CAMBIO DOCTRINAL EN EL TRIBUNAL SUPREMO: LOS BANCOS DEBERÁN SOPORTAR EL IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

El importante cambio de doctrina jurisprudencial que el Tribunal Supremo ha confirmado mediante la reciente Sentencia 1505/2018 de 16 de octubre, ha supuesto la alteración del sujeto pasivo que debe soportar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (en adelante, también referido como AJD) devengado con ocasión del otorgamiento de escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria. Éste sujeto pasivo será, pues, el acreedor hipotecario y no el prestatario, tal y como venía reconociéndose hasta ahora.

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La citada Sentencia modifica, de esta forma, la doctrina que el Tribunal Supremo había venido manteniendo en relación a esta cuestión en resoluciones tan recientes como la Sentencia de 9 de junio de 2016, dictada en el recurso núm. 867/2014, o de 28 de febrero de este mismo año.

La reinterpretación  que se realiza del Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley delImpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), a tenor de lo previsto en el Reglamento que lo desarrolla (Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo) se basa, principalmente, en 3 cuestiones: (i) la garantía hipotecaria como negocio principal, (ii) la propia configuración legal del impuesto y (iii) el sujeto interesado en la inscripción de dicha hipoteca.

i.  Garantía hipotecaria como negocio principal

Hasta ahora, el Tribunal Supremo había argumentado la unidad del hecho imponible: el préstamo hipotecario. Según el art. 15.1 de la Ley ITPyAJD, a efectos del impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas “los derechos de hipoteca en garantía de préstamo tributan en concepto de préstamo” y “en caso de préstamo, el obligado será el prestatario” (art. 8 d).

Sin embargo, respecto a la modalidad del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, dicho tributo sólo considera hecho gravable el documento notarial cuando incorpora actos o contratos inscribibles en Registros Públicos.

En consecuencia, el Alto Tribunal razona que siendo la hipoteca la que precisa de inscripción registral para su validez –y no el préstamo-, ello hace que la hipoteca sea el negocio central a efectos tributarios, puesto que es el único elemento que hace que el acto se sujete al impuesto sobre AJD.

ii. Configuración legal del impuesto

La ratio decidendi de la sentencia se centra en la anulación del artículo 68.2 del ya citado Reglamento de desarrollo de la Ley ITPyAJD. Éste establece, en relación con el impuesto de AJD, que el sujeto pasivo será el adquiriente del bien o derecho, y que en los préstamos con garantía hipotecaria, se considerará adquirente al prestatario. A pesar de que dicho precepto había sido calificado por el propio Tribunal Supremo como “de indudable valor interpretativo”, considera el Alto tribunal en esta ocasión que la interpretación que hasta ahora ha realzado el Tribunal Supremo, relacionando ese derecho al préstamo, no puede ser válida por cuanto supone un exceso reglamentario a lo contemplado en la Ley.

En efecto, extraer pues que el adquiriente sea el prestatario en las escrituras de constitución de préstamo con garantía supone un exceso a los parámetros establecidos por la Ley ya que, argumenta el Tribunal, si tal hubiera sido la voluntad del legislador en sede de AJD, así lo podría haber hecho constar en el establecimiento del sujeto pasivo (art. 29), como sí lo hizo en sede del impuesto de Transmisiones patrimoniales onerosas (art. 15).

iii. El interesado en la inscripción de la hipoteca

En base al tenor literal del ya citado artículo 29 de la Ley ITPyAJD, determinante del sujeto pasivo para impuestos sobre AJD, entiende el Supremo que solo al acreedor hipotecario le interesa la inscripción de la hipoteca (elemento determinante de la sujeción al impuesto de actos jurídicos), ya que sólo él está legitimado para ejercitar las acciones que el ordenamiento ofrece a los titulares de los derechos inscritos y porque, sin inscripción, carece de eficacia.

 

Ante las “enormes repercusiones económico-sociales”, según el propio Tribunal Supremo, que esta decisión pueda causar sobre el sector bancario, ha sido decisión del Alto Tribunal la de convocar el Pleno de la Sala el día 5 de noviembre, en el que sus 31 magistrados decidirán si el referido cambio de doctrina se establece definitivamente.

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