 de marzo de 2020.
  • 2. Los acreditados no figuren en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019.
  • 3. Los acreditados no estén sujetos a un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 2020, bien por haber presentado solicitud de declaración de concurso, o por darse las circunstancias a que se refiere el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para que el concurso sea solicitado por sus acreedores.
  • – Importe máximo del préstamo por cliente.
  • 1 Hasta un máximo de 1,5 millones de euros en una o varias operaciones de préstamo a autónomos y empresas.
  • 2 Para préstamos por encima de 1,5 millones de euros, hasta el máximo establecido en el Marco Temporal de Ayudas de Estado de la Comisión Europea tanto para autónomos y empresas que reúnan la condición de pyme como para empresas que no reúnan la condición de pyme.
  • – Análisis del perfil de riesgo y condiciones de elegibilidad de la operación.
  • 1 Se avalarán las operaciones de hasta 50 millones de euros que hayan sido aprobadas por la entidad conforme a sus políticas de riesgos, sin perjuicio de comprobaciones posteriores sobre sus condiciones de elegibilidad.
  • 2 Se avalarán las operaciones por encima de 50 millones de euros una vez que ICO haya analizado el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad de manera complementaria al análisis de la entidad financiera.
  • -Fuentes de financiación de las operaciones.

Este esquema de avales será otorgado a los préstamos y otras modalidades de financiación a las empresas y autónomos concedidos por las entidades financieras con independencia de su fuente de financiación. No obstante, si la operación de préstamo contase con la financiación de ICO, el esquema previsto en este Acuerdo será aplicable a la participación de ICO en las mismas condiciones.

  • – Porcentajes máximos de aval.

En el caso de pymes y autónomos el aval ascenderá como máximo al 80% de la operación.

En empresas que no reúnan la condición de pyme el aval cubrirá como máximo el 70% de nuevas operaciones y el 60% de operaciones de renovación.

  • – Plazo de solicitud de los avales.

Los avales podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo de Ministros.

  • – Plazo de vencimiento máximo del aval.

El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de 5 años.

  • – Derechos y obligaciones de las entidades financieras.

La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos.

Los costes de los nuevos préstamos y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura.

Las entidades financieras se comprometen a mantener al menos hasta 30 de septiembre de 2020 los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.

Las entidades financieras señalarán en sus sistemas de contabilidad y de gestión del riesgo estas operaciones, con el fin de facilitar su trazabilidad. Posteriormente, incorporarán esta señalización en su declaración a la Central de Información de Riesgos, siguiendo a tal efecto las instrucciones del Banco de España.

 

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Date: 27 March, 2020

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Extraordinary measures for legal entities under private law – COVID19

Real Decreto Ley 8/2020, of 17 March, on extraordinary urgent measures to deal with the economic and social impact of COVID-19, adopts a series of measures covering many different areas of business activity. In its articles 40 and following, this Real Decreto Ley establishes a series of measures for Legal Entities of Private Law, applicable to registry entries and the application for insolvency proceedings.

The main measures adopted in relation to the extraordinary measures applicable to Legal Entities of Private Law are summarised below:

  • – Even if it was not set out in the Corporate Bye-laws, meetings of the governing bodies, of civil and commercial companies, of the governing board of cooperative societies and of the board of trustees of administrative foundations, as well as of the delegated commissions and of the voluntary and compulsory commissions by videoconference will be valid.
  • – Even if it is not set out in the Corporate Bye-laws, the vote in writing is valid without a meeting, provided that it is decided by the Chairman and requested by at least two members of the corresponding corporate body.
  • – Suspension of the period of 3 months from the date of closure of the financial year to formulate the annual accounts until the end of the state of alarm, restarting again for another 3 months from that date.
  • – If the annual accounts have already been formulated at the date of the declaration of the alarm state, the period for their audit – if this is obligatory – will be extended by two months once the alarm state has ended.
  • – The Ordinary General Meeting for the approval of the annual accounts of the previous financial year shall necessarily be held within three months from the moment the alarm state is finished.
  • – If the call to the General Meeting has been published before the declaration of the state of alarm but the day of the meeting is later than that declaration, the place and time foreseen for the meeting may be modified or the agreement to call the meeting may be revoked. In the event of revocation of the convening agreement, the administrative body must call the meeting again within the month after the date on which the state of alarm ended.
  • – The Notary required to attend a General Meeting of Shareholders may use real-time remote communication media.
  • – While the state of alarm lasts, the shareholders may not exercise their right of separation.
  • – The reimbursement of contributions to cooperative members who leave during the period of the alarm state is extended until six months after the end of the alarm state.
  • – If, during the validity of the alarm state, the duration of the company expires, the dissolution will not take place until two months after the end of the alarm state.
  • – If during the validity of the state of alert legal or statutory causes for dissolution occur, the administrators will not be responsible for the company’s debts incurred during this period.

Furthermore, Real Decreto Ley 8/2020 of 17 March establishes extraordinary measures applicable to the functioning of the governing bodies of listed companies, establishing the following:

  • – The publication and submission of the annual financial report to the CNMV, as well as the audit report to which they are obliged, may be complied with up to six months after the end of the financial year.
  • – The Ordinary General Meeting of Shareholders may be held within the first ten months of the financial year.
  • – Provision may be made for attendance at the meeting by electronic means and for remote voting.
  • – Resolutions of the Board of Directors and resolutions of the Audit Committee adopted by videoconference or by multiple telephone conference shall be valid, even if it is not set forth in the Corporate Bylaws.

This Real Decreto Ley also establishes the suspension of the expiration period of the registry entries during the validity of Real Decreto  463/2020, of 14 March, which declares the state of alarm for the management of the health crisis situation caused by COVID-19.

And finally, with regard to extraordinary and urgent measures of a corporate nature, Real Decreto Ley 8/2020 of 17 March establishes the interruption of the deadline set by the Insolvency Law so that a debtor who is in a state of insolvency is not obliged to apply for a declaration of insolvency.

 

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Date: 27 March, 2020

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Medidas extraordinarias para personas jurídicas de derecho privado -COVID19

El Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, adopta una serie de medidas que abarcan muchos y diferentes ámbitos de la actividad empresarial. En sus artículos 40 y siguientes, dicho Real-Decreto-Ley establece una serie de medidas para las Personas Jurídicas de Derecho Privado, aplicables los asientos registrales y la solicitud de concurso.

Resumimos a continuación las principales medidas adoptadas relacionadas con las medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado:

  • – Aunque los Estatutos Sociales no lo hubieran previsto, validez de la celebración de sesiones de los órganos de gobierno, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones de administración, así como de las comisiones delegadas y de las comisiones voluntarias y obligatorias por videoconferencia.
  • – Aunque los Estatutos Sociales no lo hubieran previsto, validez de la votación por escrito y sin celebración de sesión, siempre que lo decida el presidente y se solicite por, al menos, dos miembros del órgano social correspondiente.
  • – Suspensión del plazo de 3 meses desde la fecha de cierre del ejercicio social para formular las cuentas anuales hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros 3 meses a contar desde esa fecha.
  • – Si las cuentas anuales ya se hubieren formulado a la fecha de declaración del estado de alarma, el plazo para su auditoría -si esta fuera obligatoria-, se prorrogará por dos meses una vez finalizado el estado de alarma.
  • – La Junta General Ordinaria para la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses a contar a partir del momento en que se dé por finalizado el estado de alarma.
  • – Si la convocatoria de la Junta General se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, podrá modificarse el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria. En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.
  • – El Notario requerido para asistir a una Junta General de socios podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real.
  • – Mientras dure el estado de alarma, los socios no podrán ejercitar el derecho de separación.
  • – El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
  • – Si durante la vigencia del estado de alarma transcurriera el término de duración de la sociedad, la disolución no se producirá hasta transcurridos dos meses desde la finalización del estado de alarma.
  • – Si durante la vigencia del estado de alarma acaece causa legal o estatutaria de disolución, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

Asimismo, el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, establece medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las sociedades anónimas cotizadas estableciendo lo siguiente:

  • – La publicación y remisión del informe financiero anual a la CNMV, así como el informe de auditoría a que están obligadas, podrá cumplirse hasta seis meses después del cierre del ejercicio social.
  • – La Junta General Ordinaria de accionistas podrá celebrarse dentro de los diez primeros meses del ejercicio social.
  • – Se podrá prever la asistencia a la convocatoria por medios telemáticos así como el voto a distancia.
  • – Serán válidos los acuerdos del Consejo de Administración y los acuerdos de la Comisión de Auditoría que sean adoptados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, aunque ello no se disponga en los Estatutos Sociales.

Dicho Real Decreto-Ley, también establece la suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Y por último, en cuanto a las medidas extraordinarias y urgentes de índole societario, el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, establece la interrupción del plazo fijado en la Ley Concursal para que el deudor que se encuentre en estado de insolvencia, no tenga el deber de solicitar la declaración de concurso.

 

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Date: 27 March, 2020

Categories: Civil Law FPS News Jurisprudence Legislation

Consequences of Contractual Breach due to COVID-19

Contractual relations have been affected by the crisis caused by COVID 19. This has meant that some of the obligations have been prevented or impossible to fulfil, while others have only had to be postponed. We must therefore consider the legal framework for analysing the effects that may arise in cases under the concept of “force majeure”.

The concept of “force majeure” does not appear in our Civil Code, but has been developed through doctrine and jurisprudence as an event that is not only unforeseeable, but even if it had been foreseen, it would have been inevitable, and is outside the scope of the party in breach, being something alien to it.

“Force majeure” does not totally exonerate the party in breach from performing the obligation, but only excuses it from having to pay damages to the other party during the period in which the obligation cannot be performed. This means that the non-performance of the obligation by the party who is obliged to perform it must be completed, provided that it is still possible once the circumstances which led to the non-performance have ceased to exist.

It is important to emphasize that “force majeure” does not apply to money debts, as indicated in the Supreme Court’s Sentences of May 19, 2015 and July 13, 2017.

On the other hand, there is the possibility of modifying or terminating the contract when the circumstances that led to the conclusion of the contract are altered. However, in order to make this possible, the following requirements must be met:

(a) the new circumstances are unforeseeable

(b) the new circumstances have led to a disturbance of the balance between the contracting parties which makes the performance excessively burdensome for one of them.

Modification of the contract is usually the preferential solution given the principle of conservation of contracts governed by our law, but termination is also possible if it is absolutely impossible to restore the balance of the contract’s performance.

 

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Date: 27 March, 2020

Categories: Administrative Law FPS News Legislation Real Estate

Barcelona City Council regulates private building developments during the state of alarm – COVID19

On 17 March 2020, Barcelona City Council approved a decree by which

  • – DECLARES THE SUSPENSION of the periods of execution of the private promotion works established in the municipal enabling titles of any type (licence, deferred or immediate communications, “assabentats”) during the period of validity of the state of alarm and, if appropriate, of the extensions that may be adopted.
  • – WARNS to the promoters must suspend the works, installations and constructions are being carried out in the municipal area of Barcelona if they cannot guaranty the application of the safety measures approved by the WHO, the state and regional health authorities and the Barcelona Public Health Agency to their employees.

This warning covers both major and minor works.

  • – RECOMMENDS the suspension of all private development works that involve travel on public roads.
  • – It excludes from the scope of the Decree the actions to be carried out during the validity of Real Decreto 463/2020 (i.e. 15 days from 14th March) when they are justified to ensure the safety of people.

The Decree therefore seems to allow the completion of works covered by execution orders whose fulfilment is compulsory during the period indicated above and always in the interest of guaranteeing the safety of persons (not of buildings, if this does not imply a risk to persons). The Mayor’s Decree has been published in the Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona on March 18th, 2020.

 

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Date: 27 March, 2020

Categories: Administrative Law FPS News Labor Law Legislation Tax Law

Urgent measures in the fields of public contracting, health and healthcare waste management, transparency, public transport and tax and economic matters – COVID19

On Thursday 19 March came into force the Decreto Ley 7/2020 of 17 March on measures in the field of public procurement, transport, tax management, hospital waste treatment and transparency, approved by the Government of the Generalitat de Catalunya.

The following is a description of the measures adopted in relation to the field concerned, with particular emphasis on those of a social and economic nature, excluding health measures.

In relation to public procurement:

– Certain measures are adopted in relation to the fulfilment of certain contracts currently in force in sectors of activity highly affected by the situation generated. Specifically:

  • 1. The execution of certain contracts for educational centres and public buildings, facilities and equipment in Catalonia has been suspended. The duration of the suspension will run from 14 March 2020 until the date on which the closure order is lifted.
  • 2. The execution of other local authority contracts is suspended.
  • 3. Contracts for works and related services or assistance contracted by the Administration of the Generalitat or its public sector are also suspended.

– It is foreseen the possibility of implementing meeting boards that meet without face-to-face assistance. In addition, the emergency processing by local entities is authorised in certain cases.

– The Centre for Telecommunications and Information Technology of the Generalitat is authorised to use emergency procedures for a number of essential services and supplies.

In relation to the self-employed:

– Under certain conditions, a maximum aid of 2,000 euros is foreseen for self-employed workers, in order to alleviate the reduction of their economic activity as a result of the pandemic. The following requirements must be met:

  • – to be registered in the special social security regime for self-employed workers.
  • – to have their tax domicile in a municipality of Catalonia.
  • – to have their activity paralysed as a result of the pandemic, and at the same time to demonstrate a drastic and involuntary reduction in turnover.
  • – to accredit economic losses in the month of March 2020, compared to the same month of the previous year. In case of less than 1 year, the comparison will be made with the average monthly benefits of the discharge.

In the area of tax matters:

The deadlines for filing and paying taxes are suspended. Specifically, it is established the suspension of the submission of self-assessments and payment of taxes belonging to the Generalitat de Catalunya and the taxes transferred to it.

In matters of transparency:

– Requests for access to public information may only be submitted electronically while the provisions and measures of containment adopted are in force.

In relation to public transport:

– The need is foreseen to evaluate the impact that the decrease with regard to fare revenues will have on the transport system, as well as to include within the economic forecasts the increase in the expenses of public transport operators as a result of a greater use of material and personal resources.

 

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Date: 27 March, 2020

Categories: Administrative Law FPS News Legislation Tax Law

Suspension of Tax Deadlines – COVID19

On 18 March last, Royal Decree Law 8/2020 of 17 March on urgent extraordinary measures to deal with the economic and social impact of COVID-19 (hereinafter RDL 17 March) came into force.

Some of the most important measures are those relating to the flexibilization of the deadlines for the payment of tax debts, and in general the suspension of deadlines in the tax field, provided for in Article 33 of the RDL, 17 March.

The measures adopted are set out below:

A. Extension of deadlines

  • – They are extended until 30 April 2020:
    1. The deadlines for payment of the tax debt resulting from settlements made by the government, as well as the tax debt, once the enforcement period has begun and the injunction has been notified.
    2. The deadlines and instalments of the deferment and instalment agreements granted.
    3. The deadlines related to the development of the auctions and the awarding of goods.
    4. The terms to attend to the requirements, seizure proceedings and requests of information with tax significance.
    5. The time limits for formulating arguments before acts of opening of said procedure or hearing, dictated in procedures of application of taxes, sanctions or declaration of nullity, return of undue income, rectification of material errors and revocation.
    6. The time limits to deal with requests and applications for information made by the General Cadastre Board which are within the time limit for replying to the entry into force of this Royal Decree Law are extended until 30 April 2020.
  • – They are extended until 20 May 2020 (unless the period granted by the general rule is longer)
    Any of the six cases listed above, which have been reported as of March 18, the date of entry into force of RDL 17 March.

B. Voluntary compliance

If the taxpayer complies with the tax request or application, or presents his arguments, the procedure will be considered completed, without prejudice to the provisions regarding the extension of deadlines.

C. Calculation of time limits (for the period from 18 March to 30 April 2020)

  • – It shall not be taken into account the deadline of the procedures for the application of taxes, penalties and reviews carried out by the AEAT. However, during said period the Administration may promote, order and carry out the procedures that it considers mandatory.
  • – It shall not be taken into account the deadline of (nor for the purposes of expiration): the right of the Administration to determine the tax debt through the appropriate settlement or to demand the payment of settled and self-assessed tax debts, as well as the right to request or obtain the refunds arising from the regulations of each tax, refunds of undue income and the reimbursement of the cost of guarantees.

D. Notifications

In the appeal for reversal and in the economic-administrative proceedings, the resolutions that conclude them shall be deemed notified when there is evidence of a notification attempt of the resolution between March 18 and April 30, 2020.

E. Complaints and appeals

The period for appealing or filing economic-administrative claims against tax acts, as well as for appealing administratively against the resolutions issued in economic-administrative proceedings, will not begin until after 30 April, or until the appropriate notification has been made, if this has occurred subsequently.

It should be noted that the measures set forth herein will be applicable to those procedures whose processing has been initiated prior to the entry into force of the RDL of March 17.

Finally, and in relation to the validity of the announced measures, these will be in force for a period of one month from their entry into force – March 18, 2020 – that is, until April 17, 2020, without prejudice to the possibility of extending their duration by the Government.

 

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